PROCLAMA DEL GEFE DE LOS ORIENTALES.

VIVA LA PATRIA.

ARGENTINOS  ORIENTALES!!!

Llegó en fin el momento de redimir nuestra amada Patria de la ignominiosa esclavitud en que ha gemido por tantos años, y elevarla con nuestro esfuerzo al puesto que la reserva el destino entre los pueblos libres del Nuevo Mundo.   El grito heróico de LIBERTAD retumba ya por nuestros dilatados campos con el estrépito belicoso de la guerra. El negro pabellón de Ia venganza se ha desplegado, y el exterminio de los tiranos es indudable.

ORIENTALES!!! Aquellos compatriotas vuestros en cuyos pechos arde inexhausto el fuego sagrado  del amor patrio, y que más  de una vez han dado relevantes pruebas de su entusiasmo y valor, no han podido mirar con indiferencia el triste cuadro que  ofrece  nuestro desdichado país bajo el yugo ominoso del déspota del Brasil. Unidos por patriotismo, guiados por su magnanimidad, han emprendido el noble designio de LIBERTAROS.  Decididos a arrostrar con frente serena toda clase de peligros, se han lanzado al campo de Marte, en la firme resolución de sacrificarse en las aras de la Patria, o reconquistas su LlBERTAD, sus derechos, su tranquilidad, y su gloria.

COMPATRIOTAS!!!  Vosotros que os habéis distinguido siempre por vuestra decisión y energía, por vuestro entusiasmo y bravura, ¿consentiréis aun en oprobio vuestro el yugo infame de un cobarde usurpador? ¿Sereis insensibles al eco dolorido de la Patria que implora vuestro auxilio? ¿Mirareis con indiferencia el rol degradante que ocupamos entre los pueblos americanos? ¿No os conmoverán vuestra misma infeliz situación, vuestro abatimiento, vuestra deshonra?. . . No, compatriotas: los libres os hacen la justicia de creer que vuestro patriotismo y valor no se ha extinguido, y que vuestra indignación se inflama al ver la PROVINCIA ORIENTAL como un conjunto de seres esclavos, sin derechos, sin leyes, sin opinión, sin gobierno, sin nada propio, más que su deshonor y sus desgracias. Cese ya pues nuestro sufrimiento. Empuñemos la es­ pada, corramos al combate, y mostremos al mundo que merecemos ser LIBRES. Venguemos nuestra Patria: venguemos nuestro honor, y purifiquemos nuestro suelo con sangre de traidores y tiranos. Tiemble el déspota del Brasil de nuestra justa venganza. Su cetro tiránico será con­ vertido en polvo, y nuestra cara Patria verá brillar en sus sienes el laurel augusto de una gloria inmortal.

ORIENTALES!!! Las provincias hermanas solo esperan vuestro pronunciamiento para protegeros en la heroica empresa de reconquistar vuestros derechos. La GRAN NACION ARGENTINA de que sois parte, tiene un sumo interés en que seais LIBRES, y el CONGRESO que sigue sus destinos no trepidará en asegurar los vuestros. Todo pende de vuestra decisión. Decidios, pues, y que el árbol de la libertad, fecundizado con sangre, vuelva a aclimatarse para siempre en la provincia Oriental.

COMPATRIOTAS!!! Vuestros libertadores confían en vuestra cooperación a la honrosa empresa que han principiado. Colocado por voto unánime a la cabeza de estos Héroes, yo tengo el honor de protestaros en su nombre y en el mío propio, que nuestras aspiraciones solo llevan por objeto la felicidad de nuestro país adquirirle su libertad. Constituir la provincia bajo el sistema Representativo Republicano en uniformidad a las demás de la antigua UNION. Estrechar con ellos los dulces vínculos qua antes los ligaban. Preservarla de la horrible plaga de la anarquía y fundar el imperio de la ley.

HE AQUI NUESTROS VOTOS!!! Retirados a nuestros lugares después de terminada la guerra, nuestra más digna recompensa será la gratitud de nuestros conciudadanos.

ORIENTALESIII El mundo ha fijado sobre vosotros su atención, la guerra va a sellar vuestros destinos. Combatid pues, y reconquistad el derecho más precioso del hombre digno de serlo.

Campo volante en Soriano, abril 19 de 1825.

JUAN ANTONIO LAVALLEJA.

(15-22 de enero de 1822)

El Tratado del Cuadrilátero fue un pacto firmado el 25 de enero de 1822 entre los representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. El objetivo fue la formación de una alianza ofensivo-defensiva ante un posible ataque portugués desde la Banda Oriental, recientemente incorporada al Imperio de Brasil como Provincia Cisplatina.

Tratado de paz y union entre las Provincias litorales

1°) Queda sancionada una paz firme, verdadera amistad y unión permanente entre las cuatro provincias contratantes, cuya recíproca libertad, independencia, representación y derechos se reconocen y deben guardarse entre sí en igualdad de términos, como están hoy de hecho constituídas, sin que por este acto solemne se gradúen renunciados los que defiende Santa Fé sobre el territorio de Entre Ríos, por documentos legítimos y amparos superiores, cuya reclamación legal, como las competentes a las demás de los suyos y respectivos, son el soberano legítimo Congreso General de todas las provincias en la oportunidad que presente el orden de los sucesos americanos en su perfecta tranquilidad y absoluta cesación de oscilaciones políticas, cuyas innovaciones convenientes serán obedecidas como emanadas de la soberanía nacional.

2°) Si los españoles, portugueses o cualquier otro poder extranjero invadiese y dividiese la integridad del territorio nacional, todas inmediatamente pondrán en ejercicio su poder y recursos para arrojarlo de él, sin perjuicio de hacer oficialmente al Gobierno agresor las reclamaciones que estime justas y oportunas.

3°) Subsiste la misma liga contra cualquier poder de los designados, que insida en igual defecto contra el territorio particular o jurisdicción que cada una de las cuatro provincias disfruta de buena fe, en pacífica posesión, según las demarcaciones y términos respectivos, quedando divisorios provisoriamente de la de Entre Ríos y Corrientes, los arroyos Guayquiraró, Miriñay, Tranquera de Loreto, con el territorio de Misiones, sin perjuicio del derecho que defiende Santa Fé de las cincuenta leguas que su Representante dice corresponderle por su fundación, y fueron deslindadas hasta los mojones, o al menos hasta el río Corrientes, como los que tenga esta provincia a su favor, cuya decisión queda al soberano Congreso General.

4°) Ligan los mismos deberes contra todo poder americano que pretenda usurpar por las armas los derechos detallados en el artículo 1°. En cuya virtud si alguna o todas las demás provincias de la nación atacaren con fuerza a cualquiera de las cuatro amigas, se les harán por todas en unión las más serias y formales protestas sobre su agresión, y caso de ser desatendidas, irán en su auxilio las otras tres, facilitando más a la invadida todos los recursos que necesite, que deberán satisfacerse por ésta, concluida la guerra, a los plazos que se estipulen.

5°) Si la provincia invadida hubiese dado mérito a ello, en juicio de las tres, éstas entonces interpondrán su mediación para con la agresora, a fin de que se evite la guerra; y si ésta se prestase en conformidad, estará obligada a darle la satisfacción necesaria, y si no, correrá la suerte que ella misma ha provocado; más si este caso fuese a la inversa, obrarán las tres provincias consecuentes a lo acordado en el artículo anterior.

6°) Ninguna de las provincias contratantes podrá declararse la guerra u hostilidad ni a otra cualquiera de las del territorio de la nación sin acuerdo y consentimiento de las otras tres, por medio de diputados autorizados a ese objeto, que a presencia y examen de las causales que puedan ocurrir la decida, y sin que antes de verificarse un suceso tan funesto se pidan las satisfacciones correspondientes a los que se sospechen haber faltado a sus deberes respectivos.

7°) La de Buenos Aires facilitará, en cuanto lo permita su estado y recursos, el armamento, municiones y demás artículos de guerra a cualquiera de las otras que lo necesite y pida, cuyo importe de los renglones que se suministrasen, será satisfecho en la especie, modo y tipo que contratasen los respectivos Gobiernos, quedando a más libre el comercio de aquellos entre las cuatro provincias.

