Ley Fundamental de 1825

Ley fundamental dictada por el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 23 de enero de 1825

El presidente del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata tiene el honor de comunicar al Excmo. Gobierno de Buenos Aires, que reunidas ellas en Congreso han reproducido con fecha de ayer por medio de sus diputados y del modo más solemne, el pacto con que se ligaron desde le momento en que sacudieron el yugo de la antigua dominación española se constituyeron en nación independiente las bases de este pacto son las que se contienen en la ley adjunta.

El presidente al comunicarla, según en ella mismo se dispone, al excmo. Gobierno de Buenos Aires tiene la satisfacción de repetir a S.E. las consideraciones de respeto que le merece. Manuel Antonio de castro, presidente. Alejo Villegas, secretario. Excmo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Ley

Sala de sesiones del Congreso General Constituyente

El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata ha acordado y decreta lo siguiente.

Artículo 1.- Las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidas en Congreso reproducen, por medio de sus diputados, y del modo más solemne, el pacto con que se ligaron desde el momento en que sacudiendo el yugo de la antigua dominación española se constituyeron en nación independiente, y protestan de nuevo emplear todas sus fuerzas, y todos sus recursos para afianzar su independencia nacional, y cuanto pueda contribuir a la felicidad general.

Artículo 2.- El Congreso General de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es y se declara Constituyente.

Artículo 3.- Por ahora, y hasta la promulgación de la constitución que ha de reorganizar el Estado, las provincias se regirán interinamente por sus propias instituciones.

Artículo 4.- Cuanto concierne a los objetos de independencia, integridad, seguridad, defensa, y prosperidad nacional, es del resorte privativo del Congreso.

Artículo 5.- El Congreso expedirá progresivamente las disposiciones que se hiciesen indispensables sobre los objetos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 6.- La constitución que sancionare el Congreso será ofrecida a la consideración de las provincias, y no será promulgada, ni establecida en ellas hasta que haya sido aceptada.

Artículo 7.- Por ahora, y hasta la elección del poder ejecutivo nacional queda este provisoriamente encomendado al gobierno de Buenos Aires con las facultades siguientes:

Primera. Desempeñar todo lo concerniente a negocios extranjeros, nombramiento y recepción de ministros, y autorización de los nombrados.

Segunda. Celebrar tratados, los que no podrá ratificar sin obtener previamente especial autorización del Congreso.

Tercero. Ejecutar y comunicar a los demás gobiernos todas las resoluciones que el Congreso expida en orden a los objetos mencionados en el art. 4.

Cuarta. Elevar a la consideración del Congreso las medidas que conceptúe convenientes para la mejor expedición de los negocios del Estado.

Esta ley se comunicará a los Gobiernos de las Provincias Unidas por el Presidente del Congreso.

Manuel Antonio Castro, Presidente – Alejo Villegas, Secretario

Dada el 23 enero de 1825

El Argos de Buenos Aires, nro 113, 25 de enero de 1825

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Constitución de la Nación Argentina (1826)

La Constitución de la República Argentina de 1826 fue sancionada por el Congreso General de 1824 y estableció una forma de gobierno «representativa republicana, consolidada en unidad de régimen, adoptando oficialmente la religión Católica Apostólica Romana».

Para la sanción de aquella constitución fueron consultadas las Provincias acerca de la forma de Estado: Salta y La Rioja se pronunciaron por el régimen unitario, al igual que Tucumán, pero curiosamente aclaró que quería conservar sus instituciones. Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tarija, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba se manifestaron por el sistema federal. San Luis, Catamarca, Corrientes y la Banda Oriental por lo que resolviese el Congreso, en tanto que Buenos Aires y Misiones no opinaron. La Constitución fue sancionada durante los años de enfrentamiento entre unitarios y federales, adoptando una clara postura centralista unitaria a favor de la ciudad de Buenos Aires. Esta constitución unitaria centralizaba las decisiones políticas en Buenos Aires dejando a las provincias subordinadas a las elecciones que dicha provincia tomara, sin participación en las ganancias aduaneras y con grandes limitaciones en el libre comercio. También entregaba a Buenos Aires prerrogativas personales como el hecho de que las autoridades provinciales y locales fueran elegidas por el Ejecutivo desde Buenos Aires, entre ellas el Gobernador, sin respetar las autonomías locales.(Wikipedia)

Sección primera. De la Nación y su culto

Artículo 1.- La Nación Argentina es para siempre libre e independiente de toda dominación extranjera.

Artículo 2.- No será jamás el patrimonio de una persona o de una familia.

Artículo 3.- Su religión es la Católica, Apostólica Romana, a la que prestará siempre la más eficaz y decidida protección, y sus habitantes el mayor respeto, sean cuales fueren sus opiniones religiosas.

Sección II. De la ciudadanía

Artículo 4.- Son ciudadanos de la Nación Argentina: primero, todos los hombres libres, nacidos en su territorio, y los hijos de éstos, donde quieran que nazcan; segundo, los extranjeros que hayan combatido o combatieren en los ejércitos de mar y tierra de la República; tercero, los extranjeros establecidos en el país desde antes del año 16, en que declaró solemnemente su independencia, que se inscriban en el registro cívico; cuarto, los demás extranjeros establecidos o que se establecieren después de aquella época que obtengan carta de ciudadanía.

Artículo 5.- Los derechos de ciudadanía se pierden: primero, por la aceptación de empleos, distinciones o títulos de otra nación sin la autorización del Congreso; segundo, por sentencia que imponga pena infamante, mientras no se obtenga rehabilitación conforme a la ley.

Artículo 6.- Se suspenden: primero, por no haber cumplido veinte años de edad, no siendo casado; segundo, por no saber leer ni escribir (esta condición no tendrá efecto hasta quince años de la fecha de la aceptación de esta Constitución); tercero, por la naturalización en otro país; cuarto, por el estado de deudor fallecido declarado tal; quinto, por el de deudor del tesoro público que, legalmente ejecutado al pago, no cubre la deuda; sexto, por el de demencia; séptimo, por el de criado a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado en causa criminal en que pueda resultar pena corporal o infamante.

Sección III. De la forma de Gobierno

Artículo 7.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana, consolidada en unidad de régimen.

Artículo 8.- Delega al efecto el ejercicio de su soberanía en los tres altos Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bajo las restricciones expresadas en esta Constitución.

Sección IV. Del Poder Legislativo

Capítulo primero. De la Cámara de Representantes

Artículo 9.- El Poder Legislativo se expedirá por un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de representantes y otra de senadores.

Artículo 10.- La Cámara de Representantes se compondrá de diputados elegidos por nombramiento directo de los pueblos y a simple pluralidad de sufragios, en la proporción de uno por quince mil habitantes, o de una fracción que iguale al número de ocho mil.

Artículo 11.- Los diputados para la primera legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por la capital, cinco; por el territorio desmembrado de la capital, cuatro; por la provincia de Córdoba, seis; por la de Catamarca, tres; por la de Corrientes, tres; por la de Entre Ríos, dos; por la de Montevideo, cuatro; por la de Mendoza, dos; por la de Misiones, uno; por la de La Rioja, dos; por la de Salta y Jujuy, tres; por la de Santiago del Estero, cuatro; por la de San Juan, dos; por la de San Luis, dos; por la de Santa Fe, uno; por la de Tucumán, tres, y por la de Tarija, dos.

Artículo 12.- Para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general y arreglarse a él el número de diputados; pero ese censo sólo podrá renovarse cada ocho años.

Artículo 13.- Podrá votar en la elección de representantes todo ciudadano expedito en el ejercicio de sus derechos, con arreglo a los artículos 4.º, 5.º y 6.º

Artículo 14.- Por esta vez reglará cada junta de provincia los medios de hacer efectiva la elección directa de los representantes, en conformidad a los artículos anteriormente citados; para lo sucesivo el Congreso expedirá una ley general.

Artículo 15.- Ninguno podrá ser representante sin que tenga las calidades de siete años de ciudadano antes de su nombramiento, veinticinco años cumplidos, un capital de cuatro mil pesos o, en su defecto, arte, profesión u oficio útil y que no esté dependiente del Poder Ejecutivo por servicio a sueldo. (Esta condición, por el término de diez años, sólo tendrá efecto respecto de los empleados ad nutum amovibles.)

Artículo 16.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, pero la sala se renovará por mitad cada bienio.

Artículo 17.- Los que fueren nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer bienio.

Artículo 18.- La Cámara de Representantes tiene exclusivamente la iniciativa en la imposición de contribuciones, quedando al Senado la facultad de admitirlas, rehusarlas u objetarle reparos.

Artículo 19.- Ella tiene igualmente el derecho exclusivo de acusar ante el Senado al Presidente de la República y sus ministros, a los miembros de ambas Cámaras y a los de la Alta Corte de Justicia por delitos de traición, concusión, malversación de los fondos públicos, violación de la Constitución, particularmente con respecto a los derechos primarios de los ciudadanos, u otros crímenes que merezcan pena infamante o de muerte.

Artículo 20.- Los representantes, en el acto de su incorporación, prestarán juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución.

Artículo 21.- Ninguno después de incorporado podrá recibir empleo del Poder Ejecutivo sin el consentimiento de la Cámara y sin que quede vacante su representación en el acto de admitirlo, salvo los empleos de escala.

Artículo 22.- Serán compensados por sus servicios con una dotación que señalará la ley.

