Inicio estas crónicas de la década de 1820 al 30, con la idea de ir mes a mes a la par de los hechos de hace 200 años que tanto marcaron y definieron los destinos de nuestra Patria.
Me gustaría lograr que cada lector pueda reflexionar sobre esos acontecimientos que resumidos en los libros escolares suelen velar sin intención, aspectos sustanciales del devenir histórico.
Espero que la relectura o el descubrimiento de estas cuestiones nos permitan comprender mejor nuestra identidad, aprender de las lecciones de la historia y contribuir de esta manera a construir la grandeza espiritual y material de nuestra Patria.
De 1810 a 1820
No siendo el foco de este artículo, solo voy hacer una brutal síntesis. En la primera década se intentaba especialmente: resolver la independencia, se disputó la unidad nacional basada en la centralidad de la autoridad de Buenos Aires como continuadora del Virreinato del Rio de la Plata, se intentaron diferentes sistemas de Gobierno y finalmente se buscó llegar a una constitución (la de 1819) que terminará siendo de corte centralista que es rechazada por la mayoría de las provincias. La primera consecuencia inmediata será lo que conocemos como la “Anarquía del año XX”.
El Mundo en 1820
¿Cual es el estado del año 1820? ¿Cómo era ese mundo y en particular hispanoamérica y el rinconcito conocido como el Río de la Plata?
1820 arranca como una tormenta perfecta que liberada a su fuerza, amenaza destruir el amanecer de una “nueva y gloriosa Nación”, pero también el mundo estaba convulsionado y será una década de profundos cambios. Al final de estos años terminará completamente la hegemonía colonial del Reino España y Portugal sobre América. Mientras tanto, el colonialismo en África acababa de comenzar a acelerarse, y el comercio global entre las potencias asiáticas con las potencias europeas (principalmente los imperios británico y francés) aumentaba sustancialmente.
En América quedaría claro que el sueño de la Patria grande y unida quedaba postergada indefinidamente y sufriría por el contrario una balcanización con la formación de numerosos estados independientes entre sí, muchas veces enfrentados entre unos con otros, y en algunos casos como el de las Provincias Unidas del Río de la Plata con guerras intestinas que seguirán subdividiendo aún más los territorios. Finalmente del Virreinato del Río de la Plata quedarían conformadas las repúblicas de Paraguay, Bolivia, Uruguay y la Argentina.
Buenos Aires contaba para ese momento con unos 118.000 habitantes (*). El total de los territorios de las Provincias Unidas se estima en unos 766 mil. (**). En el Uruguay unos 50.000 (1). Son estimaciones pues el primer censo es de 1869 en la Argentina.
La década se inicia con la disolución del poder nacional con la caída del autoridad de Buenos Aires – Los Directores Supremos- en simultáneo se da la ocupación por parte de Portugal de la Provincia Oriental del Rio de la Plata con la caída del proyecto artiguista de los pueblo libres. Artigas terminará por exiliarse en Paraguay, abandonado o contrariado por quienes habían sido sus lugartenientes (Ramirez, Rivera y López).
Las distintos agrupamientos territoriales en el Río de la Plata también se van a enfrentar entre si, por ejemplo la Provincia de Cuyo quedara dividida en tres: Mendoza, San Juan y San Luis.
San Martín en Chile se apresta a iniciar su campaña libertadora al Perú y en 1819 había desobedecido al Director Supremo para no participar en las guerras civiles. Un héroe nacional chileno – José Miguel Carrera– enemistado con Bernardo O’Higgins y San Martín cruza los Andes rumbo a estas pampas con un pequeño Ejército de sus seguidores buscando apoyo y haciendo la guerra del lado federal para poder volver a Chile y derrocar a O’Higgins que era el Director Supremo de Chile.
Por el norte seguían los asedios e invasiones contenidas por Martín Güemes. En Venezuela Bolivar iniciaba su campaña de libertador, pero aún dentro de los territorios de Venezuela y Nueva Granada (Colombia).
En México para principios de 1820, aún continuaron existiendo focos de insurrección latentes en diversos puntos de su territorio, lo leales a la corona han ganado temporalmente la guerra.
Por 1820 estaba latente la organización de una fuerza militar en España que buscaba recuperar los territorios del Río de la Plata. ir a luchar contra los movimientos de emancipación que sacudían a las colonias españolas en América. Una fuerza expedicionaria de unos catorce mil hombres concentrada en Cádiz bajo el mando de Félix María Calleja (1753-1828) –anteriormente Virrey de México y ahora Capitán General de Andalucía y Gobernador de Cádiz– a la espera de orden de embarque para intentar la reconquista del Río de la Plata. Ya había habido otra en 1815 desviada en su viaje a Venezuela. No obstante y para nuestra suerte, la amenaza realista en todos sus frentes, se encuentra a su vez amenazada internamente por un enfrentamiento entre absolutistas partidarios de Fernando VII y liberales partidarios de la Constitución de Cádiz de 1812.
Por último y como si esto no fuera poco, otro frente de conflicto se despertaba al sur de Buenos Aires con los malones de los pueblos originarios que irían a tomar parte o ser usados por los bandos en disputa (federales y – directoriales – unitarios ). Lo cierto es que uno podría preguntarse que quedaba ya de las Provincias “Unidas” , rodeadas e inmersas en grandes dificultades y guerras internas. Sin embargo, algo había más allá de lo visible entre esos pueblos, una conciencia de Nación que los atravesaba más allá de sus disputas domésticas. Como bien había dicho Artigas «las desavenencias domésticas que separan a federales y centralistas, no han de servir para restablecer el dominio español en estos países».
Enero de 1820
Los hechos
El 1 de Enero insurrección militar encabezada por Rafael de Riego en España.
El 8 de enero se produce el Motín de Arequito.
El 9 de enero Sublevación de Mariano Mendizábal en la provincia de San Juan
El 22 de enero: Batalla de Tacuarembó.
El 29 de enero Jorge IV de Inglaterra asciende al trono
El 1 de Enero arranca en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) donde sucede una insurrección militar encabezada por Rafael de Riego en España, que no es ni más ni menos que uno de los jefes del Ejército que se estaba armando en España para sofocar las sublevaciones al Río de la Plata. Una rebelión de los 22.000 soldados de la gran expedición a Ultramar que se había concentrado en Cádiz y que abandonaron la misión de embarcar para reprimir a los insurgentes americanos.
Este episodio inicia el Trienio Liberal de 1820 a 1823. Se trata de una Revolución liberal que va a reinstaurar la Constitución de 1812 en España en contra el absolutismo de Fernando VII.