8°) Queda igualmente libre el comercio marítimo en todas las direcciones y destinos en buques nacionales, sin poder ser obligados a mandarlos abonar derechos, descargar para vender sus mercaderías o fruto por pretexto alguno por los Gobiernos de las cuatro provincias, cuyos puertos subsisten habilitados en los mismos términos; sólo si, por obviar el perjudicial abuso del contrabando, podrán ser reconocidos por los guardacostas respectivos, como sus licencias, guías y demás documentos con que deban navegar, siendo decomiso lo que venga fuera de ellos.

9°) Buenos Aires, por un principio de generosidad y buena correspondencia con el actual Gobernador de Entre Ríos y el de Corrientes, da por condonados, sucedidos y chancelados cuantos cargos puede hacer y reclamaciones justas por los enormes gastos que le obligó causar la temeraria invasión del finado Ramirez, consagrando gustoso todos sus sacrificios al inestimable ídolo de la paz entre hermanos americanos unidos con tan íntimas como sagradas relaciones y esperando sólo la paga de la gratitud a los esmeros que ha prodigado a su logro.

10°) La provincia de Entre Ríos devolverá a la de Corrientes todas las propiedades de ésta o de algunos particulares de la misma que, sacadas por D. Francisco Ramirez, existan a la disposición del Gobierno y ser notorio pertenecerle, y sólo en las que necesiten justificación se producirá brevemente.

11°) Todos los prisioneros correntinos, de los que condijo de Corrientes, Ramírez, que se hallen sirviendo en algunas de las provincias o que sin esa calidad estén de soldados, serán restituídos a aquella, siempre que ellos lo quieran voluntariamente.

12°) Los desertores que de una provincia se pasaren a otra, serán devueltos recíprocamente luego que sean reclamados.

13°) No considerando útil al estado de indigencia y devastación en que están envueltas las provincias de Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes por dilatadas guerras civiles que han soportado a costa de sangre, desembolsos, ruinas y sacrificios de todo género, su concurrencia al diminuto Congreso reunido en Córdoba , menos conveniente a las circunstancias presentes nacionales, y al de separarse la de Buenos Aires, única en regular aptitud respectiva para sostener los enormes gastos de un Congreso, sus empresas marciales y en sostén de su naciente autoridad, quedan mutuamente ligadas a seguir la marcha política adoptada por aquella en el punto de no entrar en Congreso por ahora, sin previamente arreglarse, debiendo, en consecuencia, la de Santa Fé retirar su diputado de Córdoba.

14°) Si consiguiente a la marcha política que se adopta algunas de las provincias contratantes creyese después ser llegada la oportunidad de instalarse el Congreso General, se harán entre sí las invitaciones correspondientes.

15°) El territorio de Misiones queda libre para formarse su Gobierno y para reclamar la protección de cualquiera de las provincias contratantes.

16°) En consecuencia, se devolverán todas las propiedades que reclame, en conformidad a lo acordado en el artículo 10 con respecto a Corrientes, luego que haya nombrado legítimamente su Gobierno.

17°) Los presentes artículos serán ratificados por los Gobiernos de Santa Fé y Entre Ríos, en el término de dos días, y en el de veinte, por los de Buenos Aires y Corrientes.

Acordados y sancionados en la Ciudad Capital de la Provincia de Santa Fé de la Vera-Cruz desde el l5 de Enero hasta hoy 25 del mismo año del Señor de 1822, y el 13 de la Libertad del Sud.

Francisco De La Cruz—Juan Francisco Seguí. Casiano Calderon—Dr. D. Juan Nepomuceno Goitía.

Enero 23 de 1822. Ratificados en todas sus partes. (Estanislao Lopez)

Paraná, Enero 25 de 1822. Quedan ratificados en todas sus partes los artículos del tratado solemne de paz por el Poder Ejecutivo que invisto. (LUCIO MANSILLA.)

Buenos-Aires, Febrero 8 de 1822. Ratificadas. (RODRÍGUEZ.- Bernardino Rivadavia.)

Tratado reservado

Que forma parte integrante del público celebrada entre las cuatro Provincias litorales.

Los mismos Representantes nombrados en el Tratado público, hemos acordado los artículos reservados presentes, que aunque se espresan por separado, se graduan parte integrante de los públicos, á efecto de que no puedan subsistir unos sin otros.

Art. 1.° Es solemnizada una alianza y liga ofensiva contra Españoles, Portugueses, ó cualquiera otro poder estrangero que haya invadido ó invada dividido ó divida la integridad del Territorio Nacional ó particular de las cuatro Provincias.

2.° En consideracion á los perjuicios remarcables y públicos que causó el Gefe Supremo de la República Entre-Riana con las tropas de esta en la invasion que realizó en la Provincia de Santa Fé; y queriendo los de Corrientes y Entre-Rios hacer una demostracion justa que compense de algun modo aquellos, se comprometen á entregarle mil cabezas de ganado vacuno y seiscientos caballos cada una en el término de dos años, y en cuatro plazos de á seis meses.

3 ° En conformidad al artículo 3 ° del Bando publicado el 1 ° de Octubre de órden del General D. Lucio Mansilla, deben abonarse por el Entre-Rios los gastos de la espedicion auxiliadora de Santa-Fé, que tanto contribuyó á su libertad, y son regulados en la suma de cinco mil pesos, pagaderos mil en Febrero del presente año y mil cada dos meses sucesivos hasta el completo, segun el estado de su caja, y juicio del Sr. Gobernador; y respecto á que del dicho auxilio prestado oportunamente al movimiento del 23 de Setiembre pasado en el Entre-Rios, resultó el beneficio al mismo tiempo ála Provincia de Corrientes, contribuirá ésta al pago de los cinco mil pesos, que se consideran de abono á dicho Gobierno, con la cantidad de mil quinientos á los plazos que «e convengan ambos gobiernos de Entre-Rios y Corrientes.

4 ° Son obligados los Gobiernos de Entre-Rios y Corrientes á remover todos los obstáculos que puedan turbar la paz y mejor armonía acordada, no permitiendo sean colocados al servicio de las armas, ó Comandancias de Departamento, ninguno de los complicados y adictos á las ideas de Ramírez y Jordan, hasta pasados tres años, separando de sus senos cualesquiera otros individuos discordantes con los sentimientos de los Gobiernos amigos, y que por ello puedan influir en deliberaciones que minen las bases y principios de la mutua amistad presente.

Acordados y sancionados en la Ciudad Capital de la Provincia de Santa-Fé de la Vera-Cruz desde el 15 de Enero hasta hoy 25 del mismo, año del Señor de 1822, y trece de la libertad del Sud.

Francisco De La Cruz—Juan Francisco Seguí. Casiano Calderon—Dr. D. Juan Nepomuceno Goitía.

Santa-Fe, Enero 25 de 1822.

Quedan ratificados en todas sus partes los artículos del Tratado Reservado parte integrante del público solemne de paz, que antecede por el Poder Ejecutivo que invisto. (Estanislao Lopez.)

Paraná, Enero 27 de 1822.

Quedan ratificados en todas sus partes los artículos del .«Tratado Reservado» por el Poder Ejecutivo que invisto. (LUCIO MANSILLA.)

Documento Original

Del Gobierno Provisorio instilado en la Florida el 14 de Junio de 1825, y de la Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Rio de la Plata.

La Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Rio de la Plata, en uso de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legal mente reviste para constituir la existencia política de los pueblos que la componen, y establecer su independencia y felicidad, satisfaciendo el constante, universal y decidido voto de sus Representantes, después de consagrar á tan alto fin su más profunda consideración, obedeciendo la rectitud de su íntima conciencia, en el nombre y por la autoridad de ellos, sanciona con valor y fuerza de ley fundamental lo siguiente.—

Art. 1º Declara irritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados á los pueblos de la Provincia Oriental por la violencia de la fuerza unida á la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, que la han tiranizado, hollado y usurpado de sus inalienables derechos, y sujeto al yugo de un absoluto despotismo, desde el año de mil ochocientos diez y siete, hasta el presente de mil ochocientos veinte y cinco.