Capítulo II. Del Senado

Artículo 23.- Formarán la Cámara del Senado los senadores nombrados por la capital y provincias en el número y forma siguiente: Cada una formará por votación directa del pueblo, de conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 14, una Junta de once individuos que hayan de ejercer la función de electores y que reúnan las mismas calidades exigidas para representantes en el Artículo 15. Los electores, reunidos en la capital de la provincia, al menos en las dos terceras partes, y elegidos de entre ellos mismos presidente y secretario, votarán para senadores en un solo acto por balotas firmadas, por dos individuos de los que al menos uno no sea ni natural ni vecino de aquella provincia. Concluida la votación y firmada el acta por todos los vocales se remitirá, cerrada y sellada, por conducto del Poder Ejecutivo, al presidente del Senado (la primera vez al del Congreso). El presidente abrirá los pliegos ante el Senado (en la primera vez ante el Congreso) y hará leer las actas de las Juntas Electorales, que pasarán luego a una Comisión para que abra dictamen, tanto sobre la validez de las formas como sobre el número de sufragios que reúnan los candidatos. Serán proclamados senadores por deliberación del Senado (o del Congreso la primera vez), reunido al menos en sus dos terceras partes, los que, guardadas las formas, hayan obtenido en las respectivas Juntas Electorales una mayoría absoluta de sufragios. Si aquéllas no se hubieran guardado se repetirá la elección por las mismas Juntas Electorales; y si no hubiera resultado una mayoría absoluta, el Senado (en su caso el Congreso) formará una terna de los que hayan obtenido mayor número de votos y elegirá de entre ellos por mayoría absoluta de votos al que crea más conveniente. Si no resultase en esta votación mayoría absoluta, se reducirá entonces a los dos individuos que hayan obtenido en ella más sufragios, decidiendo el voto del presidente, el que debe ser excluido en caso de haber habido empate para que los candidatos queden reducidos a dos. En este caso, fijada de nuevo la elección entre los dos individuos que resulten, se procederá a nueva votación y será proclamado senador el que reúna mayoría absoluta de sufragios, volviendo a decidir el presidente en el caso de nuevo empate. Si alguno de los senadores hubiese obtenido mayoría absoluta en la Junta Electoral, el procedimiento del Senado (o en su caso del Congreso), para concluir la elección de ambos senadores, se hará por actos separados y bajo las mismas formas para cada uno.

Artículo 24.- Ninguno será nombrado senador que no tenga la edad de treinta y seis años cumplidos, nueve de ciudadano, un capital de diez mil pesos, o una renta equivalente, o profesión científica capaz de producirla.

Artículo 25.- Los senadores, en caso de su incorporación, prestarán el juramento prescripto en el Artículo 20.

Artículo 26.- Durarán en el cargo por el tiempo de nueve años, renovándose por terceras partes cada trienio, y se decidirá por la suerte, luego que todos se reúnan, quiénes deban salir el primero y segundo trienio.

Artículo 27.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Sala de Representantes.

Artículo 28.- La concurrencia de las dos terceras partes de sufragios hará sentencia contra el acusado únicamente al efecto de separarlo del empleo.

Artículo 29.- La parte convencida y juzgada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a la ley.

Artículo 30.- Los senadores serán compensados por sus servicios con la dotación que les señalará la ley.

Capítulo III. De las atribuciones comunes a ambas Cámaras

Artículo 31.- Ambas Cámaras se reunirán en la capital y tendrán sus sesiones diarias en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, debiendo permanecer en ella sus miembros en los meses restantes del año.

Artículo 32.- Cada Sala será privativamente el juez para calificar la elección de sus miembros.

Artículo 33.- Nombrará su presidente, vicepresidente y oficiales; señalará el tiempo de la duración de unos y otros, y prescribirá el orden para los debates y para facilitar el despacho de sus deliberaciones.

Artículo 34.- Ninguna de las Salas comenzará sus funciones mientras que no hayan llegado al lugar de las sesiones y se reúnan en cada una de ellas dos terceras partes de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los que no hayan concurrido a verificarlo, en los términos y bajo los apremios que cada Sala proveerá.

Artículo 35.- Los senadores y representantes jamás serán responsables por sus opiniones, discursos o debates.

Artículo 36.- Tampoco serán arrestados por ninguna otra autoridad durante su asistencia a la legislatura y mientras vayan y vuelvan de ella, excepto el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamia u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Sala respectiva con la información sumaria del hecho.

Artículo 37.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o representante, por delito que no sea de los expresados en el Artículo 19, examinado el mérito del sumario en juicio público podrá cada Sala, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del tribunal competente para su juzgamiento.

Artículo 38.- Puede igualmente cada Sala corregir a cualquiera de sus miembros, con igual número de votos, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlos por inhabilidad física o moral, sobreviniente a su incorporación; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Artículo 39.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a sus Salas a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir los informes que estime convenientes.

Capítulo IV. De las atribuciones del Congreso

Artículo 40.- Al Congreso corresponde declarar la guerra, oídos los motivos que exponga el Poder Ejecutivo.

Artículo 41.- Recomendar al mismo, cuando lo estime conveniente, la negociación de la paz.

Artículo 42.- Fijar la fuerza de línea de mar y tierra en tiempo de paz y guerra.

Artículo 43.- Mandar construir o equipar las escuadras nacionales.

Artículo 44.- Fijar cada año los gastos generales con presencia de los presupuestos presentados por el Gobierno.

Artículo 45.- Recibir anualmente la cuenta de la inversión de los fondos públicos, examinarla y aprobarla.

Artículo 46.- Establecer derechos de importación y exportación y por un tiempo, que no pase de dos años, imponer, para atender a las urgencias del Estado, contribuciones proporcionalmente iguales en todo el territorio.

Artículo 47.- Ordenar los empréstitos que hayan de negociarse sobre los fondos del Estado.

Artículo 48.- Fijar la ley, valor, peso y tipo de la moneda.

Artículo 49.- Establecer tribunales inferiores a la alta corte de justicia y reglar las formas de los juicios.

Artículo 50.- Acordar amnistías cuando grandes motivos de interés público lo reclamen.

Artículo 51.- Crear y suprimir empleos de toda clase.

Artículo 52.- Reglar el comercio interior y exterior.

Artículo 53.- Demarcar el territorio del Estado y fijar los límites de las provincias, sin perjuicio de la permanencia de las enumeradas en el Artículo 11.

Artículo 54.- Habilitar puertos en las costas del territorio cuando lo crea conveniente y elevar las poblaciones al rango de villas, ciudades, provincias en los casos y con las calidades que la ley prefije.

Artículo 55.- Formar planes generales de educación pública.

Artículo 56.- Acordar premios a los que hayan hecho o hicieren grandes servicios a la nación.

Artículo 57.- Acordar a los autores o inventores de establecimientos útiles privilegios exclusivos por tiempo determinado.

Artículo 58.- Hacer, en fin, todas las demás leyes y ordenanzas de cualquier naturaleza, que reclame el bien del Estado; modificar, interpretar y abrogar las existentes.

Capítulo V. De la formación de las Leyes

Artículo 59.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras que componen el cuerpo legislativo, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros.

Artículo 60.- Se exceptúan de esta regla las relativas a los objetos de que trata el Artículo 18.

Artículo 61.- Aprobado un proyecto de ley en la Cámara en que haya tenido principio, se pasará a la otra para que, discutido en ella, lo apruebe o lo deseche.

Artículo 62.- Ningún proyecto de ley desechado por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Artículo 63.- Los proyectos de ley aprobados por ambas Cámaras pasarán al Poder Ejecutivo.

Artículo 64.- Si el Poder Ejecutivo los suscribe, o en el término de diez días no los devuelve objecionados, tendrán fuerza de ley.

Artículo 65.- Si encuentra inconvenientes, el Poder Ejecutivo los devolverá, con los reparos que juzgue necesarios, a la Cámara donde tuvieron su origen.

Artículo 66.- Reconsiderados en ambas Cámaras, con presencia de aquéllos, dos tercios de sufragios en cada una de ellas harán su última sanción.

Artículo 67.- Las votaciones de ambas Cámaras serán entonces nominales, por sí, o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la Prensa.

Sección V. Del Poder Ejecutivo

Capítulo primero. Naturaleza y calidades de este poder

Artículo 68.- El Poder Ejecutivo de la nación se confía y encarga a una sola persona, bajo el título de Presidente de la República Argentina.

Artículo 69.- Ninguno podrá ser elegido Presidente que no haya nacido ciudadano de la República y no tenga las demás calidades exigidas por esta Constitución para ser senador.

Artículo 70.- Antes de entrar al ejercicio del cargo, el Presidente electo hará en manos del Presidente del Senado, y a presencia de las dos Cámaras reunidas, el juramento siguiente: «Yo (N…) juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, que desempeñaré debidamente el cargo de Presidente, que se me confía; que protegeré la Religión Católica, conservaré la integridad e independencia de la República y observaré fielmente la Constitución».

Artículo 71.- El Presidente durará en su cargo por el término de cinco años, y no podrá ser reelecto a continuación.

Artículo 72.- En caso de enfermedad o ausencia del Presidente, o mientras se procede a nueva elección por su muerte, renuncia o destitución, el Presidente del Senado le suplirá, y ejercerá las funciones anexas al Poder Ejecutivo, quedando entretanto suspenso de las de senador.

Capítulo II. De la forma y tiempo de la elección del Presidente

Artículo 73.- El Presidente de la República será elegido en la forma siguiente: En la capital, y en cada provincia, se nombrará una junta de quince electores, con las mismas calidades y bajo las mismas formas que para la elección de senadores.

Artículo 74.- Reunidos los electores en la ciudad capital de cada una de aquéllas, cuatro meses antes que expire el término del Presidente que acabe, y en un mismo día, que fijará la legislatura, votarán por un ciudadano para Presidente de la República por balotas firmadas.

Artículo 75.- Concluida la votación, y firmada el acta por todos los vocales, se remitirá por el presidente de la junta electoral, cerrada y sellada, al Presidente del Senado.

Artículo 76.- El Presidente del Senado, reunidas todas las actas, las abrirá a presencia de ambas Cámaras.

Artículo 77.- Asociados a los Secretarios cuatro miembros del Congreso, sacados a la suerte, procederán inmediatamente a formar el escrutinio y anunciar lo que resulte de los sufragios, en favor de cada candidato.