El coronel Quiroga se alza en Alcalá de los Cazules y el comandante Rafael del Riego, al frente de las tropas destinadas a América, proclama en Cabezas de San Juan, la Constitución de 1812. En Madrid, el rey tiene que ceder a las presiones y se ve obligado a restaurar la Constitución de 1812, a convocar las Cortes y a abolir la Inquisición.
España comienza a vivir una guerra civil de carácter ideológico de magnitud y esa situación le quitaba el poder necesario para poder volcar toda su fuerza a recuperar sus colonias. Los liberales habían proclamado en 1812 una constitución, por el otro Fernando VII y el absolutismo. La constitución de 1812 ya advertía de entrada que el esquema colonia estaba terminado y que había que darle al imperio otra forma, la nación española no era solo la península y sino debía ser todo el imperio.
Es una reacción muy importante contra el absolutismo de Fernando VII que se ve obligado a jurar la famosa constitución de Cádiz, pero Fernando VII mostraría para nuestra suerte su incapacidad.
Esto es algo que no había visto en mis clases de Historia, si los criollos estaban divididos en sus luchas intestinas desde la independencia, ahora lo estaban los españoles también en toda la extensión de sus territorios. No se si hubiéramos podido continuar como independientes sin es fractura realista. San Martín sabría muy bien y en profundidad estas disputas intestinas. ¿Me pregunto cómo las habrá aprovechado en su campaña?
Pero esta noticia tardaría su tiempo en llegar a Buenos Aires, mientras tanto es una amenaza y un frente abierto en la mente de aquellos hombres del Río de la Plata.
Consecuencias:
Se suspende definitivamente la proyectada expedición reconquistadora al Río de la Plata y
Se inicia una guerra civil en el propio reino de españa que habría de enfrentar a liberales y absolutistas también en los territorios de América, debilitando de esta manera su capacidad ofensiva en el medio de la guerra de la independencia.
El 8 de enero se produce el Motín de Arequito: En octubre de 1819, Rondeau decidió reunir al Ejército del Norte, que bajaba hacia Santa Fe, para que lo ayude a enfrentar los conflictos con los caudillos. El Motín de Arequito fue la sublevación del Ejército del Norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata llevada a cabo en Arequito, Provincia de Santa Fe, contra la autoridad del Directorio que quería traerlo en su defensa contra los federales. Los jefes sublevados (Los coroneles Juan Bautista Bustos, Alejandro Heredia y José María Paz se sublevaron, desconociendo la autoridad de Cruz (era el jefe del Ejército del Norte) querían apartarse de la guerra civil y retomar el frente norte para continuar la lucha contra realistas del Alto Perú. Las tropas entrerrianas, dirigidas por Francisco Ramírez, y las santafecinas, bajo las órdenes de Estanislao López, se dirigieron hacia Buenos Aires en octubre de 1819 y el Directorio no vaciló en solicitar la ayuda del general Lecor, jefe de las tropas portuguesas que ocupaban Montevideo.
Rondeau escribía a Lecor sobre:
“que se hacia cada día mas urgente la necesidad de acabar con los enemigos comunes y que las tropas portuguesas ocupen el Entre Ríos para destruir el anarquismo, cuyos efectos comienzan a sentirse en esta banda, y obviar de esta manera los inconvenientes que han de poner José Artigas y demás caudillos al proyecto de pacificación de este virreinato”
El Director decidió entenderse con el gobernador portugués Carlos Ferderico Lecor y le propuso atacar a los federales hasta el río Paraná, esto es, quitarles Entre Ríos y Corrientes.23 Rondeau le anunció al embajador García este pacto, pero la carta cayó en manos de José Miguel Carrera en Montevideo, que abandonó la ciudad y se la llevó a Artigas. Carrera, ex director de Chile y feroz opositor de los directoriales. Este pretendía llegar de alguna manera a Chile, a vengar la derrota de su partido a manos de Bernardo O’Higgins y de San Martín, y la muerte de sus dos hermanos, fusilados en Mendoza.
Las consecuencias fueron tres: El comienzo del fin de la autoridad del Directorio que terminara en la Batalla de Cepeda, el comienzo de la Anarquía del año XX y finalmente la desaparición del propio Ejército del Norte. Lamentablemente el Motín sirvió para provocar la caída del Directorio en la batalla de Cepeda, pero no logró que prácticamente nada del Ejército del Norte regresara al frente de guerra contra los realistas. Bustos se quedó en Córdoba y se hizo elegir gobernador, y las demás fracciones del ejército fueron usadas en guerras entre provincias. La defensa del noroeste quedó definitivamente a cargo de Los Infernales. Los Infernales o División Infernal de Gauchos de Línea de la Provincia de Salta, liderados por Güemes.
El momento era propicio, rechazada la Constitución del ’19, López y Ramírez (gobernador de Entre Ríos), se preparaban para enfrentar a Buenos Aires, y cuando el General Rondeau salió con su ejército, fue derrotado en la Batalla de Cepeda por las fuerzas del Litoral.
Consecuencias:
Fin del centralismo porteño y permitió una nueva situación a las provincias que por primera vez se imponian al gobierno centralista de Buenos Aires,
Aparición del gobierno autónomo de la Provincia de Buenos Aires
El 9 de eneroSublevación de Mariano Mendizábal en la provincia de San Juan, Argentina. «El capitán Mendizábal y el teniente Francisco Solano del Corro dirigieron una revuelta de oficiales subalternos y sargentos. Arrestaron al coronel Severo García de Sequeira, jefe del regimiento, y se ascendieron a sí mismos al grado de coronel. El movimiento fue apoyado por el cabildo de San Juan, que incitó a los oficiales a arrestar a De la Roza, y poco después nombró a Mendizábal gobernador interino de la provincia de San Juan, segregada de hecho de la de Cuyo. En marzo sería nuevamente electo, como gobernador titular. Mendizábal y Del Corro no pudieron contener a las tropas, de modo que la ciudad quedó sometida a un saqueo brutal. El gobernador Luzuriaga pretendió aplastar la revuelta; pero, a pedido del cabildo sanjuanino – y también tras considerar que militarmente estaba en inferioridad de condiciones – ordenó a las tropas regresar a Mendoza. Los habitantes de San Juan habían contribuido tanto a la formación del Ejército de los Andes que reinaba la pobreza. A cambio, se las mantenía en una dependencia de la capital provincial, Mendoza, y su participación en el gobierno era mínima. Una revuelta en 1814 había llevado al gobierno a De la Roza, demostrando la vocación autonomista de la ciudad, pero éste estaba de hecho completamente subordinado al gobernador cuyano, Toribio de Luzuriaga.