Y por cuanto el pueblo Oriental aborrece y detesta hasta el recuerdo de los documentos que comprenden tan ominosos actos, los Magistrados civiles de los pueblos, en cuyos archivos se hallan depositados aquellos, luego que reciban la presente disposición, concurrirán el primer dia festivo, en unión del párroco y vecindario, con asistencia del Escribano, Secretario, ó quien haga sus veces á la casa de Justicia, y antecedida la lectura de este decreto, se textará y borrará desde la primera línea hasta la última firma de dichos documentos, extendiendo en seguida un certificado, con el que deberá darse cuenta oportunamente al Gobierno de la Provincia.

2º En consecuencia de la antecedente declaratoria, reasumiendo la Provincia Oriental la plenitud de sus derechos, libertades y prerogativas inherentes á los demás pueblos de la tierra, se declara de hecho y de derecho libre é independiente del Rey de Portugal, del Emperador del Brasil y de cualquier otro del universo, y con amplio y pleno poder para darse las formas que en uso y ejercicio de su soberanía estime convenientes.

Dado en la Sala de Sesiones de la Representación Provincial en la Villa de San Fernando de la Florida, á veinte y cinco dias del mes de Agosto de 1825—Juan Francisco Larrobla, Presidente, Diputado por la Villa de Guadalupe —Luis Eduardo Perez, Vice-Presidente, Diputado por la Villa de San José—Juan José Vázquez, Diputado por la Villa de San Salvador—Joaquín Suarez, Diputado por la Villa de San Fernando de la Florida—Manuel Calleros, Diputado por la Villa de Nuestra Señora de los Remedios —Juan de León, Diputado por la Villa de San Pedro— Cárlos Anaya, Diputado por la Ciudad de San Fernando de Maldonado—Simón del Pino, Diputado por la Villa de San Juan Bautista—Santiago Sierra, Diputado por la Villa de San Isidro de las Piedras—Anastasio Lapido, Diputado por la Villa del Rosario—Juan Tomás Nuñez, Diputado por el Pueblo de las Vacas—Gabriel Antonio Per eirá, Diputado por la Villa de la Concepción de Pando—Mateo Lázaro Cortés, Diputado por la Villa de la Concepción de Minas— Ignacio Barrios, Diputado por la Villa de las Víboras—Felipe Alvarez Bengochea, Secretario.

DECRETO DEL GOBIERNO

Florida, 26 de Agosto de 1825.

Acúsese recibo, publíquese y comuniqúese á quienes corresponda. Duran—Francisco Araucho, Secretario

24 de junio de 1829

Fuente: Asambleas Constituyentes Argentinas, Tomo VI, 2° parte, pág. 193.

El general don Juan Lavalle, Gobernador y Capitán General Provisorio de la Provincia de Buenos Aires, y el Comandante General de Campaña, don Juan Manuel de Rosas a efecto de poner término a los disturbios que han afligido a la provincia, y restablecer en ella el orden y la tranquilidad desgraciadamente perturbados, han convenido en los artículos siguientes. Articulo 1. Cesarán las hostilidades, y quedarán restablecidas, desde la fecha de la presente convención, todas las relaciones entre la ciudad y la campaña. Articulo 2. Se procederá a la mayor brevedad posible a la elección de representantes de la Provincia con arreglo a las leyes. Artículo 3. Quedando, como queda, el Comandante General don Juan Manuel de Rosas, especialmente, encargado de mantener y conservar la tranquilidad y seguridad de la campaña, tomará todas las medidas que juzgue convenientes, y proveerá, con noticia del Gobierno los empleos establecidos por las leyes y los que, atendidas las circunstancias extraordinarias, creyese necesario para el régimen y policía de ella hasta la instalación del gobierno permanente; debiendo ser auxiliado por el gobierno provisorio con los recursos de todo género necesario para este servicio. Articulo 4. Verificada que sea la elección del gobierno permanente, el gobernador provisorio don Juan Lavalle y Comandante General don Juan Manuel Rosas, le someterán las fuerzas de su mando. Articulo 5. El Gobierno de la Provincia reconocerá y pagará las obligaciones otorgadas por el Comandante General Rosas para el sostén de las fuerzas de su mando. Articulo 6. Los jefes y oficiales de línea y de milicias que han estado a las órdenes del comandante general don Juan Manuel de Rosas, tienen opción a los goces que les correspondan en sus respectivas clases. Artículo 7. Ningún individuo de cualquiera clase y condición que sea será molestado ni perseguido por su conducta u opiniones políticas anteriores a esta convención; las autoridades serán inexorables con el que de palabra o por escrito contravenga a lo estipulado en este artículo. En fe de lo cual y para hacer constar nuestro acuerdo, firmamos y ratificamos la presente convención, que consta de siete artículos, en dos ejemplares de un tenor en las Cañuelas, estancia de Miller, a veinte y cuatro días del mes de junio del año de Nuestro Señor, de mil ochocientos veinte y nueve.

Juan Lavalle – Juan Manuel Rosas

24 de junio de 1829

Ley fundamental dictada por el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 23 de enero de 1825

El presidente del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata tiene el honor de comunicar al Excmo. Gobierno de Buenos Aires, que reunidas ellas en Congreso han reproducido con fecha de ayer por medio de sus diputados y del modo más solemne, el pacto con que se ligaron desde le momento en que sacudieron el yugo de la antigua dominación española se constituyeron en nación independiente las bases de este pacto son las que se contienen en la ley adjunta.

El presidente al comunicarla, según en ella mismo se dispone, al excmo. Gobierno de Buenos Aires tiene la satisfacción de repetir a S.E. las consideraciones de respeto que le merece. Manuel Antonio de castro, presidente. Alejo Villegas, secretario. Excmo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Ley

Sala de sesiones del Congreso General Constituyente

El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata ha acordado y decreta lo siguiente.

Artículo 1.- Las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidas en Congreso reproducen, por medio de sus diputados, y del modo más solemne, el pacto con que se ligaron desde el momento en que sacudiendo el yugo de la antigua dominación española se constituyeron en nación independiente, y protestan de nuevo emplear todas sus fuerzas, y todos sus recursos para afianzar su independencia nacional, y cuanto pueda contribuir a la felicidad general.

Artículo 2.- El Congreso General de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es y se declara Constituyente.

Artículo 3.- Por ahora, y hasta la promulgación de la constitución que ha de reorganizar el Estado, las provincias se regirán interinamente por sus propias instituciones.

Artículo 4.- Cuanto concierne a los objetos de independencia, integridad, seguridad, defensa, y prosperidad nacional, es del resorte privativo del Congreso.

Artículo 5.- El Congreso expedirá progresivamente las disposiciones que se hiciesen indispensables sobre los objetos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 6.- La constitución que sancionare el Congreso será ofrecida a la consideración de las provincias, y no será promulgada, ni establecida en ellas hasta que haya sido aceptada.

Artículo 7.- Por ahora, y hasta la elección del poder ejecutivo nacional queda este provisoriamente encomendado al gobierno de Buenos Aires con las facultades siguientes:

Primera. Desempeñar todo lo concerniente a negocios extranjeros, nombramiento y recepción de ministros, y autorización de los nombrados.

Segunda. Celebrar tratados, los que no podrá ratificar sin obtener previamente especial autorización del Congreso.

Tercero. Ejecutar y comunicar a los demás gobiernos todas las resoluciones que el Congreso expida en orden a los objetos mencionados en el art. 4.

Cuarta. Elevar a la consideración del Congreso las medidas que conceptúe convenientes para la mejor expedición de los negocios del Estado.

Esta ley se comunicará a los Gobiernos de las Provincias Unidas por el Presidente del Congreso.

Manuel Antonio Castro, Presidente – Alejo Villegas, Secretario

Dada el 23 enero de 1825

El Argos de Buenos Aires, nro 113, 25 de enero de 1825

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La Constitución de la República Argentina de 1826 fue sancionada por el Congreso General de 1824 y estableció una forma de gobierno «representativa republicana, consolidada en unidad de régimen, adoptando oficialmente la religión Católica Apostólica Romana».