Artículo 78.- El que reúna las dos terceras partes de todos los votos, será proclamado inmediatamente Presidente de la República.

Artículo 79.- Si ninguno reuniere las dos terceras partes de los sufragios de los electores, procederá el Congreso a consumar la elección, en los mismos términos prevenidos en los Artículos 22 y 23, sobre la elección de los senadores.

Artículo 80.- La elección del Presidente debe quedar concluida en una sola sesión, publicándose en seguida por la Prensa las actas de las juntas electorales.

Capítulo III. De las atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 81.- El Presidente es el jefe de la administración general de la República.

Artículo 82.- Publica y hace ejecutar las leyes y decretos del Congreso, reglando su ejecución por reglamentos especiales.

Artículo 83.- Convoca al Congreso a la época prefijada por la Constitución, o extraordinariamente, cuando graves circunstancias lo demanden.

Artículo 84.- Hace anualmente la apertura de sus sesiones, reunidas ambas Cámaras al efecto en la sala del Senado, informándoles en esta ocasión del estado político de la nación y de las mejoras y reformas que considere dignas de su atención.

Artículo 85.- Expide las órdenes convenientes para que las elecciones que correspondan de senadores y diputados se hagan en oportunidad y con arreglo a la ley, dando cuenta al Congreso de los abusos que advirtiere.

Artículo 86.- Es el jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra, exclusivamente encargado de su dirección en paz o en guerra; pero no puede mandar en persona el Ejército sin especial permiso del Congreso, con el sufragio de las dos terceras partes de cada Cámara.

Artículo 87.- Provee a la seguridad interior y exterior del Estado.

Artículo 88.- Publica la guerra y la paz y toma por sí mismo cuantas medidas puedan contribuir a prepararlas.

Artículo 89.- Hace los tratados de paz, amistad, alianza, comercio y cualquiera otros; pero no puede ratificarlos sin la aprobación y consentimiento del Senado. En el caso que se estipule la cesión de alguna parte del territorio, o cualquier género de gravámenes pecuniarios contra la nación, será con el consentimiento de ambas Cámaras y con las dos terceras partes de votos.

Artículo 90.- Nombra y destituye a los Ministros secretarios de Estado y del despacho general.

Artículo 91.- Nombra igualmente las Embajadores, Ministros plenipotenciarios, Enviados, Cónsules generales y demás agentes, con aprobación del Senado.

Artículo 92.- Mientras el Senado tenga suspendidas sus sesiones podrá, en caso de urgencia, hacer los nombramientos necesarios para los empleos indicados en el Artículo anterior; obteniendo su aprobación luego que se halle reunido.

Artículo 93.- Recibe, según las formas establecidas, los Ministros y agentes de las naciones extranjeras.

Artículo 94.- Expide las cartas de ciudadanía, con sujeción a las formas y calidades que exige la ley.

Artículo 95.-Ejerce el patronato general respecto a las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas, con arreglo a las leyes: nombra a los arzobispos y obispos a propuesta en terna del Senado.

Artículo 96.- Todos los objetos y ramos de Hacienda y Policía, los establecimientos públicos, y nacionales, científicos y de todo género, formados y sostenidos con fondos del Estado las casas de moneda, Bancos nacionales, correos, postas y caminos son de la suprema inspección y resorte del Presidente de la República, bajo las leyes y ordenanzas que los rigen o que en adelante formare el Cuerpo legislativo.

Artículo 97.- Provee todos los empleos que no le son reservados por esta Constitución.

Artículo 98.- Puede pedir a los jefes de todos los ramos y departamentos de la Administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos son obligados a prestarlos.

Artículo 99.- Puede indultar de la pena capital a un criminal, previo informe del tribunal o Juez de la causa, cuando medien graves o poderosos motivos, salvo los delitos que la ley exceptúa.

Artículo 100.- Provee, con arreglo a ordenanza, a las consultas que se le hagan en los casos que ella previene sobre las sentencias pronunciadas por los Juzgados militares.

Artículo 101.- Recibirá por sus servicios la dotación establecida por la ley, que ni se aumentará ni se disminuirá durante el tiempo de su mando.

Capítulo IV. De los Ministros

Artículo 102.- Cinco Ministros secretarios, a saber: de Gobierno, de Negocios Extranjeros, de Guerra, de Marina y de Hacienda tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la República y autorizarán las resoluciones del Presidente, sin cuyo requisito no tendrán efecto.

Artículo 103.- El Presidente puede reunir accidentalmente el despacho de dos departamentos a cargo de un solo Ministro.

Artículo 104.- Los cinco Ministros secretarios forman el Consejo de Gobierno, que asistirá con sus dictámenes al Presidente en los negocios de más gravedad y trascendencia.

Artículo 105.- El Presidente oirá los dictámenes del Consejo, sin quedar obligado a sujetarse a ellos en las resoluciones que tuviere a bien tomar.

Artículo 106.- En los casos de responsabilidad, los Ministros no quedarán exentos de ella por la concurrencia de la firma o consentimiento del Presidente de la República.

Artículo 107.- Los Ministros no podrán por sí solos, en ningún caso, tomar deliberaciones sin previo mandato o consentimiento del Presidente de la República, a excepción de lo concerniente al régimen especial de sus respectivos departamentos.

Artículo 108.- No podrán ser diputados ni senadores sin hacer dimisión de sus empleos de Ministros.

Artículo 109.- Gozarán de una compensación por sus servicios establecida por la ley, que no podrá ser aumentada ni disminuida en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

Sección VI. Del Poder Judicial

Capítulo primero. De la Corte Suprema de Justicia

Artículo 110.- El Poder Judicial de la República será ejercido por la Alta Corte de Justicia, tribunales superiores y demás Juzgados establecidos por la ley.

Artículo 111.- Una Corte de Justicia compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales ejercerá el supremo Poder Judicial.

Artículo 112.- Ninguno podrá ser miembro de ella que no sea letrado recibido con ocho años de ejercicio, cuarenta de edad y que no reúna las calidades necesarias por esta Constitución para ser senador.

Artículo 113.- El Presidente y demás miembros de la Alta Corte de Justicia serán nombrados por el Presidente de la República, con noticia y consentimiento del Senado.

Artículo 114.- En la primera instalación de la Corte los provistos prestarán juramento en manos del Presidente de la República de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente; en lo sucesivo lo prestarán ante el de la misma Corte.

Artículo 115.- El presidente de la Alta Corte de Justicia durará en el ejercicio de las funciones de tal por el término de cinco años; pero todos sus miembros permanecerán en sus respectivos cargos mientras dure su buena comportación, debiendo preceder, para ser destítuidos, juicio y sentencia legal.

Artículo 116.- Los miembros de la Alta Corte de Justicia no pueden ser senadores ni representantes sin hacer dimisión de sus empleos, ni pueden ser empleados en otros destinos por el Presidente de la República sin su consentimiento y aprobación de la Corte.

Artículo 117.- La Alta Corte de Justicia nombrará sus oficiales en el número y forma que prevenga la ley.

Artículo 118.- Conocerá originaria y exclusivamente en todos los asuntos en que sea parte una provincia o que se susciten entre provincia y provincia o pueblos de una misma provincia sobre límites y otros derechos contenciosos promovidos de modo que deba recaer sobre ellos formal sentencia.

Artículo 119.- En las cuestiones que resulten con motivos de contrato o negociaciones del Poder Ejecutivo o de sus agentes bajo su inmediata aprobación.

Artículo 120.- En las causas de todos los funcionarios públicos de que hablan los Artículos 19, 27, 28 y 29 y respecto de los casos en ellos indicados.

Artículo 121.- En las que conciernen a los Embajadores, Ministros Plenipotenciarios, Enviados, Cónsules y Agentes diplomáticos de las Cortes extranjeras.

Artículo 122.- Para el conocimiento de los negocios que en los cuatro Artículos anteriores se atribuye originariamente a la Alta Corte de Justicia se dividirá ésta en dos salas. La primera, compuesta de tres de sus miembros, conocerá de la primera instancia, y la otra, compuesta de los seis miembros restantes, conocerá de la segunda y última instancia.

Artículo 123.- Conocerá en último grado de los recursos que en los casos y forma que la ley designe se eleven de los tribunales subalternos, y de las causas del Almirantazgo, de todos los negocios contenciosos de Hacienda y de los crímenes cometidos contra el derecho público de las naciones.

Artículo 124.- Dirimirá las competencias que se susciten entre los demás tribunales superiores de la Nación.

Artículo 125.- Examinará los breves y bulas pontificias y abrirá dictamen al Poder Ejecutivo sobre su admisión o retención.

Artículo 126.- Conocerá de los recursos de fuerza de los tribunales superiores eclesiásticos de la capital.

Artículo 127.- Informará de tiempo en tiempo al Cuerpo Legislativo de todo lo conveniente para la mejora de la administración de justicia y elevará todas las dudas que le propusiesen los demás tribunales sobre la inteligencia de las leyes.

Artículo 128.- Los juicios de la Alta Corte de Justicia y la votación definitiva serán públicos.

Artículo 129.- Sus miembros gozarán de una compensación que no podrá ser disminuida mientras duren en sus puestos.

Sección VII. De la Administración Provincial

Capítulo primero. De los Gobernadores

Artículo 130.- En cada provincia habrá un Gobernador que la rija, bajo la inmediata dependencia del Presidente de la República.

Artículo 131.- Tendrá la edad de treinta años y las calidades necesarias para senador.

Artículo 132.- El Presidente nombra los Gobernadores de las provincias a propuesta en terna de los Consejos de Administración.

Artículo 133.- Son encargados de ejecutar en ellas las leves generales dadas por la legislatura nacional, los decretos del Presidente de la República y las disposiciones particulares acordadas por los Consejos de Administración.