Por su parte, los militares no deseaban ser enviados a luchar contra los federales del litoral, como había exigido el Director Rondeau, y estaban dispuestos a sublevarse. En la práctica, San Martín también se negaba a participar en la guerra civil, pero – si bien un primer intento había fracasado – el Director bien podría reemplazar en el cargo de comandante del Ejército de los Andes a San Martín. Poco después renunciaba al cargo de gobernador, y San Martín ordenaba a lo que quedaba del Ejército de los Andes en Cuyo cruzará la Cordillera hacia Chile, salvando la campaña al Perú.
Consecuencias:
La división de Cuyo en tres provincias.
La parte del Ejercito de los Andes que estaba en San Juan Cruza a Chile para continuar la campaña al Perú.
El 22 de enero: Batalla de Tacuarembó: Derrota del ejército artiguista contra la invasión portuguesa, poniendo fin a la resistencia oriental. El año comenzó con una nueva derrota para Artigas en enero, Andrés Latorre, fue sorprendido y derrotado en la Quebrada de Belarmino, con lo que se vio forzado a reingresar al territorio oriental. Latorre penetró hasta Tacuarembó, donde montó campamento esperando órdenes de Artigas, que había ido a Mataojo a buscar caballos. Pero el 22 de enero de 1820 el conde Figueira, al frente de 3.000 hombres, lo atacó por sorpresa a las 8 de la mañana y derrotó a las fuerzas artiguistas en la Batalla de Tacuarembó poniendo definitivo fin a la resistencia Oriental. El desastre de Tacuarembó fue el último enfrentamiento entre orientales y portugueses en el curso de la invasión. Artigas pasó a Entre Ríos, y solo quedó Rivera al frente de alguna tropa organizada en el territorio provincial.
Consecuencias:
Puso definitivo fin a la resistencia oriental y la Banda Oriental es incorporada a Portugal y luego al Imperio del Brasil.
Artigas entonces cruzó con 300 hombres el río Uruguay, dirigiéndose a Ábalos, donde había de procurar el apoyo de sus aliados entrerrianos y correntinos para sustentar su ya vacilante Protectorado. Francisco Ramírez, quien pretendía extender su mando a toda la región, lo enfrentó por las armas, produciéndose una serie de combates en junio y julio de 1820. Artigas, ya sin hombres ni recursos, se exilió en Paraguay.
El 29 de eneroJorge IV de Inglaterra asciende al trono. La vinculación de Jorge IV fue múltiple. Para empezar en 1825 se firmó en Buenos Aires el «Tratado de Amistad, Comercio y Navegación» entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Gran Bretaña, siendo el primer tratado que firmara la futura República Argentina con un país europeo, al que contribuyó con especial interés Canning. El tratado fue ratificado el 19 de febrero por el gobierno de Buenos Aires y el 10 de mayo por el de Londres. Al acuerdo con el Río de la Plata seguirán pactos comerciales con México, y con el recién creado Imperio del Brasil,Pero además bajo su reinado se produjo la guerra entre el Imperio del Brasil y la República de las Provincias Unidas del Río de la Plata donde la injerencias de sus funcionarios George Canning y Lord Ponsonby fueron fundamentales en los Tratados de paz que dieron por finalizado el conflicto y la independencia de la Banda Oriental. Casualidad que su reinado coincidiera con la década de 1820 a 1830.
Consecuencias:
Reconocimiento de la Independncias de las Provincias Unidas y firma de tratado de amistad.
Tratado de Paz con el Brasil
Estos 5 hechos que ocurrieron en enero de 1820, no tenían en esa época la velocidad del impacto que hoy estamos acostumbrados con Twitter, Whatsapp e Internet. Por lo tanto la velocidad del impacto estaba en función de la distancia. Esto es importante a la hora de analizar las consecuencias de los hechos, medidas en días, semanas o meses y hasta años.
Mi familia:Por aquel entonces por el lado de los Biscay (Vascos) la familia estaba en el sur de Francia, en la provincia vasca de Zuberoa (Soule) el bisabuelo de mi abuelo Bernard Biscay (1800-1878) Bernard Biscay había nacido en Tardets-Sorholus , enseñaba y firmaba cuanta acta de nacimiento y casamientos que se hacían en su comuna (era maestro) en el cantón de Tardets. Bernard en efecto había nacido el 19 de octubre de 1800, pero como por entonces no se usaba el Calendario Gregoriano, su documento dice que nació el 27 de Ventose del año IX del Calendario Revolucionario. Estaba casado con Madelaine Inchauspe (1800-1876). Por el lado de mi mamá la familia Gasol (Catalana) estaba en un pueblo de los Pirineos llamado Vilaller en localidad de Lérida en Cataluña. Ahí vivieron Domingo Gasol que era un labrador y su esposa María Morello. El poder en el orden nacional en Francia, lo ejercía un hermano del fallecido Luis XVI, con el nombre de Luis XVIII «el Deseado» , habiendo ya caído el régimen de Napoleón Bonaparte. Mientras que en España ya sabemos reinaba Don Fernando VII llamado casualmente «el Deseado» también.
El general don Juan Lavalle, Gobernador y Capitán General Provisorio de la Provincia de Buenos Aires, y el Comandante General de Campaña, don Juan Manuel de Rosas a efecto de poner término a los disturbios que han afligido a la provincia, y restablecer en ella el orden y la tranquilidad desgraciadamente perturbados, han convenido en los artículos siguientes. Articulo 1. Cesarán las hostilidades, y quedarán restablecidas, desde la fecha de la presente convención, todas las relaciones entre la ciudad y la campaña. Articulo 2. Se procederá a la mayor brevedad posible a la elección de representantes de la Provincia con arreglo a las leyes. Artículo 3. Quedando, como queda, el Comandante General don Juan Manuel de Rosas, especialmente, encargado de mantener y conservar la tranquilidad y seguridad de la campaña, tomará todas las medidas que juzgue convenientes, y proveerá, con noticia del Gobierno los empleos establecidos por las leyes y los que, atendidas las circunstancias extraordinarias, creyese necesario para el régimen y policía de ella hasta la instalación del gobierno permanente; debiendo ser auxiliado por el gobierno provisorio con los recursos de todo género necesario para este servicio. Articulo 4. Verificada que sea la elección del gobierno permanente, el gobernador provisorio don Juan Lavalle y Comandante General don Juan Manuel Rosas, le someterán las fuerzas de su mando. Articulo 5. El Gobierno de la Provincia reconocerá y pagará las obligaciones otorgadas por el Comandante General Rosas para el sostén de las fuerzas de su mando. Articulo 6. Los jefes y oficiales de línea y de milicias que han estado a las órdenes del comandante general don Juan Manuel de Rosas, tienen opción a los goces que les correspondan en sus respectivas clases. Artículo 7. Ningún individuo de cualquiera clase y condición que sea será molestado ni perseguido por su conducta u opiniones políticas anteriores a esta convención; las autoridades serán inexorables con el que de palabra o por escrito contravenga a lo estipulado en este artículo. En fe de lo cual y para hacer constar nuestro acuerdo, firmamos y ratificamos la presente convención, que consta de siete artículos, en dos ejemplares de un tenor en las Cañuelas, estancia de Miller, a veinte y cuatro días del mes de junio del año de Nuestro Señor, de mil ochocientos veinte y nueve.