Para la sanción de aquella constitución fueron consultadas las Provincias acerca de la forma de Estado: Salta y La Rioja se pronunciaron por el régimen unitario, al igual que Tucumán, pero curiosamente aclaró que quería conservar sus instituciones. Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tarija, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba se manifestaron por el sistema federal. San Luis, Catamarca, Corrientes y la Banda Oriental por lo que resolviese el Congreso, en tanto que Buenos Aires y Misiones no opinaron. La Constitución fue sancionada durante los años de enfrentamiento entre unitarios y federales, adoptando una clara postura centralista unitaria a favor de la ciudad de Buenos Aires. Esta constitución unitaria centralizaba las decisiones políticas en Buenos Aires dejando a las provincias subordinadas a las elecciones que dicha provincia tomara, sin participación en las ganancias aduaneras y con grandes limitaciones en el libre comercio. También entregaba a Buenos Aires prerrogativas personales como el hecho de que las autoridades provinciales y locales fueran elegidas por el Ejecutivo desde Buenos Aires, entre ellas el Gobernador, sin respetar las autonomías locales.(Wikipedia)

Sección primera. De la Nación y su culto

Artículo 1.- La Nación Argentina es para siempre libre e independiente de toda dominación extranjera.

Artículo 2.- No será jamás el patrimonio de una persona o de una familia.

Artículo 3.- Su religión es la Católica, Apostólica Romana, a la que prestará siempre la más eficaz y decidida protección, y sus habitantes el mayor respeto, sean cuales fueren sus opiniones religiosas.

Sección II. De la ciudadanía

Artículo 4.- Son ciudadanos de la Nación Argentina: primero, todos los hombres libres, nacidos en su territorio, y los hijos de éstos, donde quieran que nazcan; segundo, los extranjeros que hayan combatido o combatieren en los ejércitos de mar y tierra de la República; tercero, los extranjeros establecidos en el país desde antes del año 16, en que declaró solemnemente su independencia, que se inscriban en el registro cívico; cuarto, los demás extranjeros establecidos o que se establecieren después de aquella época que obtengan carta de ciudadanía.

Artículo 5.- Los derechos de ciudadanía se pierden: primero, por la aceptación de empleos, distinciones o títulos de otra nación sin la autorización del Congreso; segundo, por sentencia que imponga pena infamante, mientras no se obtenga rehabilitación conforme a la ley.

Artículo 6.- Se suspenden: primero, por no haber cumplido veinte años de edad, no siendo casado; segundo, por no saber leer ni escribir (esta condición no tendrá efecto hasta quince años de la fecha de la aceptación de esta Constitución); tercero, por la naturalización en otro país; cuarto, por el estado de deudor fallecido declarado tal; quinto, por el de deudor del tesoro público que, legalmente ejecutado al pago, no cubre la deuda; sexto, por el de demencia; séptimo, por el de criado a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado en causa criminal en que pueda resultar pena corporal o infamante.

Sección III. De la forma de Gobierno

Artículo 7.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana, consolidada en unidad de régimen.

Artículo 8.- Delega al efecto el ejercicio de su soberanía en los tres altos Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bajo las restricciones expresadas en esta Constitución.

Sección IV. Del Poder Legislativo

Capítulo primero. De la Cámara de Representantes

Artículo 9.- El Poder Legislativo se expedirá por un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de representantes y otra de senadores.

Artículo 10.- La Cámara de Representantes se compondrá de diputados elegidos por nombramiento directo de los pueblos y a simple pluralidad de sufragios, en la proporción de uno por quince mil habitantes, o de una fracción que iguale al número de ocho mil.

Artículo 11.- Los diputados para la primera legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por la capital, cinco; por el territorio desmembrado de la capital, cuatro; por la provincia de Córdoba, seis; por la de Catamarca, tres; por la de Corrientes, tres; por la de Entre Ríos, dos; por la de Montevideo, cuatro; por la de Mendoza, dos; por la de Misiones, uno; por la de La Rioja, dos; por la de Salta y Jujuy, tres; por la de Santiago del Estero, cuatro; por la de San Juan, dos; por la de San Luis, dos; por la de Santa Fe, uno; por la de Tucumán, tres, y por la de Tarija, dos.

Artículo 12.- Para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general y arreglarse a él el número de diputados; pero ese censo sólo podrá renovarse cada ocho años.

Artículo 13.- Podrá votar en la elección de representantes todo ciudadano expedito en el ejercicio de sus derechos, con arreglo a los artículos 4.º, 5.º y 6.º

Artículo 14.- Por esta vez reglará cada junta de provincia los medios de hacer efectiva la elección directa de los representantes, en conformidad a los artículos anteriormente citados; para lo sucesivo el Congreso expedirá una ley general.

Artículo 15.- Ninguno podrá ser representante sin que tenga las calidades de siete años de ciudadano antes de su nombramiento, veinticinco años cumplidos, un capital de cuatro mil pesos o, en su defecto, arte, profesión u oficio útil y que no esté dependiente del Poder Ejecutivo por servicio a sueldo. (Esta condición, por el término de diez años, sólo tendrá efecto respecto de los empleados ad nutum amovibles.)

Artículo 16.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, pero la sala se renovará por mitad cada bienio.

Artículo 17.- Los que fueren nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer bienio.

Artículo 18.- La Cámara de Representantes tiene exclusivamente la iniciativa en la imposición de contribuciones, quedando al Senado la facultad de admitirlas, rehusarlas u objetarle reparos.

Artículo 19.- Ella tiene igualmente el derecho exclusivo de acusar ante el Senado al Presidente de la República y sus ministros, a los miembros de ambas Cámaras y a los de la Alta Corte de Justicia por delitos de traición, concusión, malversación de los fondos públicos, violación de la Constitución, particularmente con respecto a los derechos primarios de los ciudadanos, u otros crímenes que merezcan pena infamante o de muerte.

Artículo 20.- Los representantes, en el acto de su incorporación, prestarán juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución.

Artículo 21.- Ninguno después de incorporado podrá recibir empleo del Poder Ejecutivo sin el consentimiento de la Cámara y sin que quede vacante su representación en el acto de admitirlo, salvo los empleos de escala.

Artículo 22.- Serán compensados por sus servicios con una dotación que señalará la ley.

Capítulo II. Del Senado

Artículo 23.- Formarán la Cámara del Senado los senadores nombrados por la capital y provincias en el número y forma siguiente: Cada una formará por votación directa del pueblo, de conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 14, una Junta de once individuos que hayan de ejercer la función de electores y que reúnan las mismas calidades exigidas para representantes en el Artículo 15. Los electores, reunidos en la capital de la provincia, al menos en las dos terceras partes, y elegidos de entre ellos mismos presidente y secretario, votarán para senadores en un solo acto por balotas firmadas, por dos individuos de los que al menos uno no sea ni natural ni vecino de aquella provincia. Concluida la votación y firmada el acta por todos los vocales se remitirá, cerrada y sellada, por conducto del Poder Ejecutivo, al presidente del Senado (la primera vez al del Congreso). El presidente abrirá los pliegos ante el Senado (en la primera vez ante el Congreso) y hará leer las actas de las Juntas Electorales, que pasarán luego a una Comisión para que abra dictamen, tanto sobre la validez de las formas como sobre el número de sufragios que reúnan los candidatos. Serán proclamados senadores por deliberación del Senado (o del Congreso la primera vez), reunido al menos en sus dos terceras partes, los que, guardadas las formas, hayan obtenido en las respectivas Juntas Electorales una mayoría absoluta de sufragios. Si aquéllas no se hubieran guardado se repetirá la elección por las mismas Juntas Electorales; y si no hubiera resultado una mayoría absoluta, el Senado (en su caso el Congreso) formará una terna de los que hayan obtenido mayor número de votos y elegirá de entre ellos por mayoría absoluta de votos al que crea más conveniente. Si no resultase en esta votación mayoría absoluta, se reducirá entonces a los dos individuos que hayan obtenido en ella más sufragios, decidiendo el voto del presidente, el que debe ser excluido en caso de haber habido empate para que los candidatos queden reducidos a dos. En este caso, fijada de nuevo la elección entre los dos individuos que resulten, se procederá a nueva votación y será proclamado senador el que reúna mayoría absoluta de sufragios, volviendo a decidir el presidente en el caso de nuevo empate. Si alguno de los senadores hubiese obtenido mayoría absoluta en la Junta Electoral, el procedimiento del Senado (o en su caso del Congreso), para concluir la elección de ambos senadores, se hará por actos separados y bajo las mismas formas para cada uno.