Artículo 134.- A ellos corresponde proveer, con las formalidades que los Consejos de Administración establezcan, todos los empleos dotados por las rentas particulares de las provincias.

Artículo 135.- Durarán en el ejercicio de sus funciones por tres años y no podrán ser reelectos a continuación en la misma provincia.

Artículo 136.- Gozarán de una compensación que les designará la ley.

Capítulo II. De los Tribunales Superiores de Justicia

Artículo 137.- Se establecerán Tribunales Superiores de Justicia en las capitales de aquellas provincias que la legislatura juzgue conveniente, atendidas las ventajas de su situación geográfica, población y demás circunstancias.

Artículo 138.- Conocerán en grado de apelación de los recursos que se eleven a ellos de los Juzgados de primera instancia y de los demás negocios que les correspondan por ley, no sólo del territorio de la provincia de su residencia, sino del de las demás que la ley declare dependientes a este respecto.

Artículo 139.- Se compondrán los Tribunales Superiores de Jueces letrados, nombrados por el Presidente de la República a propuesta en terna de la Alta Corte de Justicia; su número será fijado por la ley.

Capítulo III. De los Consejos de Administración

Artículo 140.- En cada capital de provincia habrá un Consejo de Administración que, velando por su prosperidad, promueva sus particulares intereses.

Artículo 141.- El número de personas que compongan dichos Consejos no podrá ser menor de siete ni mayor de quince. La legislatura lo fijará en cada capital, habida consideración a la población y demás circunstancias políticas de la provincia.

Artículo 142.- Los miembros de los Consejos de Administración interior serán elegidos popularmente por nombramiento directo, en los mismos términos y bajo las mismas formas que los representantes nacionales.

Artículo 143.- Todo lo concerniente a promover la prosperidad y el adelantamiento de las provincias, su policía interior, la educación primaria, obras públicas y cualesquiera establecimientos costeados y sostenidos por sus propias rentas será reglado por los Consejos de Administración.

Artículo 144.- Por ellos mismos se establecerán los empleos que sean necesarios para el buen régimen de cada provincia y se reglarán las formalidades que deben observarse en su previsión.

Artículo 145.- Los Consejos de Administración acordarán anualmente el presupuesto de los gastos que demande el servicio interior de las provincias.

Artículo 146.- El presupuesto de que habla el Artículo anterior se pasará oportunamente al Presidente de la República para que, con el presupuesto general de los gastos que demande el servicio del Estado, sea presentado a la aprobación de la legislatura nacional.

Artículo 147.- Para cubrir los gastos del servicio interior de las provincias los Consejos de Administración establecerán en ellas sus rentas particulares y reglarán su recaudación.

Artículo 148.- Las rentas de que habla el Artículo anterior consistirán precisamente en impuestos directos, pues que toda contribución indirecta queda adscripta al tesoro común de la Nación.

Artículo 149.- Las rentas particulares que se arreglen en cada provincia por los Consejos de Administración no se llevarán a efecto sin haber obtenido la aprobación de la legislatura nacional, y el orden que se establezca para su recaudación se sujetará igualmente a la aprobación del Presidente de la República.

Artículo 150.- Mientras las rentas establecidas, atendido el estado actual de las provincias, no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios se les suplirá del Tesoro nacional lo que falte, llevando a cada provincia una cuenta particular de estos suplementos, que serán reintegrados en proporción que sus rentas mejoren.

Artículo 151.- Si después de cubiertos los gastos de la provincia sus rentas dejasen algún sobrante éste será invertido precisamente en la provincia misma y en aquellas obras o establecimientos que el Consejo de Administración acuerde, previa la aprobación de la legislatura nacional.

Artículo 152.- En las provincias no podrá exigirse de los ciudadanos servicio alguno ni imponerse multas o cualquier otra exacción fuera de las establecidas por leyes generales sin la especial autorización de los Consejos de Administración.

Artículo 153.- La cuenta de la recaudación e inversión de las rentas de cada provincia se presentará a su respectivo Consejo de Administración y éste, después de examinarla, la pasará, con su juicio, al presidente de la República para que, con las cuentas de la Administración general, se sometan todas a la aprobación de la legislatura nacional.

Artículo 154.- Los Consejos de Administración tienen el derecho de petición directa a la legislatura nacional y al Presidente de la República o para reclamar cuanto juzguen conveniente a su propia prosperidad o para exigir la reforma de los abusos que se introduzcan en su régimen y administración.

Artículo 155.- Los individuos que componen el Consejo de Administración no tendrán en caso alguno que responder por sus opiniones ni estarán sujetos por ellas a otro juicio que al de la censura pública.

Artículo 156.- Durarán en el ejercicio de sus funciones por dos años y serán reemplazados cada año por mitad.

Artículo 157.- No recibirán compensación alguna por este servicio.

Artículo 158.- Para que los Consejos de Administración se expidan uniformemente en el ejercicio de sus importantes funciones, el Presidente de la República formará desde luego un reglamento en que se establezca la policía interior de estos Cuerpos, los períodos de su reunión y el orden que deben observar en sus debates y resoluciones. Este reglamento irá mejorando según lo aconseje la experiencia y lo representen los mismos Consejos.

Sección VIII. De Disposiciones Generales

Artículo 159.- Todos los habitantes del Estado deben ser protegidos en el goce de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de ellos sino conforme a las leyes.

Artículo 160.- Los hombres son de tal manera iguales ante la ley que ésta, bien sea penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos y favorecer igualmente al poderoso que al miserable para la conservación de sus derechos.

Artículo 161.- La libertad de publicar sus ideas por la Prensa, que es un derecho tan apreciable al hombre como esencial para la conservación de la libertad civil, será plenamente garantida por las leyes.

Artículo 162.- Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden al orden público ni perjudican a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los Magistrados.

Artículo 163.- Ningún habitante del Estado será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no, prohíbe.

Artículo 164.- Es de interés y del derecho de todos los miembros del Estado el ser juzgados por Jueces los más independientes e imparciales que sea dado a la condición de las cosas humanas. El Cuerpo legislativo cuidará de preparar y poner en planta el establecimiento del juicio por jurados en cuanta lo permitan las circunstancias.

Artículo 165.- Queda absolutamente prohibido todo juicio por comisión.

Artículo 166.- Todo ciudadano debe estar seguro contra las requisiciones arbitrarias y apoderamiento injusto de sus papeles y correspondencias. La ley determinará en qué casos y con qué justificación pueda procederse a ocuparlos.

Artículo 167.- Ningún individuo podrá ser arrestado sin que preceda al menos declaración contra él de un testigo idóneo o sin indicios vehementes de crimen que merezca pena corporal, cuyos motivos se harán constar en proceso informativo dentro de tres días perentorios. En el caso de haber impedimento, el Juez pondrá constancia de él, quedando responsable de toda omisión por su parte.

Artículo 168.- Cualquier individuo sorprendido in fraganti puede ser arrestado, y todos pueden arrestarlo y conducirle a la presencia del Magistrado con arreglo al artículo anterior.

Artículo 169.- Para el arresto de un individuo fuera del caso de delito in fraganti debe preceder un mandamiento firmado por el Magistrado, a quien la ley conceda esta facultad, que exprese el motivo de este arresto, que debe notificársele en el acto de la prisión y del cual se le debe dar copia si la pidiere.

Artículo 170.- Las cárceles sólo deben servir para la seguridad y no para castigo de los reos. Toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exige será corregida según las leyes.

Artículo 171.- Ningún habitante del Estado puede ser penado ni confinado sin que preceda juicio y sentencia legal.

Artículo 172.- La casa de todo habitante del Estado es un sagrado, que no puede violarse sin crimen, y sólo podrá allanarse en caso de resistencia a la autoridad legítima.

Artículo 173.- Esta diligencia se hará con la moderación debida personalmente por el mismo Juez. En caso que algún urgente motivo se lo impida, dará al delegado orden por escrito con las especificaciones convenientes y se dejará copia de ella al individuo que fuese aprehendido, y al dueño de la casa si lo pidiere.

Artículo 174.- Las anteriores disposiciones relativas a la seguridad individual no podrán suspenderse sino en el caso de inminente peligro de que se comprometa la tranquilidad pública o la seguridad de la patria, a juicio y por disposición especial del Congreso.

Artículo 175.- Siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable, los habitantes del Estado no pueden ser privados de ella ni gravados en sus facultades, sino en los casos establecidos por la ley.

Artículo 176.- Cuando el interés del Estado exija que la propiedad de algún individuo particular sea destinada a usos públicos bajo las formalidades de la ley, el propietario recibirá por ella una justa compensación.

Artículo 177.- Queda prohibida la pena de confiscación de bienes.

Artículo 178.- Ninguno será obligado a prestar auxilios de cualquier clase para los ejércitos ni a franquear su casa para alojamiento de un cuerpo o individuo militar sino de orden del Magistrado civil, según la ley. El perjuicio que en este caso se infiera al propietario será indemnizaciones competentemente por el Estado.

Artículo 179.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho para elevar sus quejas y ser oídos hasta de las primeras autoridades del país.

Artículo 180.- A ningún hombre o corporación se concederán ventajas, distinciones o privilegios exclusivos sino los que sean concedidos a la virtud o los talentos, y no siendo éstos transmisibles a los descendientes se prohíbe conceder título alguno de nobleza.

Artículo 181.- Se ratifica la ley de libertad de vientres y las que prohíben el tráfico de esclavos y su introducción al país, bajo cualquier pretexto.

Sección IX. De la reforma de la Constitución

Artículo 182.- En ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo será admitida una moción para la reforma de uno o más artículos de la presente Constitución sin que sea apoyada por la cuarta parte de los miembros concurrentes.

Artículo 183.- Siempre que la moción obtenga dicha calidad, discutida en la forma ordinaria, serán necesarias las dos terceras partes de votos en cada una de las salas para sancionarse que el Artículo o los Artículos en cuestión exigen reforma.