MANIFESTACIÓN DEL EJERCITO Cuartel general en Cerro Largo. 12 de Julio de 1827. – Los Generales y Jefes que suscriben, han resuelto manifestar por sí y a nombre del ejército de operaciones, los sentimientos de que han sido animados al ver la magnánima resolución del gobierno, en 25 de junio anterior, por la que repele la convención preliminar celebrada por el enviado de la república señor don Manuel José García y la corte del Brasil. Aunque, la paz haya sido el voto más sagrado de su corazón, de ningún modo la habría deseado el ejército, no siendo honrosa para la república. Por eso es, que al ver la ya citada repulsa, se ha congratulado, y felicita al gobierno y a la nación entera por una resolución tan digna de un pueblo libre. El ejército se prepara a nuevos sacrificios en la convicción de la justicia de la causa que defiende, y con la más decidida confianza de conseguir nuevas victorias. Los infrascriptos desean que estos, sus sentimientos sean elevados al conocimiento del gobierno de la república, a cuyo fin se dirigen a S.E. el señor general en jefe, ofreciéndole las seguridades de su respeto. – Excmo. señor: – Juan Lavalleja, José María Paz, José María Aguirre, José Videla, Ramón A. Desa, Javier López, José María Videla, Francisco Rivero, Mariano Pestaña, Antonio Díaz, José Gabriel de la Oyuela, Niceto Vega, Juan Pedro Luna, Sixto Quesada, Pedro José Dión, Francisco Olmos, Agustín Rabelo, Luis Argerich, Juan Antonio Vázquez, Martín Albín, Isidoro Larraya, Hilarión Plasa, Francisco Muñiz, Segundo Roca, Anastasio Encina, Juan Pascual Martínez, Ignacio Correa, Benito Nazar, Melchor Alvarez, Cipriano Miró, Ramón Saavedra, Domingo Martínez, Francisco B. Moyano, Eduardo Frolé. – (del periódico Miscelánea Oriental del 19 de agosto de 1827. – y de otros diarios argentinos de la época). N. de A. – Estos Generales y Jefes, eran del ejército de línea. Las divisiones orientales, no estaban entonces en el ejército. Fuente: Eduardo Acevedo Díaz, Épocas Militares.
Vista en consejo de ministros la antecedente convención preliminar celebrada por el enviado de la república y la corte del Brasil y atendiendo a que dicho enviado, no sólo ha traspasado sus instrucciones, sino contravenido a la letra y espíritu de ellas, y a que las estipulaciones que contiene dicha convención, destruyen el honor nacional y atacan la independencia y todos los intereses esenciales de la república, el gobierno ha acordado y resuelve repelerla, como de hecho queda repetida. – Comuníquese esta resolución al soberano congreso constituyente, en la forma acordada.
RIVADAVIA
Julián S. de Agüero,
Francisco de la Cruz,
Salvador M. del Carril.
RESOLUCION del congreso general aprobando la anterior del presidente de la república:
Excmo. señor: – Con no menos sorpresa y asombro que V.E. ha visto el congreso la convención preliminar, celebrada y firmada por el plenipotenciario de esta república don Manuel José García con los de igual carácter del Imperio del Brasil, que en copia acompaña la nota que V.E. ha dirigido en 25 del corriente con todos los documentos que le son adjuntos, y que han sido atentamente reconocidos.
Afectado este cuerpo de un sentimiento profundo no ha podido vacilar un momento en expresarlo con aclamación unánime en apoyo de la justa repulsa con que V.E. ha desechado la citada convención. Felizmente se advierte esta misma impresión en todos los habitantes, y no se ve ni percibe, más que una voz de indignación en uniforme general consonancia.
Tan lejos de que este incidente ominoso pueda obrar resultados funestos, él producirá necesariamente entusiasmo que incrementando la gloria de nuestros triunfos, haga sentir al enemigo todo el peso de la cólera excitada en un fuerte contraste.
Entonces es cuando el espíritu público, redoblando sus esfuerzos, los lleva hasta el heroísmo.
V.E. está en estas mismas ideas y sentimientos; y el congreso, en su conformidad, se apresura a manifestarle la disposición en que se halla de cooperar eficazmente a las medidas que V.E. proponga y promover de su parte cuantas juzgue convenientes y estén en la esfera de sus atribuciones resolución a nombre del cuerpo nacional, tiene el honor de reiterarle las protestas de su mayor consideración.
José María Rojas, presidente
Juan C. Varela, secretario
Excmo. señor presidente de la república.
N.B. A la nota en que el gobierno daba cuenta al congreso de haber repelido la convención hecha por el señor García, acompañaba las instrucciones dadas por el gobierno a ese plenipotenciario, cuyo artículo segundo es como sigue:
Instrucciones que deberán regir al D. Manuel José García, en el DESEMPEÑO DE LA COMISION QUE SE LE MA CONFERIDO A I.A CÓRTE DEL JANEIRO.
El objeto principal que se propone conseguir el Gobierno por medio de la misión del Sr. D. Manuel José García á la corte del Janeiro, es acelerar la terminación de la guerra, y el restablecimiento de la paz entre la República y el Imperio del Brasil, según lo demandan imperiosamente los intereses de la nación. El gobierno deja á la habilidad, prudencia y celo del Sr. García la adopción de los medios que pueden emplearse para la ejecución de este importante
objeto; y por lo tanto se reduce solo á hacer las siguientes prevenciones.
1ra.. Luego que el Sr. García arribase a, puerto del Janeiro, en el carácter que inviste de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República cerca de S. M. I., se pondrá en comunicación con el Sr. Gordon, Ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña en la Corte del Brasil, y en el momento que obtenga por su intermedio las seguridades de ser dignamente recibido por S.M. I. para tratar de la paz, y en consecuencia el pasaporte competente, procederá á su desembarco, y á dar los demás pasos que corresponden al lleno de su misión. Si desgraciadamente no puede esto obtenerse, regresará á esta capital en un buque de guerra de S. M. B. á cuyo efecto pedirá los auxilios necesarios al espresado Sr. Gordon.
2da. En el caso que el Gobierno del Brasil se allane á tratar de la paz, el Sr. García queda plenamente autorizado para ajustar y concluir cualquiera convención preliminar, ó tratado, que tienda á la cesación de la guerra y al restablecimiento de la paz, entre la República y el Imperio del Brasil, en términos honorables, y con recíprocas garantías á ambos países, y que tenga por base la devolución de la Provincia Oriental, ó la erección y reconocimiento de dicho territorio en un Estado separado, libre é independiente, bajo las formas y reglas que sus propios habitantes eligieren y sancionaren: no debiendo exigirse en este último caso por ninguna de las partes beligerantes compensación alguna.