Artículo 24.- Ninguno será nombrado senador que no tenga la edad de treinta y seis años cumplidos, nueve de ciudadano, un capital de diez mil pesos, o una renta equivalente, o profesión científica capaz de producirla.

Artículo 25.- Los senadores, en caso de su incorporación, prestarán el juramento prescripto en el Artículo 20.

Artículo 26.- Durarán en el cargo por el tiempo de nueve años, renovándose por terceras partes cada trienio, y se decidirá por la suerte, luego que todos se reúnan, quiénes deban salir el primero y segundo trienio.

Artículo 27.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Sala de Representantes.

Artículo 28.- La concurrencia de las dos terceras partes de sufragios hará sentencia contra el acusado únicamente al efecto de separarlo del empleo.

Artículo 29.- La parte convencida y juzgada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a la ley.

Artículo 30.- Los senadores serán compensados por sus servicios con la dotación que les señalará la ley.

Capítulo III. De las atribuciones comunes a ambas Cámaras

Artículo 31.- Ambas Cámaras se reunirán en la capital y tendrán sus sesiones diarias en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, debiendo permanecer en ella sus miembros en los meses restantes del año.

Artículo 32.- Cada Sala será privativamente el juez para calificar la elección de sus miembros.

Artículo 33.- Nombrará su presidente, vicepresidente y oficiales; señalará el tiempo de la duración de unos y otros, y prescribirá el orden para los debates y para facilitar el despacho de sus deliberaciones.

Artículo 34.- Ninguna de las Salas comenzará sus funciones mientras que no hayan llegado al lugar de las sesiones y se reúnan en cada una de ellas dos terceras partes de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los que no hayan concurrido a verificarlo, en los términos y bajo los apremios que cada Sala proveerá.

Artículo 35.- Los senadores y representantes jamás serán responsables por sus opiniones, discursos o debates.

Artículo 36.- Tampoco serán arrestados por ninguna otra autoridad durante su asistencia a la legislatura y mientras vayan y vuelvan de ella, excepto el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamia u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Sala respectiva con la información sumaria del hecho.

Artículo 37.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o representante, por delito que no sea de los expresados en el Artículo 19, examinado el mérito del sumario en juicio público podrá cada Sala, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del tribunal competente para su juzgamiento.

Artículo 38.- Puede igualmente cada Sala corregir a cualquiera de sus miembros, con igual número de votos, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlos por inhabilidad física o moral, sobreviniente a su incorporación; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Artículo 39.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a sus Salas a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir los informes que estime convenientes.

Capítulo IV. De las atribuciones del Congreso

Artículo 40.- Al Congreso corresponde declarar la guerra, oídos los motivos que exponga el Poder Ejecutivo.

Artículo 41.- Recomendar al mismo, cuando lo estime conveniente, la negociación de la paz.

Artículo 42.- Fijar la fuerza de línea de mar y tierra en tiempo de paz y guerra.

Artículo 43.- Mandar construir o equipar las escuadras nacionales.

Artículo 44.- Fijar cada año los gastos generales con presencia de los presupuestos presentados por el Gobierno.

Artículo 45.- Recibir anualmente la cuenta de la inversión de los fondos públicos, examinarla y aprobarla.

Artículo 46.- Establecer derechos de importación y exportación y por un tiempo, que no pase de dos años, imponer, para atender a las urgencias del Estado, contribuciones proporcionalmente iguales en todo el territorio.

Artículo 47.- Ordenar los empréstitos que hayan de negociarse sobre los fondos del Estado.

Artículo 48.- Fijar la ley, valor, peso y tipo de la moneda.

Artículo 49.- Establecer tribunales inferiores a la alta corte de justicia y reglar las formas de los juicios.

Artículo 50.- Acordar amnistías cuando grandes motivos de interés público lo reclamen.

Artículo 51.- Crear y suprimir empleos de toda clase.

Artículo 52.- Reglar el comercio interior y exterior.

Artículo 53.- Demarcar el territorio del Estado y fijar los límites de las provincias, sin perjuicio de la permanencia de las enumeradas en el Artículo 11.

Artículo 54.- Habilitar puertos en las costas del territorio cuando lo crea conveniente y elevar las poblaciones al rango de villas, ciudades, provincias en los casos y con las calidades que la ley prefije.

Artículo 55.- Formar planes generales de educación pública.

Artículo 56.- Acordar premios a los que hayan hecho o hicieren grandes servicios a la nación.

Artículo 57.- Acordar a los autores o inventores de establecimientos útiles privilegios exclusivos por tiempo determinado.

Artículo 58.- Hacer, en fin, todas las demás leyes y ordenanzas de cualquier naturaleza, que reclame el bien del Estado; modificar, interpretar y abrogar las existentes.

Capítulo V. De la formación de las Leyes

Artículo 59.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras que componen el cuerpo legislativo, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros.

Artículo 60.- Se exceptúan de esta regla las relativas a los objetos de que trata el Artículo 18.

Artículo 61.- Aprobado un proyecto de ley en la Cámara en que haya tenido principio, se pasará a la otra para que, discutido en ella, lo apruebe o lo deseche.

Artículo 62.- Ningún proyecto de ley desechado por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Artículo 63.- Los proyectos de ley aprobados por ambas Cámaras pasarán al Poder Ejecutivo.

Artículo 64.- Si el Poder Ejecutivo los suscribe, o en el término de diez días no los devuelve objecionados, tendrán fuerza de ley.

Artículo 65.- Si encuentra inconvenientes, el Poder Ejecutivo los devolverá, con los reparos que juzgue necesarios, a la Cámara donde tuvieron su origen.

Artículo 66.- Reconsiderados en ambas Cámaras, con presencia de aquéllos, dos tercios de sufragios en cada una de ellas harán su última sanción.

Artículo 67.- Las votaciones de ambas Cámaras serán entonces nominales, por sí, o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la Prensa.

Sección V. Del Poder Ejecutivo

Capítulo primero. Naturaleza y calidades de este poder

Artículo 68.- El Poder Ejecutivo de la nación se confía y encarga a una sola persona, bajo el título de Presidente de la República Argentina.

Artículo 69.- Ninguno podrá ser elegido Presidente que no haya nacido ciudadano de la República y no tenga las demás calidades exigidas por esta Constitución para ser senador.

Artículo 70.- Antes de entrar al ejercicio del cargo, el Presidente electo hará en manos del Presidente del Senado, y a presencia de las dos Cámaras reunidas, el juramento siguiente: «Yo (N…) juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, que desempeñaré debidamente el cargo de Presidente, que se me confía; que protegeré la Religión Católica, conservaré la integridad e independencia de la República y observaré fielmente la Constitución».

Artículo 71.- El Presidente durará en su cargo por el término de cinco años, y no podrá ser reelecto a continuación.

Artículo 72.- En caso de enfermedad o ausencia del Presidente, o mientras se procede a nueva elección por su muerte, renuncia o destitución, el Presidente del Senado le suplirá, y ejercerá las funciones anexas al Poder Ejecutivo, quedando entretanto suspenso de las de senador.

Capítulo II. De la forma y tiempo de la elección del Presidente

Artículo 73.- El Presidente de la República será elegido en la forma siguiente: En la capital, y en cada provincia, se nombrará una junta de quince electores, con las mismas calidades y bajo las mismas formas que para la elección de senadores.

Artículo 74.- Reunidos los electores en la ciudad capital de cada una de aquéllas, cuatro meses antes que expire el término del Presidente que acabe, y en un mismo día, que fijará la legislatura, votarán por un ciudadano para Presidente de la República por balotas firmadas.

Artículo 75.- Concluida la votación, y firmada el acta por todos los vocales, se remitirá por el presidente de la junta electoral, cerrada y sellada, al Presidente del Senado.