Artículo 184.- Esta resolución se comunicará al Poder Ejecutivo para que exponga su opinión fundada y con ella la devuelva a la sala donde tuvo su origen.

Artículo 185.- Si él disiente, reconsiderada la materia en ambas Cámaras, será necesaria la concurrencia de tres cuartas partes al menos de cada una de ellas para sancionar la necesidad de la reforma, y tanto en este caso como en el de consentir el Poder Ejecutivo, se procederá inmediatamente a verificarla con el número de sufragios prescrito en el Artículo 183.

Artículo 186.- Verificada la reforma pasará al Poder Ejecutivo para su publicación o para que exponga los reparos que encontrare. En caso de devolverla, aún con reparos, tres cuartas partes de sufragios en cada sala harán su última sanción.

Sección última. De la aceptación y observancia de esta Constitución

Artículo 187.- Esta Constitución será presentada al examen y libre aceptación de la capital y provincias por el órgano de las Juntas que en ellas existen de presente o que se formen al efecto.

Artículo 188.- La aceptación de las dos terceras partes de las provincias, inclusa la capital, será suficiente para que se ponga en práctica entre ellas, conservando relaciones de buena inteligencia con las que retarden su consentimiento.

Artículo 189.- Si las provincias quisiesen resignarse en el Juicio del Congreso constituyente, él procederá a aceptarla a nombre de ellas por una declaración especial.

Artículo 190.- En este caso o en el del Artículo anterior se expedirán inmediatamente las órdenes para la formación de ambas Cámaras e instalación de la primera legislatura y para que esta Constitución sea jurada solemnemente en todo el territorio del Estado.

Artículo 191.- Todo el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de aceptada será castigado hasta con la pena de muerte, según la gravedad del crimen.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso General Constituyente, en Buenos Aires, a 24 de diciembre de 1826.

Diputados por la Capital: José María Rojas. Presidente – Manuel Antonio Castro – Juan José Passo – Pedro Somellera – Joaquín Belgrano -Ildefonso Ramos Mexía – Valentín San Martín – Juan Alagón – Cornelio Zelaya – Miguel Riglos.
Por el territorio desmembrado de la Capital: Mariano Andrade – Diego Estanislao Zavaleta – Valentín Gómez – Manuel Bonifacio Gallardo – Alejo Castex – José Luis Bustamante – Francisco Piñeyro – Manuel de Arroyo y Pinedo.
Por la Provincia de Córdoba: Eduardo Pérez Bulnes – Elías Bedoya – Mariano Lozano – Salvador Maldonado – Miguel Villanueva – José Eugenio del Portillo.
Por la de Corrientes: Francisco Acosta – Pedro Cavia y Caviedes – Francisco Igarzábal – Pedro Feliciano Cavia – José Ocantos.
Por la de Catamarca: Inocencio González – Miguel Díaz de la Peña – Nicolás de Avellaneda y Tula – José Antonio Barros.
Por la de Entre Rios: Evaristo Carriegos – Casiano Calderón – Cipriano Urquiza – Enrique Núñez.
Por la de Mendoza: Pedro Nolasco Videla – Juan de Bargas – José Cabero – Manuel Corbalan.
Por la de Misiones: Manuel Pinto – Vicente Ignacio Martínez.
Por la de Montevideo: Manuel Moreno – Mateo Vidal – Silvestre Blanco – Cayetano Campana.
Por la de La Rioja: Santiago Vázquez – Eusebio Gregorio Ruzo
Por la de Salta y Jujuy: Juan Ignacio de Gorriti – Francisco Remigio Castellanos – José Arenales – Alejandro Heredia – José Miguel Zegada – Manuel de Tezanos Pinto.
Por la de Santiago del Estero: Félix Ignacio Frías – Vicente Mena – Manuel Dorrego – Antonio María Taboada – José Francisco Ugarteche – Juan Antonio Neirot.
Por la de Santa Fe: Francisco de la Torre – Pedro Pablo Vidail.
Por la de San Juan: Narciso Laprida.
Por la de San Luis: Dalmacio Vélez – Calixto González – Santiago Funes.
Por la de Tucumán: José Ignacio Garmendia – Gerónimo Helguera – José Antonio Medina – Juan Bautista Paz.
Por la de Tarija: José Felipe Echazú.

Secretarios: Alejo Villegas – Juan C. Varela.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso General Constituyente, en Buenos Aires, a 24 de diciembre de 1826.

Fuente: Wikisource

Constitución de las Provincias Unidas en Sud America (1819)

Sancionada y mandada Publicar por el Soberano Congreso General Constituyente en 22 de abril de 1819

La Constitución Argentina de 1819 fue el proyecto de constitución aprobado en 1819 por el Congreso de Tucumán, trasladado a Buenos Aires dos años antes. Por su naturaleza unitaria provocó el rechazo de las provincias, y los caudillos federales se enfrentaron al Directorio de José Rondeau, batiéndolo finalmente. Con todo, parte del articulado se refundió en el siguiente proyecto, la Constitución Argentina de 1826, y a través de ella en la Constitución Argentina de 1853.

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El proyecto de Constitución fue aprobado por el Congreso y entró en vigencia el 25 de mayo de 1819, encontrando un entusiasta recibimiento por parte del pueblo de Buenos Aires; por el contrario, fue inmediatamente rechazada por las provincias del interior. La mayor crítica por parte del interior — en el Congreso no estaban representadas Salta, San Juan, la provincia Oriental, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, fue su neto carácter unitario, cuando la mayoría de las provincias sostenía una posición federal. En definitiva las provincias rechazaron el documento y Santa Fe y Entre Ríos decidieron ir a la guerra contra Buenos Aires. Guerra en que las provincias sublevadas contra el Directorio resultaron victoriosas en la batalla de Cepeda, del 1 de febrero de 1820, provocando con ello la caída del entonces Director Supremo José Rondeau, y dando inicio a un período de crisis para la ciudad puerto y su provincia, y de autonomía para las provincias interiores. Fuente Todo-Argentina

Texto de la Constitución

Sección primera. Religión del Estado

Artículo I.- La Religión Católica Apostólica Romana es la religión del Estado. El Gobierno le debe la más eficaz y poderosa protección y los habitantes del territorio todo respeto, cualquiera que sean sus opiniones privadas.

Artículo II.- La infracción del artículo anterior será mirada como una violación de las leyes fundamentales del país.

Sección II. Poder Legislativo

Artículo III.- El Poder legislativo se expedirá por un Congreso Nacional compuesto de dos Cámaras, una de Representantes y otra de Senadores.

Capítulo primero. Cámara de Representantes

Artículo IV.- La Cámara de Representantes se compondrá de diputados elegidos en proporción de uno por cada veinticinco mil habitantes, o una fracción que iguale el número de diecisiete mil.

Artículo V.- Ninguno podrá ser elegido representante sin que tenga las calidades de siete años de ciudadano antes de su nombramiento, veintiséis de edad cumplidos, un fondo de cuatro mil pesos al menos, o en su defecto, arte, profesión u oficio útil. Que sea del fuero común y no esté en dependencia del Poder Ejecutivo por servicio a sueldo.

Artículo VI.- Durarán en su representación cuatro años, pero se renovarán por mitad al fin de cada bienio. Para verificarlo los primeros representantes, luego que se reúnan, sortearán los que deben salir en el primer bienio. El reemplazo de éstos se hará por los que con la anticipación conveniente elijan los pueblos a quienes correspondan.

Artículo VII.- La Cámara de Representantes tiene exclusivamente la iniciativa en materia de contribuciones, tasas e impuestos, quedando al Senado la facultad de remitirlas, rehusarlas u objetarles reparos.

Artículo VIII.- Ella tiene el derecho privativo de acusar de oficio, o a instancia de cualquier ciudadano, a los miembros de los tres Grandes Poderes, a los Ministros de Estado, Enviados a las Cortes extranjeras, Arzobispos y Obispos, Generales de los ejércitos, Gobernadores y jueces superiores de las provincias y demás empleados de no inferior rango de los nombrados: por los delitos de traición, concusión, malversación de los fondos públicos, infracción de Constitución u otros que según las leyes merezcan pena de muerte o infamia.

Artículo IX.- Los representantes serán compensados por sus servicios con la cantidad y del fondo que señale la Legislatura, siendo su distribución del resorte exclusivo de dicha Cámara.

Capítulo II. Senado

Artículo X.- Formarán el Senado los senadores de provincia, cuyo número será igual al de las provincias; tres senadores militares cuya graduación no baje de Coronel Mayor; un Obispo y tres eclesiásticos, un senador por cada Universidad y el Director del Estado, concluido el tiempo de su gobierno.

Artículo XI.- Ninguno será nombrado senador que no tenga la edad de treinta años cumplidos, nueve de ciudadano antes de su elección, un fondo de ocho mil pesos, una renta equivalente o una profesión que lo ponga en estado de ser ventajoso a la sociedad.

Artículo XII.- Durarán en el cargo por el tiempo de doce años, renovándose por terceras partes cada cuatro. La suerte decidirá quiénes deban salir en el primero y segundo cuatricinio.

Artículo XIII.- El ex Director permanecerá en el Senado hasta que sea reemplazado por el que le sucediese en el mando.

Artículo XIV.- Los senadores por las provincias se elegirán en la forma siguiente: Cada Municipalidad nombrará un capitular y un propietario, que tenga un fondo de diez mil pesos al menos, para electores. Reunidos éstos en un punto en el centro de la provincia, que designará el Poder Ejecutivo, elegirán tres sujetos de la clase civil, de los que uno al menos sea de fuera de la provincia. Esta terna se pasará al Senado (la primera vez al Congreso) con testimonio íntegro del acta de elección. El Senado, recibidas todas las ternas y publicadas por la Prensa, hará el escrutinio, y los que tuvieren el mayor número de sufragios, computados por provincias, serán senadores. Si no resultase pluralidad, la primera vez el Congreso y en lo sucesivo el Senado hará la elección de entre los propuestos.