3ra El Sr. García podrá asegurar al Gobierno del Brasil, que allanado este paso, se entrará en seguida á tratar del arreglo de limites entre la República y el Imperio del Brasil, y á establecer y reglar las relaciones de amistad, comercio y navegación, de un modo que consulte la prosperidad y engrandecimiento recíproco de ámbos países.
4ta. Celebrada que sea la convención preliminar ó el tratado de paz, que se es- presa en el articulo segundo, el Sr. García lo remitirá al Gobierno con el Secretario de la Legación, instruyendo según corresponde, y esperará su ratificación y órdenes.
5ta. Si desgraciadamente el Gobierno del Brasil, sin dar lugar á la razón, se negase absolutamente á una transacción honorable y digna, el Sr. García pedirá su pasaporte, y regresará á esta capital á instruir á su Gobierno.
Buenos Aires, 19 de Abril de 1827.
RIVADAVIA. Francisco de la Cnuz.
Está conforme al original que se halla inserto en el registro de instrucciones que existe en el Ministerio de Negocios Estrangeros.
Domingo Olivera.
(El tratado que antecede, no se encuentra en el Registro Diplomático.)
El artículo 4o. previene al plenipotenciario, que hecha la convención de paz, la remita al gobierno de la república por el secretario de la legación. El artículo 5o. y último que, en caso de no arribarse a una transacción, pida sus pasaportes, para regresar a la capital. Buenos Aires, 19 de abril de 1827. – RIVADAVIA, Francisco de la Cruz.
Nota: Esta Convención Preliminar de Paz fue rechazada por el Congreso General Constituyente de la República Argentina y por el Presidente de la República Argentina, D. Bernardino Rivadavia, con fecha 25 de junio de 1827.
En nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad
La República de las Provincias Unidas del Río de la Plata y su
Magestad el Emperador del Brasil, deseando sinceramente poner término a
las desavenencias suscitadas, hacer cesar cuanto antes las calamidades
de la guerra y restablecer la armonía, amistad y buena inteligencia que
deben existir entre Naciones vecinas, especialmente cuando la riqueza y
prosperidad de ellas están tan íntimamente ligadas: Resolvieron ajustar
una Convención Preliminar que sirva de base al Tratado Definitivo de
Paz, que debe celebrarse entre ambas Altas Partes Contratantes, y para
este efecto nombraron a sus Plenipotenciarios, a saber:
La República de las Provincias Unidas del Río de la Plata al Ciudadano Dn. Manuel José García.
Su Magestad el Emperador del Brasil, al Ilustrísimo y
Excelentísimo Marqués de Queluz, de su Consejo de Estado, Senador del
Imperio, Grande de la Orden Imperial del Cruzero, Comendador de la de
Cristo, Ministro y Secretario de Estado de los Negocios Extranjeros. Al
Vizconde de San Leopoldo, de su Consejo de Estado, Grande y Sr. de la
Orden de San Pedro, Oficial de la Orden Imperial del Cruzero, Caballero
de la de Cristo, Ministro y Secretario de Estado de los Negocios del
Imperio; y al Marqués de Maceió, de su Consejo, Gentil hombre de su
Imperial Cámara, Oficial de la Orden Imperial del Cruzero, Caballero de
la de Cristo, Caballero de las de Torre y Espada y San Juan de
Jerusalén, Teniente Coronel del Estado Mayor del Ejército, Ministro y
Secretario de los Negocios de Marina.
Los cuales después de haber canjeado sus respectivos
Plenos-poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, acordaron y
convinieron en los Artículos siguientes.
Artículo Primero
La República de las Provincias Unidas del Río de la Plata
reconoce la Independencia é Integridad del Imperio de Brasil, y renuncia
a todos los derechos que podría pretender al territorio de la Prov.ª de
Montevideo, llamada hoy Cisplatina. Su Magestad el Emperador del Brasil
reconoce igualmente la Independencia é Integridad de la República de
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Artículo Segundo
Su Magestad el Emperador del Brasil promete del modo más solemne
que, de acuerdo con la Asamblea Legislativa del Imperio, cuidará de
arreglar con sumo esmero, la Provincia Cisplatina del mismo modo, ó
mejor aun, que las otras provincias del Imperio, atendiendo a que sus
habitantes hicieron el sacrificio de su independencia por la
incorporación al mismo Imperio: dándoles un régimen apropiado á sus
costumbres y necesidades, que no solo asegure la tranquilidad del
Imperio sino también la de sus vecinos.
Artículo Tercero
La República de las Provincias Unidas retirará sus tropas del
territorio Cisplatino después de la ratificación de esta Convención; las
cuales principiarán su marcha veinte y cuatro horas después que fueren
notificadas. La misma República pondrá las dichas tropas en pie de paz,
conservando solamente, el número necesario para mantener el orden y la
tranquilidad interior del país. Su Magestad Imperial, por su parte, hará
otro tanto en la misma Provincia.
Artículo Cuarto
La Isla de Martín García se podrá en el statu quo ante bellum, retirándose de ella las baterías y pertrechos.
Artículo Quinto
En atención á que la República de las Provincias Unidas ha
empleado Corsarios en la Guerra contra el Imperio del Brasil; halla
justo y honorable pagar el valor de las presas que se probaren haber
hecho los dichos Corsarios a los Súbditos Brasileros, cometiendo actos
de piratería.
Artículo Sexto
Se nombrará una Comisión mixta de súbditos de uno y otro
Estados, para el esclarecimiento y liquidación de las acciones que
resultaren del artículo anterior. Se acordarán entre ambos Gobiernos el
término y modo que se juzgase más conveniente y equitativo para los
pagos.
Artículo Séptimo
Los Prisioneros tomados de una y otra partes en mar y en tierra
desde el principio de las hostilidades, serán puestos en libertad
inmediatamente después de la ratificación de esta Convención.
Artículo Octavo
Con el fin de asegurar más los beneficios de la paz, y evitar
por lo pronto todo recelo, hasta que se consoliden las relaciones que
deben naturalmente existir entre ambos Estados Contratantes, sus
Gobiernos se comprometen a solicitar, juntos o separadamente, de su
grande y poderoso amigo, el Rey de la Gran Bretaña (Soberano Mediador
para el restablecimiento de la Paz), el que se digne garantirles por el
espacio de quince años la libre navegación del Río de la Plata.