Artículo 76.- El Presidente del Senado, reunidas todas las actas, las abrirá a presencia de ambas Cámaras.

Artículo 77.- Asociados a los Secretarios cuatro miembros del Congreso, sacados a la suerte, procederán inmediatamente a formar el escrutinio y anunciar lo que resulte de los sufragios, en favor de cada candidato.

Artículo 78.- El que reúna las dos terceras partes de todos los votos, será proclamado inmediatamente Presidente de la República.

Artículo 79.- Si ninguno reuniere las dos terceras partes de los sufragios de los electores, procederá el Congreso a consumar la elección, en los mismos términos prevenidos en los Artículos 22 y 23, sobre la elección de los senadores.

Artículo 80.- La elección del Presidente debe quedar concluida en una sola sesión, publicándose en seguida por la Prensa las actas de las juntas electorales.

Capítulo III. De las atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 81.- El Presidente es el jefe de la administración general de la República.

Artículo 82.- Publica y hace ejecutar las leyes y decretos del Congreso, reglando su ejecución por reglamentos especiales.

Artículo 83.- Convoca al Congreso a la época prefijada por la Constitución, o extraordinariamente, cuando graves circunstancias lo demanden.

Artículo 84.- Hace anualmente la apertura de sus sesiones, reunidas ambas Cámaras al efecto en la sala del Senado, informándoles en esta ocasión del estado político de la nación y de las mejoras y reformas que considere dignas de su atención.

Artículo 85.- Expide las órdenes convenientes para que las elecciones que correspondan de senadores y diputados se hagan en oportunidad y con arreglo a la ley, dando cuenta al Congreso de los abusos que advirtiere.

Artículo 86.- Es el jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra, exclusivamente encargado de su dirección en paz o en guerra; pero no puede mandar en persona el Ejército sin especial permiso del Congreso, con el sufragio de las dos terceras partes de cada Cámara.

Artículo 87.- Provee a la seguridad interior y exterior del Estado.

Artículo 88.- Publica la guerra y la paz y toma por sí mismo cuantas medidas puedan contribuir a prepararlas.

Artículo 89.- Hace los tratados de paz, amistad, alianza, comercio y cualquiera otros; pero no puede ratificarlos sin la aprobación y consentimiento del Senado. En el caso que se estipule la cesión de alguna parte del territorio, o cualquier género de gravámenes pecuniarios contra la nación, será con el consentimiento de ambas Cámaras y con las dos terceras partes de votos.

Artículo 90.- Nombra y destituye a los Ministros secretarios de Estado y del despacho general.

Artículo 91.- Nombra igualmente las Embajadores, Ministros plenipotenciarios, Enviados, Cónsules generales y demás agentes, con aprobación del Senado.

Artículo 92.- Mientras el Senado tenga suspendidas sus sesiones podrá, en caso de urgencia, hacer los nombramientos necesarios para los empleos indicados en el Artículo anterior; obteniendo su aprobación luego que se halle reunido.

Artículo 93.- Recibe, según las formas establecidas, los Ministros y agentes de las naciones extranjeras.

Artículo 94.- Expide las cartas de ciudadanía, con sujeción a las formas y calidades que exige la ley.

Artículo 95.-Ejerce el patronato general respecto a las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas, con arreglo a las leyes: nombra a los arzobispos y obispos a propuesta en terna del Senado.

Artículo 96.- Todos los objetos y ramos de Hacienda y Policía, los establecimientos públicos, y nacionales, científicos y de todo género, formados y sostenidos con fondos del Estado las casas de moneda, Bancos nacionales, correos, postas y caminos son de la suprema inspección y resorte del Presidente de la República, bajo las leyes y ordenanzas que los rigen o que en adelante formare el Cuerpo legislativo.

Artículo 97.- Provee todos los empleos que no le son reservados por esta Constitución.

Artículo 98.- Puede pedir a los jefes de todos los ramos y departamentos de la Administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos son obligados a prestarlos.

Artículo 99.- Puede indultar de la pena capital a un criminal, previo informe del tribunal o Juez de la causa, cuando medien graves o poderosos motivos, salvo los delitos que la ley exceptúa.

Artículo 100.- Provee, con arreglo a ordenanza, a las consultas que se le hagan en los casos que ella previene sobre las sentencias pronunciadas por los Juzgados militares.

Artículo 101.- Recibirá por sus servicios la dotación establecida por la ley, que ni se aumentará ni se disminuirá durante el tiempo de su mando.

Capítulo IV. De los Ministros

Artículo 102.- Cinco Ministros secretarios, a saber: de Gobierno, de Negocios Extranjeros, de Guerra, de Marina y de Hacienda tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la República y autorizarán las resoluciones del Presidente, sin cuyo requisito no tendrán efecto.

Artículo 103.- El Presidente puede reunir accidentalmente el despacho de dos departamentos a cargo de un solo Ministro.

Artículo 104.- Los cinco Ministros secretarios forman el Consejo de Gobierno, que asistirá con sus dictámenes al Presidente en los negocios de más gravedad y trascendencia.

Artículo 105.- El Presidente oirá los dictámenes del Consejo, sin quedar obligado a sujetarse a ellos en las resoluciones que tuviere a bien tomar.

Artículo 106.- En los casos de responsabilidad, los Ministros no quedarán exentos de ella por la concurrencia de la firma o consentimiento del Presidente de la República.

Artículo 107.- Los Ministros no podrán por sí solos, en ningún caso, tomar deliberaciones sin previo mandato o consentimiento del Presidente de la República, a excepción de lo concerniente al régimen especial de sus respectivos departamentos.

Artículo 108.- No podrán ser diputados ni senadores sin hacer dimisión de sus empleos de Ministros.

Artículo 109.- Gozarán de una compensación por sus servicios establecida por la ley, que no podrá ser aumentada ni disminuida en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

Sección VI. Del Poder Judicial

Capítulo primero. De la Corte Suprema de Justicia

Artículo 110.- El Poder Judicial de la República será ejercido por la Alta Corte de Justicia, tribunales superiores y demás Juzgados establecidos por la ley.

Artículo 111.- Una Corte de Justicia compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales ejercerá el supremo Poder Judicial.

Artículo 112.- Ninguno podrá ser miembro de ella que no sea letrado recibido con ocho años de ejercicio, cuarenta de edad y que no reúna las calidades necesarias por esta Constitución para ser senador.

Artículo 113.- El Presidente y demás miembros de la Alta Corte de Justicia serán nombrados por el Presidente de la República, con noticia y consentimiento del Senado.

Artículo 114.- En la primera instalación de la Corte los provistos prestarán juramento en manos del Presidente de la República de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente; en lo sucesivo lo prestarán ante el de la misma Corte.

Artículo 115.- El presidente de la Alta Corte de Justicia durará en el ejercicio de las funciones de tal por el término de cinco años; pero todos sus miembros permanecerán en sus respectivos cargos mientras dure su buena comportación, debiendo preceder, para ser destítuidos, juicio y sentencia legal.

Artículo 116.- Los miembros de la Alta Corte de Justicia no pueden ser senadores ni representantes sin hacer dimisión de sus empleos, ni pueden ser empleados en otros destinos por el Presidente de la República sin su consentimiento y aprobación de la Corte.

Artículo 117.- La Alta Corte de Justicia nombrará sus oficiales en el número y forma que prevenga la ley.

Artículo 118.- Conocerá originaria y exclusivamente en todos los asuntos en que sea parte una provincia o que se susciten entre provincia y provincia o pueblos de una misma provincia sobre límites y otros derechos contenciosos promovidos de modo que deba recaer sobre ellos formal sentencia.

Artículo 119.- En las cuestiones que resulten con motivos de contrato o negociaciones del Poder Ejecutivo o de sus agentes bajo su inmediata aprobación.

Artículo 120.- En las causas de todos los funcionarios públicos de que hablan los Artículos 19, 27, 28 y 29 y respecto de los casos en ellos indicados.

Artículo 121.- En las que conciernen a los Embajadores, Ministros Plenipotenciarios, Enviados, Cónsules y Agentes diplomáticos de las Cortes extranjeras.