Artículo XV.- Los senadores militares serán nombrados por el Director del Estado.

Artículo XVI.- Será senador por la primera vez el Obispo de la diócesis donde resida el Cuerpo Legislativo. En lo sucesivo se elegirá el Obispo senador por los Obispos del territorio, remitiendo sus votos al Senado. Publicados por la Prensa se hará el escrutinio, y el que reuniese el mayor número será senador; no resultando pluralidad, decidirá la elección el Senado.

Artículo XVII.- Los Cabildos eclesiásticos, reunidos con el Prelado diocesano, curas rectores del Sagrario de la iglesia catedral y rectores de los Colegios (cuando éstos sean eclesiásticos) elegirán tres individuos del mismo estado, de los cuales uno al menos sea de otra diócesis. Remitidas y publicadas las ternas con sus actas, los tres que reúnan mayor número de sufragios, computados por las iglesias, serán senadores; en caso de igualdad, el Congreso o Senado decidirá la elección.

Artículo XVIII.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Sala de Representantes.

Artículo XIX.- La concurrencia de las dos terceras partes de sufragios harán sentencia contra el acusado, únicamente al efecto de separarlo del empleo o declararlo inhábil para obtener otro.

Artículo XX.- La parte convencida quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a la ley.

Capítulo III. Atribuciones comunes a ambas Cámaras

Artículo XXI.- Ambas Cámaras se reunirán por primera vez en esta capital y en lo sucesivo en el lugar que ellas mismas determinen, y tendrán sus sesiones en los meses de marzo, abril y mayo, y septiembre, octubre y noviembre.

Artículo XXII.- Cada Sala será privativamente el juez para calificar la elección de sus miembros con mayoría de un voto sobre la mitad.

Artículo XXIII.- Nombrará su presidente, vicepresidente y oficiales; señalará el tiempo de la duración de unos y otros y prescribirá el orden para los debates y para facilitar el despacho de sus deliberaciones.

Artículo XXIV.- Ninguna de las Salas podrá deliberar mientras no se hallen reunidas ambas, respectivamente, en el lugar de las sesiones, al menos en las dos terceras partes de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los ausentes a la asistencia en los términos y bajo los apremios que cada Sala proveyere.

Artículo XXV.- Cada Sala llevará un diario de sus procedimientos, que se publicará de tiempo en tiempo, exceptuando aquellas partes que, a su juicio, requieran secreto. Los votos de aprobación o negación de los miembros de una y otra Sala se apuntarán en el diario, si lo exigiese así una quinta parte de ellos.

Artículo XXVI.- Los senadores y representantes no serán arrestados ni procesados durante su asistencia a la Legislatura y mientras van y vuelven de ella, excepto el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamia u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Sala respectiva con la sumaria información del hecho.

Artículo XXVII.- Los senadores y representantes, por sus opiniones, discursos o debates, en una u otra Sala no podrán ser molestados en ningún lugar; pero cada Sala podrá castigar a sus miembros por desorden de conducta, y con la concurrencia de las dos terceras partes expeler a cualquiera de su seno.

Artículo XXVIII.- En el caso que expresa el Artículo XXVI, o cuando se forma querella por escrito contra cualquier senador o representante por delitos que no sean del privativo conocimiento del Senado: examinado el mérito del sumario en juicio público podrá cada Sala con dos tercios de votos separar al acusado de su seno y ponerlo a disposición del Supremo Tribunal de Justicia para su juzgamiento.

Artículo XXIX.- Ningún senador o representante podrá ser empleado por el Poder Ejecutivo sin su consentimiento y el de la Cámara a que corresponda.

Artículo XXX.- Cada una de las Cámaras podrá hacer comparecer en su Sala a los Ministros del Poder Ejecutivo para recibir los informes que estime convenientes.

Capítulo IV. Atribuciones del Congreso

Artículo XXXI.- Al Congreso corresponde privativamente formar las leyes que deben regir en el territorio de la Unión.

Artículo XXXII.- Decretar la guerra y la paz.

Artículo XXXIII.- Establecer derechos, y por un tiempo que no pase de dos años imponer para las urgencias del Estado contribuciones proporcionalmente iguales en todo el territorio.

Artículo XXXIV.- Fijar, a propuesta del Poder Ejecutivo, la fuerza de línea de mar y tierra para el servicio del Estado en tiempo de paz y determinar por sí el número de tropas que haya de existir en el lugar donde tenga sus sesiones.

Artículo XXXV.- Mandar construir y equipar una Marina nacional.

Artículo XXXVI.- Recibir empréstitos sobre los fondos del Estado.

Artículo XXXVII.- Reglar las formas de todos los juicios y establecer Tribunales inferiores a la Alta Corte de Justicia.

Artículo XXXVIII.- Crear y suprimir empleos de toda clase.

Artículo XXXIX.- Reglar el comercio interior y exterior.

Artículo XL.- Demarcar el territorio del Estado y fijar los límites de las provincias.

Artículo XLI.- Habilitar puertos nuevos en las costas del territorio cuando lo crea conveniente, y elevar las poblaciones al rango de villas, ciudades o provincias.

Artículo XLII.- Formar planes uniformes de educación pública y proveer de medios para el sostén de los establecimientos de esta clase.

Artículo XLIII.- Recibir anualmente del Poder Ejecutivo la cuenta general de las rentas públicas, examinarla y juzgarla.

Artículo XLIV.- Asegurar a los autores o inventores de establecimientos útiles privilegios exclusivos por tiempo determinado.

Artículo XLV.- Reglar la moneda, los pesos y medidas.

Capítulo V. Formación y sanción de las Leyes

Artículo XLVI.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las dos Cámaras que componen el Poder Legislativo.

Artículo XLVII.- Se exceptúan de esta regla las relativas a los objetos de que trata el artículo séptimo.

Artículo XLVIII.- Todo proyecto de ley se leerá en tres sesiones distintas, mediando entre cada una de ellas tres días al menos; sin esto no se pasará a deliberar.

Artículo XLIX.- Los proyectos de ley y demás resoluciones del Cuerpo Legislativo para su aprobación deberán obtener la mayoría de un voto al menos sobre la mitad de los sufragios en cada una de las Cámaras constitucionalmente reunidas.

Artículo L.- Aprobado el proyecto en la Cámara donde haya tenido principio, se pasará a la otra para que, discutido en ella del mismo modo que en la primera, lo repare, apruebe o deseche.

Artículo LI.- Ningún proyecto de ley desechado por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Artículo LII.- Los proyectos de ley constitucionalmente aprobados por ambas Cámaras pasarán al Director del Estado.

Artículo LIII.- Si él los suscribe o en el término de quince días no los devuelve objecionados, tendrán fuerza de ley.

Artículo LIV.- Si encuentra inconveniente los devolverá objecionados a la Cámara donde tuvieron su origen.

Artículo LV.- Reconsiderados en ambas Cámaras, dos tercios de sufragios en cada una de ellas harán su última sanción.

Sección III. Poder Ejecutivo

Capítulo primero. Naturaleza y calidades de este poder

Artículo LVI.- El Supremo Poder Ejecutivo de la nación se expedirá por la persona en quien recaiga la elección de Director.

Artículo LVII.- Ninguno podrá ser elegido Director del Estado que no tenga las calidades de ciudadano, natural del territorio de la Unión, con seis años de residencia en él inmediatamente antes de la elección y treinta y cinco de edad cuando menos.

Artículo LVIII.- Tampoco podrá ser elegido el que se halle empleado en el Senado o en la Cámara de Representantes.

Artículo LIX.- Antes de entrar al ejercicio del cargo hará el Director electo, en manos del presidente del Senado a presencia de las dos Cámaras reunidas, el juramento siguiente:

«Yo N. juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios que desempeñaré fielmente el cargo de Director que se me confía; que cumpliré y haré cumplir la Constitución del Estado, protegeré la Religión Católica y conservaré la integridad e independencia del territorio de la Unión.»

Artículo LX.- Durará en el cargo por el tiempo de cinco años.

Artículo LXI.- En caso de enfermedad, acusación o muerte del Director del Estado, administrará provisionalmente el Poder Ejecutivo el presidente del Senado, quedando entre tanto suspenso de las funciones de senador.

Capítulo II. Forma de la elección del director del Estado

Artículo LXII.- El Director del Estado será elegido por las dos Cámaras reunidas.

Artículo LXIII.- Presidirá la elección el presidente del Senado y hará en ella de vicepresidente el presidente de la Cámara de Representantes.

Artículo LXIV.- Los votos se entregarán escritos y firmados por los vocales y se publicarán con sus nombres.

Artículo LXV.- Una mayoría de un voto sobre la mitad de cada Cámara hará la elección.

Artículo LXVI.- Si después de tres votaciones ninguno obtuviese la expresada mayoría, se publicarán los tres sujetos que hayan obtenido el mayor número y por ellos sólo se sufragará en las siguientes votaciones.

Artículo LXVII.- Si reiterada ésta hasta tres veces ninguno de los tres propuestos reuniese la mayoría que exige el artículo LXV, se excluirá el que tuviera menor número de votos: en caso de igualdad entre los tres o dos de ellos, decidirá la suerte el que haya de ser excluido, quedando solamente dos.

Artículo LXVIII.- Por uno de éstos se votará de nuevo.

Artículo LXIX.- Si repetida tres veces la votación no resultase la Mayoría expresada, se sacará por suerte el Director de entre los dos.

Artículo LXX.- Todo esto deberá verificarse acto continuo desde que se dé principio a la elección.

Artículo LXXI.- Se procederá a ella treinta días antes de cumplir su término el Director que concluye; en caso de muerte deberá hacerse la elección dentro de quince días.