Artículo Noveno
Cesarán las hostilidades por mar y por tierra desde la data de
la ratificación de la presente Convención. Las de Mar, en dos días hasta
Santa María; ocho, á Santa Catalina; quince, á Cabo Frío; veinte y dos,
á Pernambuco; cuarenta, hasta la Línea; sesenta, á la Costa del Este; y
ochenta, en los mares de Europa. Y quedarán restablecidos la
Comunicación y Comercio entre los súbditos y territorios de ambos
Estados en el pie en que se hallaban antes de la guerra. Conviniendo
desde ahora, las Altas Partes Contratantes, en celebrar con la brevedad
posible un Tratado de Comercio y Navegación, con el fin de dar á estas
relaciones toda la atención y arreglo que exige su mutuo interés y
prosperidad.
Artículo Décimo
La presente Convención Preliminar será ratificada por ambas
partes, y las ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Montevideo,
en el espacio de cinqüenta días desde su data, o antes si fuera
posible. Verificado que sea el canje, las Altas Partes Contratantes
nombrarán inmediatamente sus Plenipotenciarios para ajustar y conducir
el Tratado Definitivo de Paz.
En testimonio de lo que Nos, los abajo firmados,
Plenipotenciarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de su
Magestad el Emperador del Brasil, en virtud de nuestros respectivos
Plenos-Poderes, firmamos la presente Convención con nuestra mano y le
hicimos poner el sello de nuestras armas.
Hecha en la Ciudad de Río de Janeiro, á los veinte y cuatro días
del mes de Mayo del Año de Nuestro Señor Jesucristo, mil ochocientos
veinte y siete.
MANUEL JOSÉ GARCÍA
MARQUEZ DE QUELUZ
VIZCONDE DE SAN LEOPOLDO
MARQUEZ DE MACEYO
Ley fundamental dictada por el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 23 de enero de 1825
El presidente del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata tiene el honor de comunicar al Excmo. Gobierno de Buenos Aires, que reunidas ellas en Congreso han reproducido con fecha de ayer por medio de sus diputados y del modo más solemne, el pacto con que se ligaron desde le momento en que sacudieron el yugo de la antigua dominación española se constituyeron en nación independiente las bases de este pacto son las que se contienen en la ley adjunta.
El presidente al comunicarla, según en ella mismo se dispone, al excmo. Gobierno de Buenos Aires tiene la satisfacción de repetir a S.E. las consideraciones de respeto que le merece. Manuel Antonio de castro, presidente. Alejo Villegas, secretario. Excmo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ley
Sala de sesiones del Congreso General Constituyente
El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata ha acordado y decreta lo siguiente.
Artículo 1.- Las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidas en Congreso reproducen, por medio de sus diputados, y del modo más solemne, el pacto con que se ligaron desde el momento en que sacudiendo el yugo de la antigua dominación española se constituyeron en nación independiente, y protestan de nuevo emplear todas sus fuerzas, y todos sus recursos para afianzar su independencia nacional, y cuanto pueda contribuir a la felicidad general.
Artículo 2.- El Congreso General de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es y se declara Constituyente.
Artículo 3.- Por ahora, y hasta la promulgación de la constitución que ha de reorganizar el Estado, las provincias se regirán interinamente por sus propias instituciones.
Artículo 4.- Cuanto concierne a los objetos de independencia, integridad, seguridad, defensa, y prosperidad nacional, es del resorte privativo del Congreso.
Artículo 5.- El Congreso expedirá progresivamente las disposiciones que se hiciesen indispensables sobre los objetos mencionados en el artículo anterior.
Artículo 6.- La constitución que sancionare el Congreso será ofrecida a la consideración de las provincias, y no será promulgada, ni establecida en ellas hasta que haya sido aceptada.
Artículo 7.- Por ahora, y hasta la elección del poder ejecutivo nacional queda este provisoriamente encomendado al gobierno de Buenos Aires con las facultades siguientes:
Primera. Desempeñar todo lo concerniente a negocios extranjeros, nombramiento y recepción de ministros, y autorización de los nombrados.
Segunda. Celebrar tratados, los que no podrá ratificar sin obtener previamente especial autorización del Congreso.
Tercero. Ejecutar y comunicar a los demás gobiernos todas las resoluciones que el Congreso expida en orden a los objetos mencionados en el art. 4.
Cuarta. Elevar a la consideración del Congreso las medidas que conceptúe convenientes para la mejor expedición de los negocios del Estado.
Esta ley se comunicará a los Gobiernos de las Provincias Unidas por el Presidente del Congreso.
Manuel Antonio Castro, Presidente – Alejo Villegas, Secretario
Dada el 23 enero de 1825
El Argos de Buenos Aires, nro 113, 25 de enero de 1825
La Constitución de la República Argentina de 1826 fue sancionada por el Congreso General de 1824 y estableció una forma de gobierno «representativa republicana, consolidada en unidad de régimen, adoptando oficialmente la religión Católica Apostólica Romana».
Para la sanción de aquella constitución fueron consultadas las Provincias acerca de la forma de Estado: Salta y La Rioja se pronunciaron por el régimen unitario, al igual que Tucumán, pero curiosamente aclaró que quería conservar sus instituciones. Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tarija, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba se manifestaron por el sistema federal. San Luis, Catamarca, Corrientes y la Banda Oriental por lo que resolviese el Congreso, en tanto que Buenos Aires y Misiones no opinaron. La Constitución fue sancionada durante los años de enfrentamiento entre unitarios y federales, adoptando una clara postura centralista unitaria a favor de la ciudad de Buenos Aires. Esta constitución unitaria centralizaba las decisiones políticas en Buenos Aires dejando a las provincias subordinadas a las elecciones que dicha provincia tomara, sin participación en las ganancias aduaneras y con grandes limitaciones en el libre comercio. También entregaba a Buenos Aires prerrogativas personales como el hecho de que las autoridades provinciales y locales fueran elegidas por el Ejecutivo desde Buenos Aires, entre ellas el Gobernador, sin respetar las autonomías locales.(Wikipedia)
Sección primera. De la Nación y su culto
Artículo 1.- La Nación Argentina es para siempre libre e independiente de toda dominación extranjera.
Artículo 2.- No será jamás el patrimonio de una persona o de una familia.
Artículo 3.- Su religión es la Católica, Apostólica Romana, a la
que prestará siempre la más eficaz y decidida protección, y sus
habitantes el mayor respeto, sean cuales fueren sus opiniones
religiosas.
Sección II. De la ciudadanía
Artículo
4.- Son ciudadanos de la Nación Argentina: primero, todos los hombres
libres, nacidos en su territorio, y los hijos de éstos, donde quieran
que nazcan; segundo, los extranjeros que hayan combatido o combatieren
en los ejércitos de mar y tierra de la República; tercero, los
extranjeros establecidos en el país desde antes del año 16, en que
declaró solemnemente su independencia, que se inscriban en el registro
cívico; cuarto, los demás extranjeros establecidos o que se
establecieren después de aquella época que obtengan carta de ciudadanía.