Artículo 122.- Para el conocimiento de los negocios que en los cuatro Artículos anteriores se atribuye originariamente a la Alta Corte de Justicia se dividirá ésta en dos salas. La primera, compuesta de tres de sus miembros, conocerá de la primera instancia, y la otra, compuesta de los seis miembros restantes, conocerá de la segunda y última instancia.

Artículo 123.- Conocerá en último grado de los recursos que en los casos y forma que la ley designe se eleven de los tribunales subalternos, y de las causas del Almirantazgo, de todos los negocios contenciosos de Hacienda y de los crímenes cometidos contra el derecho público de las naciones.

Artículo 124.- Dirimirá las competencias que se susciten entre los demás tribunales superiores de la Nación.

Artículo 125.- Examinará los breves y bulas pontificias y abrirá dictamen al Poder Ejecutivo sobre su admisión o retención.

Artículo 126.- Conocerá de los recursos de fuerza de los tribunales superiores eclesiásticos de la capital.

Artículo 127.- Informará de tiempo en tiempo al Cuerpo Legislativo de todo lo conveniente para la mejora de la administración de justicia y elevará todas las dudas que le propusiesen los demás tribunales sobre la inteligencia de las leyes.

Artículo 128.- Los juicios de la Alta Corte de Justicia y la votación definitiva serán públicos.

Artículo 129.- Sus miembros gozarán de una compensación que no podrá ser disminuida mientras duren en sus puestos.

Sección VII. De la Administración Provincial

Capítulo primero. De los Gobernadores

Artículo 130.- En cada provincia habrá un Gobernador que la rija, bajo la inmediata dependencia del Presidente de la República.

Artículo 131.- Tendrá la edad de treinta años y las calidades necesarias para senador.

Artículo 132.- El Presidente nombra los Gobernadores de las provincias a propuesta en terna de los Consejos de Administración.

Artículo 133.- Son encargados de ejecutar en ellas las leves generales dadas por la legislatura nacional, los decretos del Presidente de la República y las disposiciones particulares acordadas por los Consejos de Administración.

Artículo 134.- A ellos corresponde proveer, con las formalidades que los Consejos de Administración establezcan, todos los empleos dotados por las rentas particulares de las provincias.

Artículo 135.- Durarán en el ejercicio de sus funciones por tres años y no podrán ser reelectos a continuación en la misma provincia.

Artículo 136.- Gozarán de una compensación que les designará la ley.

Capítulo II. De los Tribunales Superiores de Justicia

Artículo 137.- Se establecerán Tribunales Superiores de Justicia en las capitales de aquellas provincias que la legislatura juzgue conveniente, atendidas las ventajas de su situación geográfica, población y demás circunstancias.

Artículo 138.- Conocerán en grado de apelación de los recursos que se eleven a ellos de los Juzgados de primera instancia y de los demás negocios que les correspondan por ley, no sólo del territorio de la provincia de su residencia, sino del de las demás que la ley declare dependientes a este respecto.

Artículo 139.- Se compondrán los Tribunales Superiores de Jueces letrados, nombrados por el Presidente de la República a propuesta en terna de la Alta Corte de Justicia; su número será fijado por la ley.

Capítulo III. De los Consejos de Administración

Artículo 140.- En cada capital de provincia habrá un Consejo de Administración que, velando por su prosperidad, promueva sus particulares intereses.

Artículo 141.- El número de personas que compongan dichos Consejos no podrá ser menor de siete ni mayor de quince. La legislatura lo fijará en cada capital, habida consideración a la población y demás circunstancias políticas de la provincia.

Artículo 142.- Los miembros de los Consejos de Administración interior serán elegidos popularmente por nombramiento directo, en los mismos términos y bajo las mismas formas que los representantes nacionales.

Artículo 143.- Todo lo concerniente a promover la prosperidad y el adelantamiento de las provincias, su policía interior, la educación primaria, obras públicas y cualesquiera establecimientos costeados y sostenidos por sus propias rentas será reglado por los Consejos de Administración.

Artículo 144.- Por ellos mismos se establecerán los empleos que sean necesarios para el buen régimen de cada provincia y se reglarán las formalidades que deben observarse en su previsión.

Artículo 145.- Los Consejos de Administración acordarán anualmente el presupuesto de los gastos que demande el servicio interior de las provincias.

Artículo 146.- El presupuesto de que habla el Artículo anterior se pasará oportunamente al Presidente de la República para que, con el presupuesto general de los gastos que demande el servicio del Estado, sea presentado a la aprobación de la legislatura nacional.

Artículo 147.- Para cubrir los gastos del servicio interior de las provincias los Consejos de Administración establecerán en ellas sus rentas particulares y reglarán su recaudación.

Artículo 148.- Las rentas de que habla el Artículo anterior consistirán precisamente en impuestos directos, pues que toda contribución indirecta queda adscripta al tesoro común de la Nación.

Artículo 149.- Las rentas particulares que se arreglen en cada provincia por los Consejos de Administración no se llevarán a efecto sin haber obtenido la aprobación de la legislatura nacional, y el orden que se establezca para su recaudación se sujetará igualmente a la aprobación del Presidente de la República.

Artículo 150.- Mientras las rentas establecidas, atendido el estado actual de las provincias, no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios se les suplirá del Tesoro nacional lo que falte, llevando a cada provincia una cuenta particular de estos suplementos, que serán reintegrados en proporción que sus rentas mejoren.

Artículo 151.- Si después de cubiertos los gastos de la provincia sus rentas dejasen algún sobrante éste será invertido precisamente en la provincia misma y en aquellas obras o establecimientos que el Consejo de Administración acuerde, previa la aprobación de la legislatura nacional.

Artículo 152.- En las provincias no podrá exigirse de los ciudadanos servicio alguno ni imponerse multas o cualquier otra exacción fuera de las establecidas por leyes generales sin la especial autorización de los Consejos de Administración.

Artículo 153.- La cuenta de la recaudación e inversión de las rentas de cada provincia se presentará a su respectivo Consejo de Administración y éste, después de examinarla, la pasará, con su juicio, al presidente de la República para que, con las cuentas de la Administración general, se sometan todas a la aprobación de la legislatura nacional.

Artículo 154.- Los Consejos de Administración tienen el derecho de petición directa a la legislatura nacional y al Presidente de la República o para reclamar cuanto juzguen conveniente a su propia prosperidad o para exigir la reforma de los abusos que se introduzcan en su régimen y administración.

Artículo 155.- Los individuos que componen el Consejo de Administración no tendrán en caso alguno que responder por sus opiniones ni estarán sujetos por ellas a otro juicio que al de la censura pública.

Artículo 156.- Durarán en el ejercicio de sus funciones por dos años y serán reemplazados cada año por mitad.

Artículo 157.- No recibirán compensación alguna por este servicio.

Artículo 158.- Para que los Consejos de Administración se expidan uniformemente en el ejercicio de sus importantes funciones, el Presidente de la República formará desde luego un reglamento en que se establezca la policía interior de estos Cuerpos, los períodos de su reunión y el orden que deben observar en sus debates y resoluciones. Este reglamento irá mejorando según lo aconseje la experiencia y lo representen los mismos Consejos.

Sección VIII. De Disposiciones Generales

Artículo 159.- Todos los habitantes del Estado deben ser protegidos en el goce de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de ellos sino conforme a las leyes.

Artículo 160.- Los hombres son de tal manera iguales ante la ley que ésta, bien sea penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos y favorecer igualmente al poderoso que al miserable para la conservación de sus derechos.

Artículo 161.- La libertad de publicar sus ideas por la Prensa, que es un derecho tan apreciable al hombre como esencial para la conservación de la libertad civil, será plenamente garantida por las leyes.

Artículo 162.- Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden al orden público ni perjudican a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los Magistrados.

Artículo 163.- Ningún habitante del Estado será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no, prohíbe.

Artículo 164.- Es de interés y del derecho de todos los miembros del Estado el ser juzgados por Jueces los más independientes e imparciales que sea dado a la condición de las cosas humanas. El Cuerpo legislativo cuidará de preparar y poner en planta el establecimiento del juicio por jurados en cuanta lo permitan las circunstancias.

Artículo 165.- Queda absolutamente prohibido todo juicio por comisión.