Artículo LXXII.- Entre tanto se posesiona del cargo el nuevamente nombrado, subsistirá en el Gobierno el que lo esté ejerciendo; pero al electo se le contarán los cinco años desde el día en que aquél haya cumplido su término.

Artículo LXXIII.- El Director del Estado sólo podrá ser reelegido por una vez con un voto sobre las dos terceras partes de cada Cámara.

Capítulo III. Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo LXXIV.- El Director del Estado es Jefe Supremo de todas las fuerzas de mar y tierra.

Artículo LXXV.- Publica y hace ejecutar las leyes que han recibido sanción.

Artículo LXXVI.- Hace la apertura de las sesiones del Cuerpo Legislativo en los períodos de renovación de la Cámara de Representantes en la sala del Senado: informando en esta ocasión sobre el estado del Gobierno, mejoras o reformas y demás que considere digno de poner en su conocimiento, lo que se publicará por la Prensa.

Artículo LXXVII.- Convoca extraordinariamente el Cuerpo Legislativo cuando así lo exija el interés del país durante la interrupción de las sesiones.

Artículo LXXVIII.- Puede proponer por escrito al Cuerpo Legislativo en sus Cámaras los proyectos, medidas, mejoras o reformas que estimare necesarias o convenientes a la felicidad del Estado.

Artículo LXXIX.- Publica la guerra y la paz; forma y da dirección a los ejércitos de mar y tierra para defensa del Estado y ofensa del enemigo.

Artículo LXXX.- Rechaza las invasiones de los enemigos exteriores, previene las conspiraciones y sofoca los tumultos populares.

Artículo LXXXI.- Nombra por sí solo los Generales de los ejércitos de mar y tierra, los embajadores, enviados y Cónsules cerca de las naciones extranjeras y los recibe de ellas.

Artículo LXXXII.- Nombra y destituye a sus ministros: la responsabilidad de éstos la determinará la ley.

Artículo LXXXIII.- Puede, con parecer y consentimiento de dos terceras partes de senadores presentes en número constitucional, celebrar y concluir tratados con las naciones extranjeras; salvo el caso de enajenación o desmembración de alguna parte del territorio, en que deberá exigirse el consentimiento de dos tercios de la Cámara de Representantes.

Artículo LXXXIV.- Expide las cartas de ciudadanía con sujeción a las formas y calidades que la ley prescriba.

Artículo LXXXV.- Nombra a todos los empleos que no se exceptúan especialmente en esta Constitución y las leyes.

Artículo LXXXVI.- Nombra los Arzobispos y Obispos a propuesta en terna del Senado.

Artículo LXXXVII.- Presenta a todas las dignidades, canongías, prebendas y beneficios de las iglesias-catedrales, colegiatas y parroquiales, conforme a las leyes.

Artículo LXXXVIII.- Todos los objetos y ramos de Hacienda y Policía, los establecimientos públicos nacionales, científicos, y de todo otro género, formados o sostenidos con fondos del Estado, las casas de moneda, bancos nacionales, correos, postas y caminos son de la suprema inspección y resorte del Director del Estado, bajo las leyes u ordenanzas que los rigen o que en adelante formare el Cuerpo Legislativo.

Artículo LXXXIX.- Puede indultar de la pena capital a un criminal o conmutarla, previo informe del Tribunal de la causa, cuando poderosos y manifiestos motivos de equidad lo sugieran o algún grande acontecimiento feliz haga plausible la gracia, salvos los delitos que la ley exceptúa.

Artículo XC.- Confirma o revoca con arreglo a ordenanza las sentencias de los reos militares pronunciadas en los Tribunales de su fuero.

Artículo XCI.- Recibirá por sus servicios en tiempos determinados una compensación, que le señalará el Cuerpo Legislativo, la cual ni se aumentará ni disminuirá durante el tiempo de su mando.

Sección IV. Poder Judicial

Capítulo único. Corte Suprema de Justicia

Artículo XCII.- Una Alta Corte de Justicia, compuesta de siete jueces y dos fiscales, ejercerá el Supremo Poder Judicial del Estado.

Artículo XCIII.- Ninguno podrá ser miembro de ella si no fuere letrado, recibido con ocho años de ejercicio público y cuarenta de edad.

Artículo XCIV.- Los miembros de la Alta Corte de Justicia serán nombrados por el Director del Estado con noticia y consentimiento del Senado.

Artículo XCV.- El Presidente será electo cada cinco años a pluralidad de sufragios por los miembros de ella y sus fiscales.

Artículo XCVI.- La Alta Corte de Justicia nombrará los oficiales de ella en el número y forma que prescribirá la ley.

Artículo XCVII.- Conocerá exclusivamente de todas las causas concernientes a los enviados y cónsules de las naciones extranjeras; de aquellas en que sea parte una provincia, o que se susciten entre provincia y provincia, o pueblos de una misma provincia, sobre límites u otros derechos contenciosos; de las que tengan su origen de contratos entre el Gobierno Supremo y un particular, y últimamente, de las de aquellos funcionarios públicos de que hablan los Artículos XX y XXVIII.

Artículo XCVIII.- Conocerá en último recurso de todos los casos que descienden de Tratados hechos bajo la autoridad del Gobierno; de los crímenes cometidos contra el derecho público de las naciones, y de todos aquellos en que, según las leyes, haya lugar a los recursos de segunda suplicación, nulidad o injusticia notoria.

Artículo XCIX.- Los juicios de la Alta Corte y demás tribunales de justicia serán públicos; produciéndose en la misma forma los votos de cada juez para las resoluciones o sentencias de cualquier naturaleza que ellas sean.

Artículo C.- Informará de tiempo en tiempo al Cuerpo Legislativo de todo lo conveniente para las mejoras de la administración de justicia, que seguirá gobernándose por las leyes que hasta el presente, en todo lo que no sea contrario a esta Constitución.

Artículo CI.- Cada seis meses recibirá de las Cámaras de Justicia una razón exacta de las causas y asuntos despachados en ellas y de las que quedan pendientes, su estado, tiempo de su duración y motivos de demora: instruida con el diario del despacho que deben llevar los escribanos de Cámara, a fin de que, estando a la mira de que la justicia se administre con prontitud, prevea lo conveniente a evitar retardaciones indebidas.

Artículo CII.- Los individuos de esta Corte ejercerán el cargo por el tiempo de su buena comportación y no podrán ser empleados por el Poder Ejecutivo en otro destino sin su consentimiento y el de la misma Corte.

Artículo CIII.- El Cuerpo Legislativo les designará una compensación por sus servicios, que no podrá ser disminuida mientras permanezcan en el oficio.

Sección V. Declaración de Derechos

Capítulo primero. Derechos de la Nación

Artículo CIV.- La nación tiene derecho para reformar su Constitución, cuando así lo exija el interés común, guardando las formas constitucionales.

Artículo CV.- La nación, en quien originariamente reside la soberanía, delega el ejercicio de los altos poderes que la representan a cargo de que se ejerzan en forma que ordena la Constitución; de manera que ni el Legislativo puede abocarse el Ejecutivo o Judicial, ni el Ejecutivo perturbar o mezclarse en éste o el Legislativo, ni el Judicial tomar parte en los otros dos, contra lo dispuesto en esta Constitución.

Artículo CVI.- Las corporaciones y magistrados investidos de la autoridad legislativa, ejecutiva y judicial son apoderados de la nación y responsables a ella en los términos que la Constitución prescribe.

Artículo CVII.- Ninguna autoridad del país es superior a la ley: ellas mandan, juzgan o gobiernan por la ley, y es, según ella, que se les debe respeto y obediencia.

Artículo CVIII.- Al delegar el ejercicio de su Soberanía constitucionalmente, la nación se reserva la facultad de nombrar sus representantes y la de ejercer libremente el poder censorio por medio de la Prensa.

Capítulo II. Derechos Particulares

Artículo CIX.- Los miembros del Estado deben ser protegidos en el goce de los derechos de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de alguno de ellos sino conforme a las leyes.

Artículo CX.- Los hombres son de tal manera iguales ante la ley, que ésta, bien sea penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos y favorecer igualmente al poderoso que al miserable para la conservación de sus derechos.

Artículo CXI.- La libertad de publicar sus ideas por la Prensa es un derecho tan apreciable al hombre, como esencial para la conservación de la libertad civil en un Estado; se observarán a este respecto las reglas que el Congreso tiene aprobadas provisionalmente, hasta que la Legislatura las varíe o modifique.

Artículo CXII.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden público ni perjudican a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los Magistrados.

Artículo CXIII.- Ningún habitante del Estado será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Artículo CXIV.- Es del interés y del derecho de todos los miembros del Estado el ser juzgados por jueces los más libres, independientes e imparciales, que sea dado a la condición de las cosas humanas. El Cuerpo Legislativo cuidará de preparar y poner en planta el establecimiento del juicio por Jurados, en cuanto lo permitan las circunstancias.

Artículo CXV.- Todo ciudadano debe estar seguro contra las requisiciones arbitrarias y apoderamiento injusto de sus papeles y correspondencias. La ley determinará en qué casos y con qué justificación pueda procederse a ocuparlos.

Artículo CXVI.- Ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba al menos semiplena e indicios vehementes de crimen por el que merezca pena corporal; los que se harán constar en proceso informativo dentro de tres días perentorios, si no hubiese impedimento; pero habiéndolo, se pondrá constancia de él en el proceso.

Artículo CXVII.- Las cárceles sólo deben servir para la seguridad y no para castigo de los reos. Toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarles más allá de lo que aquélla exige, será corregida según las leyes.

Artículo CXVIII.- Ningún habitante del Estado podrá ser penado ni confinado sin que preceda forma de proceso y sentencia legal.

Artículo CXIX.- La casa de un ciudadano es un sagrado, que no puede violarse sin crimen; y sólo podrá allanarse en caso de resistencia a la autoridad legítima.