Artículo 5.- Los derechos de ciudadanía se pierden: primero, por
la aceptación de empleos, distinciones o títulos de otra nación sin la
autorización del Congreso; segundo, por sentencia que imponga pena
infamante, mientras no se obtenga rehabilitación conforme a la ley.
Artículo 6.- Se suspenden: primero, por no haber cumplido veinte
años de edad, no siendo casado; segundo, por no saber leer ni escribir
(esta condición no tendrá efecto hasta quince años de la fecha de la
aceptación de esta Constitución); tercero, por la naturalización en otro
país; cuarto, por el estado de deudor fallecido declarado tal; quinto,
por el de deudor del tesoro público que, legalmente ejecutado al pago,
no cubre la deuda; sexto, por el de demencia; séptimo, por el de criado a
sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o
legalmente procesado en causa criminal en que pueda resultar pena
corporal o infamante.
Sección III. De la forma de Gobierno
Artículo 7.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana, consolidada en unidad de régimen.
Artículo 8.- Delega al efecto el ejercicio de su soberanía en los
tres altos Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bajo las
restricciones expresadas en esta Constitución.
Sección IV. Del Poder Legislativo
Capítulo primero. De la Cámara de Representantes
Artículo
9.- El Poder Legislativo se expedirá por un Congreso compuesto de dos
Cámaras, una de representantes y otra de senadores.
Artículo 10.- La Cámara de Representantes se compondrá de
diputados elegidos por nombramiento directo de los pueblos y a simple
pluralidad de sufragios, en la proporción de uno por quince mil
habitantes, o de una fracción que iguale al número de ocho mil.
Artículo 11.- Los diputados para la primera legislatura se
nombrarán en la proporción siguiente: por la capital, cinco; por el
territorio desmembrado de la capital, cuatro; por la provincia de
Córdoba, seis; por la de Catamarca, tres; por la de Corrientes, tres;
por la de Entre Ríos, dos; por la de Montevideo, cuatro; por la de
Mendoza, dos; por la de Misiones, uno; por la de La Rioja, dos; por la
de Salta y Jujuy, tres; por la de Santiago del Estero, cuatro; por la de
San Juan, dos; por la de San Luis, dos; por la de Santa Fe, uno; por la
de Tucumán, tres, y por la de Tarija, dos.
Artículo 12.- Para la segunda legislatura deberá realizarse el
censo general y arreglarse a él el número de diputados; pero ese censo
sólo podrá renovarse cada ocho años.
Artículo 13.- Podrá votar en la elección de representantes todo
ciudadano expedito en el ejercicio de sus derechos, con arreglo a los
artículos 4.º, 5.º y 6.º
Artículo 14.- Por esta vez reglará cada junta de provincia los
medios de hacer efectiva la elección directa de los representantes, en
conformidad a los artículos anteriormente citados; para lo sucesivo el
Congreso expedirá una ley general.
Artículo 15.- Ninguno podrá ser representante sin que tenga las
calidades de siete años de ciudadano antes de su nombramiento,
veinticinco años cumplidos, un capital de cuatro mil pesos o, en su
defecto, arte, profesión u oficio útil y que no esté dependiente del
Poder Ejecutivo por servicio a sueldo. (Esta condición, por el término
de diez años, sólo tendrá efecto respecto de los empleados ad nutum
amovibles.)
Artículo 16.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, pero la sala se renovará por mitad cada bienio.
Artículo 17.- Los que fueren nombrados para la primera
legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el
primer bienio.
Artículo 18.- La Cámara de Representantes tiene exclusivamente la
iniciativa en la imposición de contribuciones, quedando al Senado la
facultad de admitirlas, rehusarlas u objetarle reparos.
Artículo 19.- Ella tiene igualmente el derecho exclusivo de
acusar ante el Senado al Presidente de la República y sus ministros, a
los miembros de ambas Cámaras y a los de la Alta Corte de Justicia por
delitos de traición, concusión, malversación de los fondos públicos,
violación de la Constitución, particularmente con respecto a los
derechos primarios de los ciudadanos, u otros crímenes que merezcan pena
infamante o de muerte.
Artículo 20.- Los representantes, en el acto de su incorporación,
prestarán juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en
todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución.
Artículo 21.- Ninguno después de incorporado podrá recibir empleo
del Poder Ejecutivo sin el consentimiento de la Cámara y sin que quede
vacante su representación en el acto de admitirlo, salvo los empleos de
escala.
Artículo 22.- Serán compensados por sus servicios con una dotación que señalará la ley.
Capítulo II. Del Senado
Artículo
23.- Formarán la Cámara del Senado los senadores nombrados por la
capital y provincias en el número y forma siguiente: Cada una formará
por votación directa del pueblo, de conformidad con lo establecido en
los Artículos 13 y 14, una Junta de once individuos que hayan de ejercer
la función de electores y que reúnan las mismas calidades exigidas para
representantes en el Artículo 15. Los electores, reunidos en la capital
de la provincia, al menos en las dos terceras partes, y elegidos de
entre ellos mismos presidente y secretario, votarán para senadores en un
solo acto por balotas firmadas, por dos individuos de los que al menos
uno no sea ni natural ni vecino de aquella provincia. Concluida la
votación y firmada el acta por todos los vocales se remitirá, cerrada y
sellada, por conducto del Poder Ejecutivo, al presidente del Senado (la
primera vez al del Congreso). El presidente abrirá los pliegos ante el
Senado (en la primera vez ante el Congreso) y hará leer las actas de las
Juntas Electorales, que pasarán luego a una Comisión para que abra
dictamen, tanto sobre la validez de las formas como sobre el número de
sufragios que reúnan los candidatos. Serán proclamados senadores por
deliberación del Senado (o del Congreso la primera vez), reunido al
menos en sus dos terceras partes, los que, guardadas las formas, hayan
obtenido en las respectivas Juntas Electorales una mayoría absoluta de
sufragios. Si aquéllas no se hubieran guardado se repetirá la elección
por las mismas Juntas Electorales; y si no hubiera resultado una mayoría
absoluta, el Senado (en su caso el Congreso) formará una terna de los
que hayan obtenido mayor número de votos y elegirá de entre ellos por
mayoría absoluta de votos al que crea más conveniente. Si no resultase
en esta votación mayoría absoluta, se reducirá entonces a los dos
individuos que hayan obtenido en ella más sufragios, decidiendo el voto
del presidente, el que debe ser excluido en caso de haber habido empate
para que los candidatos queden reducidos a dos. En este caso, fijada de
nuevo la elección entre los dos individuos que resulten, se procederá a
nueva votación y será proclamado senador el que reúna mayoría absoluta
de sufragios, volviendo a decidir el presidente en el caso de nuevo
empate. Si alguno de los senadores hubiese obtenido mayoría absoluta en
la Junta Electoral, el procedimiento del Senado (o en su caso del
Congreso), para concluir la elección de ambos senadores, se hará por
actos separados y bajo las mismas formas para cada uno.