Artículo 166.- Todo ciudadano debe estar seguro contra las requisiciones arbitrarias y apoderamiento injusto de sus papeles y correspondencias. La ley determinará en qué casos y con qué justificación pueda procederse a ocuparlos.

Artículo 167.- Ningún individuo podrá ser arrestado sin que preceda al menos declaración contra él de un testigo idóneo o sin indicios vehementes de crimen que merezca pena corporal, cuyos motivos se harán constar en proceso informativo dentro de tres días perentorios. En el caso de haber impedimento, el Juez pondrá constancia de él, quedando responsable de toda omisión por su parte.

Artículo 168.- Cualquier individuo sorprendido in fraganti puede ser arrestado, y todos pueden arrestarlo y conducirle a la presencia del Magistrado con arreglo al artículo anterior.

Artículo 169.- Para el arresto de un individuo fuera del caso de delito in fraganti debe preceder un mandamiento firmado por el Magistrado, a quien la ley conceda esta facultad, que exprese el motivo de este arresto, que debe notificársele en el acto de la prisión y del cual se le debe dar copia si la pidiere.

Artículo 170.- Las cárceles sólo deben servir para la seguridad y no para castigo de los reos. Toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exige será corregida según las leyes.

Artículo 171.- Ningún habitante del Estado puede ser penado ni confinado sin que preceda juicio y sentencia legal.

Artículo 172.- La casa de todo habitante del Estado es un sagrado, que no puede violarse sin crimen, y sólo podrá allanarse en caso de resistencia a la autoridad legítima.

Artículo 173.- Esta diligencia se hará con la moderación debida personalmente por el mismo Juez. En caso que algún urgente motivo se lo impida, dará al delegado orden por escrito con las especificaciones convenientes y se dejará copia de ella al individuo que fuese aprehendido, y al dueño de la casa si lo pidiere.

Artículo 174.- Las anteriores disposiciones relativas a la seguridad individual no podrán suspenderse sino en el caso de inminente peligro de que se comprometa la tranquilidad pública o la seguridad de la patria, a juicio y por disposición especial del Congreso.

Artículo 175.- Siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable, los habitantes del Estado no pueden ser privados de ella ni gravados en sus facultades, sino en los casos establecidos por la ley.

Artículo 176.- Cuando el interés del Estado exija que la propiedad de algún individuo particular sea destinada a usos públicos bajo las formalidades de la ley, el propietario recibirá por ella una justa compensación.

Artículo 177.- Queda prohibida la pena de confiscación de bienes.

Artículo 178.- Ninguno será obligado a prestar auxilios de cualquier clase para los ejércitos ni a franquear su casa para alojamiento de un cuerpo o individuo militar sino de orden del Magistrado civil, según la ley. El perjuicio que en este caso se infiera al propietario será indemnizaciones competentemente por el Estado.

Artículo 179.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho para elevar sus quejas y ser oídos hasta de las primeras autoridades del país.

Artículo 180.- A ningún hombre o corporación se concederán ventajas, distinciones o privilegios exclusivos sino los que sean concedidos a la virtud o los talentos, y no siendo éstos transmisibles a los descendientes se prohíbe conceder título alguno de nobleza.

Artículo 181.- Se ratifica la ley de libertad de vientres y las que prohíben el tráfico de esclavos y su introducción al país, bajo cualquier pretexto.

Sección IX. De la reforma de la Constitución

Artículo 182.- En ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo será admitida una moción para la reforma de uno o más artículos de la presente Constitución sin que sea apoyada por la cuarta parte de los miembros concurrentes.

Artículo 183.- Siempre que la moción obtenga dicha calidad, discutida en la forma ordinaria, serán necesarias las dos terceras partes de votos en cada una de las salas para sancionarse que el Artículo o los Artículos en cuestión exigen reforma.

Artículo 184.- Esta resolución se comunicará al Poder Ejecutivo para que exponga su opinión fundada y con ella la devuelva a la sala donde tuvo su origen.

Artículo 185.- Si él disiente, reconsiderada la materia en ambas Cámaras, será necesaria la concurrencia de tres cuartas partes al menos de cada una de ellas para sancionar la necesidad de la reforma, y tanto en este caso como en el de consentir el Poder Ejecutivo, se procederá inmediatamente a verificarla con el número de sufragios prescrito en el Artículo 183.

Artículo 186.- Verificada la reforma pasará al Poder Ejecutivo para su publicación o para que exponga los reparos que encontrare. En caso de devolverla, aún con reparos, tres cuartas partes de sufragios en cada sala harán su última sanción.

Sección última. De la aceptación y observancia de esta Constitución

Artículo 187.- Esta Constitución será presentada al examen y libre aceptación de la capital y provincias por el órgano de las Juntas que en ellas existen de presente o que se formen al efecto.

Artículo 188.- La aceptación de las dos terceras partes de las provincias, inclusa la capital, será suficiente para que se ponga en práctica entre ellas, conservando relaciones de buena inteligencia con las que retarden su consentimiento.

Artículo 189.- Si las provincias quisiesen resignarse en el Juicio del Congreso constituyente, él procederá a aceptarla a nombre de ellas por una declaración especial.

Artículo 190.- En este caso o en el del Artículo anterior se expedirán inmediatamente las órdenes para la formación de ambas Cámaras e instalación de la primera legislatura y para que esta Constitución sea jurada solemnemente en todo el territorio del Estado.

Artículo 191.- Todo el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de aceptada será castigado hasta con la pena de muerte, según la gravedad del crimen.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso General Constituyente, en Buenos Aires, a 24 de diciembre de 1826.

Diputados por la Capital: José María Rojas. Presidente – Manuel Antonio Castro – Juan José Passo – Pedro Somellera – Joaquín Belgrano -Ildefonso Ramos Mexía – Valentín San Martín – Juan Alagón – Cornelio Zelaya – Miguel Riglos.
Por el territorio desmembrado de la Capital: Mariano Andrade – Diego Estanislao Zavaleta – Valentín Gómez – Manuel Bonifacio Gallardo – Alejo Castex – José Luis Bustamante – Francisco Piñeyro – Manuel de Arroyo y Pinedo.
Por la Provincia de Córdoba: Eduardo Pérez Bulnes – Elías Bedoya – Mariano Lozano – Salvador Maldonado – Miguel Villanueva – José Eugenio del Portillo.
Por la de Corrientes: Francisco Acosta – Pedro Cavia y Caviedes – Francisco Igarzábal – Pedro Feliciano Cavia – José Ocantos.
Por la de Catamarca: Inocencio González – Miguel Díaz de la Peña – Nicolás de Avellaneda y Tula – José Antonio Barros.
Por la de Entre Rios: Evaristo Carriegos – Casiano Calderón – Cipriano Urquiza – Enrique Núñez.
Por la de Mendoza: Pedro Nolasco Videla – Juan de Bargas – José Cabero – Manuel Corbalan.
Por la de Misiones: Manuel Pinto – Vicente Ignacio Martínez.
Por la de Montevideo: Manuel Moreno – Mateo Vidal – Silvestre Blanco – Cayetano Campana.
Por la de La Rioja: Santiago Vázquez – Eusebio Gregorio Ruzo
Por la de Salta y Jujuy: Juan Ignacio de Gorriti – Francisco Remigio Castellanos – José Arenales – Alejandro Heredia – José Miguel Zegada – Manuel de Tezanos Pinto.
Por la de Santiago del Estero: Félix Ignacio Frías – Vicente Mena – Manuel Dorrego – Antonio María Taboada – José Francisco Ugarteche – Juan Antonio Neirot.
Por la de Santa Fe: Francisco de la Torre – Pedro Pablo Vidail.
Por la de San Juan: Narciso Laprida.
Por la de San Luis: Dalmacio Vélez – Calixto González – Santiago Funes.
Por la de Tucumán: José Ignacio Garmendia – Gerónimo Helguera – José Antonio Medina – Juan Bautista Paz.
Por la de Tarija: José Felipe Echazú.

Secretarios: Alejo Villegas – Juan C. Varela.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso General Constituyente, en Buenos Aires, a 24 de diciembre de 1826.

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