Artículo CXX.- Esta diligencia se hará con la moderación debida personalmente por el mismo Juez. En caso que algún urgente motivo se lo impida, dará al delegado orden por escrito con las especificaciones convenientes, y se dejará copia de ella al individuo que fuere aprendido, y al dueño de la casa, si la pidiere.

Artículo CXXI.- Las anteriores disposiciones relativas a la seguridad individual no podrán suspenderse.

Artículo CXXII.- Cuando por un muy remoto y extraordinario acontecimiento, que comprometa la tranquilidad pública o la seguridad de la Patria, no pueda observarse cuanto en ellas se previene, las autoridades que se viesen en esta fatal necesidad darán inmediatamente razón de su conducta al Cuerpo Legislativo, quien examinará los motivos de la medida y el tiempo de su duración.

Artículo CXXIII.- Siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable, los miembros del Estado no pueden ser privados de ella ni gravados en sus facultades sin el consentimiento del Cuerpo Legislativo, o por un juicio conforme a las leyes.

Artículo CXXIV.- Cuando el interés del Estado exija que la propiedad de algún pueblo o individuo particular sea destinada a los usos públicos, el propietario recibirá por ella una justa compensación.

Artículo CXXV.- Ninguno será obligado a prestar auxilios de cualquier clase para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de un cuerpo o individuo militar, sino de orden del Magistrado civil según la ley. El perjuicio que en este caso se infiera al propietario será indemnizado competentemente por el Estado.

Artículo CXXVI.- Todos los miembros del Estado tienen derecho para elevar sus quejas y ser oídos hasta de las primeras autoridades del país.

Artículo CXXVII.- A ningún hombre o corporación se concederán ventajas, distinciones o privilegios exclusivos, sino los que sean debidos a la virtud o los talentos; no siendo éstos transmisibles a los descendientes, se prohíbe conceder nuevos títulos de nobleza hereditarios.

Artículo CXXVIII.- Siendo los indios iguales en dignidad y en derechos a los demás ciudadanos, gozarán de las mismas preeminencias y serán regidos por las mismas leyes. Queda extinguida toda tasa o servicio personal bajo cualquier pretexto denominación que sea. El Cuerpo Legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado.

Artículo CXXIX.- Queda también constitucionalmente abolido, el tráfico de esclavos y prohibida para siempre su introducción en el territorio del Estado.

Sección VI. Reforma de la Constitución

Artículo CXXX.- En ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo será admitida una moción para la reforma de uno o más artículos de la Constitución presente, sin que sea apoyada por la cuarta parte de los miembros concurrentes.

Artículo CXXXI.- Siempre que la moción obtenga dicha calidad, discutida en la forma ordinaria, podrá sancionarse con dos tercias partes de votos en cada una de las Salas: que el artículo o artículos en cuestión exigen reforma.

Artículo CXXXII.- Esta resolución se comunicará al Poder Ejecutivo para que, con su opinión fundada, la devuelva dentro de treinta días a la Sala donde tuvo su origen.

Artículo CXXXIII.- Si él disiente, reconsiderada la materia en ambas Cámaras, será necesaria la concurrencia de tres cuartas partes de cada una de ellas para sancionar la necesidad de la reforma; y tanto en este caso como en el de consentir el Poder Ejecutivo, se procederá inmediatamente a verificarla con el número de sufragios prescrito en el artículo CXXXI.

Artículo CXXXIV.- Verificada la reforma, pasará al Poder Ejecutivo para su publicación. En caso de devolverla con reparos, tres cuartas partes de sufragios en cada sala harán su última sanción.

Capítulo final

Artículo CXXXV.- Continuarán observándose las leyes, estatutos y reglamentos que hasta ahora rigen, en lo que no hayan sido alterados ni digan contradicción con la Constitución presente, hasta que reciban de la Legislatura las variaciones o reformas que estime convenientes.

Artículo CXXXVI.- Esta Constitución será solemnemente jurada en todo el territorio del Estado.

Artículo CXXXVII.- Ningún empleado político, civil, militar o eclesiástico podrá continuar en su destino sin prestar juramento de observar la Constitución y sostenerla. Los que de nuevo fuesen nombrados o promovidos a cualquier empleo, o a grados militares o literarios, o se recibieren de algún cargo u oficio público, otorgarán el mismo juramento.

Artículo CXXXVIII.- Todo el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, será reputado enemigo del Estado y castigado con todo el rigor de las penas, hasta las de muerte y expatriación, según la gravedad de su crimen.

Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con nuestro sello y refrendada por nuestro Secretario en Buenos Aires, a veintidós de abril de mil ochocientos diecinueve, cuarto de la Independencia.

Dr. Gregorio Fúnes, Presidente, Diputado de Tucumán.

Dr. José Mariano Serrano, Vicepresidente, Diputado por Charcas.

Pedro León Gallo, Diputado por Santiago del Estero.

Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza.

Dr. Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires.

Vicente López, Diputado por Buenos Aires.

Alejo Villegas, Diputado por Córdoba.

Jaime Zudañes, Diputado por Charcas.

Dr. José Miguel Díaz Vélez, Diputado por Tucumán.

Juan José Paso, Diputado por Buenos Aires.

Matías Patrón, Diputado por Buenos Aires.

Dr. Domingo Guzmán, Diputado por San Luis.

Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado por la Rioja.

Pedro Francisco Iriarte, Diputado por Santiago del Estero.

Juan José Viamonte, Diputado por Buenos Aires.

Dr. Pedro Carrasco, Diputado por Cochabamba.

Pedro Ignacio Rivera, Diputado por Mizque.

Dr. José Luis Chorroarrin, Diputado por Buenos Aires.

Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado por Chilcas.

Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado por Catamarca.

Dr. José Eugenio de Elías, Secretario.

APÉNDICE Á LA CONSTITUCIÓN

Art. 1º Mientras la Legislatura arregla el método por el que pueda verificarse cómodamente la elección de un Diputado por cada veinte y cinco mil habitantes, ó una fracción que igual al número de diez y seis mil, se hará la que corresponda para la próxima Cámara, según la base y en la forma que previene el reglamento provisorio.

Art. 2° En caso que alguna Provincia tenga dentro de su dependencia menos de tres Cabildos, siendo dos elegirá cada uno de ellos para el nombramiento de Senadores, tres electores, de los que uno sea capitular y los dos vecinos con el capital que designa el artículo14 de la Constitución. Si la Provincia tuviere dentro de su comprensión un solo Cabildo, elegirá éste seis electores, mitad capitulares y mitad vecinos con el capital indicado; quienes procederán á verificar la elección en la forma que expresa el citado artículo.

Art. 3° La Legislatura reglará desde qué parte del proceso y en qué forma debe verificarse la publicidad de los juicios de que trata el artículo 99.

Art. 4° Sin embargo de que el Congreso al formar la presente Constitución, ha procedido sobre principios de incontestable justicia, en uso del derecho que el país actualmente libre tiene para consolidar su libertad, establecer el orden, y procurarse las ventajas de una administración, que constitucionalmente reglada, debe lograr con mayor celeridad que cualquiera otra el allanamiento del territorio entero, y el goce de una sólida paz para todas las Provincias de la Unión; no queriendo declinar un punto de la liberalidad de sus principios de consideración á los derechos de las Provincias hermanas, que no han podido concurrir á la formación y sanción de ella; ha decretado se conceda á todos los pueblos del territorio del Estado, luego que concurran todos por medio de sus representantes, la facultad de promover y obtener en la primera legislatura reforma de los artículos de la Constitución en los mismos términos que se han establecido; de modo que puedan las mociones de dicha clase ser admitidas si se apoyan por dos miembros, y resolverse con un voto sobre dos terceras partes de cada Sala.

TRATAMIENTO

Art. 5º Los tres altos Poderes reunidos tendrán el tratamiento de Soberanía y Soberano Señor, por escrito y de palabra.

Art. 6° El Congreso Nacional compuesto de las dos Cámaras, que constituyen el Legislativo, tendrá el de Alteza Serenísima y Sernísimo Señor.

Art. 7º Cada una de las dos Cámaras del Legislativo, y los Supremos Poderes Ejecutivo y Judicial, separadamente, tendrán el de Alteza sólo por escrito y de palabra, y el de Señor al principio de las representaciones que se les dirijan.

CEREMONIAL DE ASIENTOS

Art. 8º En la apertura de las sesiones del Congreso que hace el Ejecutivo en cada renovación de la mitad de la Cámara de Representantes, á que deberá concurrir la Alta Corte de Justicia, presidirá la ceremonia el Director del Estado á la derecha del Presidente del Senado, que hará de Vicepresidente, ocupando ambos el centro de la testera: por los lados se sentarán, á la derecha el Presidente de la Cámara de Representantes, y á la izquierda el de la alta Corte.

Art. 9º Ocuparán la derecha de la Sala los Senadores, y los Representantes la izquierda. Enseguida de aquellos se sentarán los miembros de la Alta Corte.

INSIGNIA

Art. 10 Los Senadores y Representantes, mientras ejerzan el cargo usarán de la insignia de un escudo de oro que en el centro tenga grabado este lema – ley – orlada con dos ramos de oliva y laurel.

Art. 11 Lo traerán pendiente del cuello los Senadores con un cordón de oro, y los Representantes con uno de plata; y podrán usar de él dentro y fuera de la Sala.

Art. 12 Los miembros de la Alta Corte vestirán la toga cuando se presenten en traje de ceremonia, y fuera de este caso podrán usar de un escudo de oro que en el centro tenga este lema – Justicia – orlado del mismo modo que el anterior, y pendiente del cuello con un cordón mezclado de oro y plata.

Sala del Congreso de Buenos Aires, Abril treinta de mil ochocientos diez y nueve. – DR. GREGORIO FUNES, Presidente. José Eugenio de Elías, Secretario.

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