Artículo 24.- Ninguno será nombrado senador que no tenga la edad
de treinta y seis años cumplidos, nueve de ciudadano, un capital de diez
mil pesos, o una renta equivalente, o profesión científica capaz de
producirla.
Artículo 25.- Los senadores, en caso de su incorporación, prestarán el juramento prescripto en el Artículo 20.
Artículo 26.- Durarán en el cargo por el tiempo de nueve años,
renovándose por terceras partes cada trienio, y se decidirá por la
suerte, luego que todos se reúnan, quiénes deban salir el primero y
segundo trienio.
Artículo 27.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Sala de Representantes.
Artículo 28.- La concurrencia de las dos terceras partes de
sufragios hará sentencia contra el acusado únicamente al efecto de
separarlo del empleo.
Artículo 29.- La parte convencida y juzgada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a la ley.
Artículo 30.- Los senadores serán compensados por sus servicios con la dotación que les señalará la ley.
Capítulo III. De las atribuciones comunes a ambas Cámaras
Artículo
31.- Ambas Cámaras se reunirán en la capital y tendrán sus sesiones
diarias en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre,
debiendo permanecer en ella sus miembros en los meses restantes del año.
Artículo 32.- Cada Sala será privativamente el juez para calificar la elección de sus miembros.
Artículo 33.- Nombrará su presidente, vicepresidente y oficiales;
señalará el tiempo de la duración de unos y otros, y prescribirá el
orden para los debates y para facilitar el despacho de sus
deliberaciones.
Artículo 34.- Ninguna de las Salas comenzará sus funciones
mientras que no hayan llegado al lugar de las sesiones y se reúnan en
cada una de ellas dos terceras partes de sus miembros; pero un número
menor podrá compeler a los que no hayan concurrido a verificarlo, en los
términos y bajo los apremios que cada Sala proveerá.
Artículo 35.- Los senadores y representantes jamás serán responsables por sus opiniones, discursos o debates.
Artículo 36.- Tampoco serán arrestados por ninguna otra autoridad
durante su asistencia a la legislatura y mientras vayan y vuelvan de
ella, excepto el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de
algún crimen que merezca pena de muerte, infamia u otra aflictiva, de
lo que se dará cuenta a la Sala respectiva con la información sumaria
del hecho.
Artículo 37.- Cuando se forme querella por escrito ante las
justicias ordinarias contra cualquier senador o representante, por
delito que no sea de los expresados en el Artículo 19, examinado el
mérito del sumario en juicio público podrá cada Sala, con dos tercios de
votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición
del tribunal competente para su juzgamiento.
Artículo 38.- Puede igualmente cada Sala corregir a cualquiera de
sus miembros, con igual número de votos, por desorden de conducta en el
ejercicio de sus funciones o removerlos por inhabilidad física o moral,
sobreviniente a su incorporación; pero bastará la mayoría de uno sobre
la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que
voluntariamente hicieren de sus cargos.
Artículo 39.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a sus
Salas a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir los informes que
estime convenientes.
Capítulo IV. De las atribuciones del Congreso
Artículo 40.- Al Congreso corresponde declarar la guerra, oídos los motivos que exponga el Poder Ejecutivo.
Artículo 41.- Recomendar al mismo, cuando lo estime conveniente, la negociación de la paz.
Artículo 42.- Fijar la fuerza de línea de mar y tierra en tiempo de paz y guerra.
Artículo 43.- Mandar construir o equipar las escuadras nacionales.
Artículo 44.- Fijar cada año los gastos generales con presencia de los presupuestos presentados por el Gobierno.
Artículo 45.- Recibir anualmente la cuenta de la inversión de los fondos públicos, examinarla y aprobarla.
Artículo 46.- Establecer derechos de importación y exportación y
por un tiempo, que no pase de dos años, imponer, para atender a las
urgencias del Estado, contribuciones proporcionalmente iguales en todo
el territorio.
Artículo 47.- Ordenar los empréstitos que hayan de negociarse sobre los fondos del Estado.
Artículo 48.- Fijar la ley, valor, peso y tipo de la moneda.
Artículo 49.- Establecer tribunales inferiores a la alta corte de justicia y reglar las formas de los juicios.
Artículo 50.- Acordar amnistías cuando grandes motivos de interés público lo reclamen.
Artículo 51.- Crear y suprimir empleos de toda clase.
Artículo 52.- Reglar el comercio interior y exterior.
Artículo 53.- Demarcar el territorio del Estado y fijar los
límites de las provincias, sin perjuicio de la permanencia de las
enumeradas en el Artículo 11.
Artículo 54.- Habilitar puertos en las costas del territorio
cuando lo crea conveniente y elevar las poblaciones al rango de villas,
ciudades, provincias en los casos y con las calidades que la ley
prefije.
Artículo 55.- Formar planes generales de educación pública.
Artículo 56.- Acordar premios a los que hayan hecho o hicieren grandes servicios a la nación.
Artículo 57.- Acordar a los autores o inventores de establecimientos útiles privilegios exclusivos por tiempo determinado.
Artículo 58.- Hacer, en fin, todas las demás leyes y ordenanzas
de cualquier naturaleza, que reclame el bien del Estado; modificar,
interpretar y abrogar las existentes.
Capítulo V. De la formación de las Leyes
Artículo
59.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras que
componen el cuerpo legislativo, por proyectos presentados por sus
miembros o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros.
Artículo 60.- Se exceptúan de esta regla las relativas a los objetos de que trata el Artículo 18.
Artículo 61.- Aprobado un proyecto de ley en la Cámara en que
haya tenido principio, se pasará a la otra para que, discutido en ella,
lo apruebe o lo deseche.
Artículo 62.- Ningún proyecto de ley desechado por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Artículo 63.- Los proyectos de ley aprobados por ambas Cámaras pasarán al Poder Ejecutivo.
Artículo 64.- Si el Poder Ejecutivo los suscribe, o en el término
de diez días no los devuelve objecionados, tendrán fuerza de ley.
Artículo 65.- Si encuentra inconvenientes, el Poder Ejecutivo los
devolverá, con los reparos que juzgue necesarios, a la Cámara donde
tuvieron su origen.
Artículo 66.- Reconsiderados en ambas Cámaras, con presencia de
aquéllos, dos tercios de sufragios en cada una de ellas harán su última
sanción.
Artículo 67.- Las votaciones de ambas Cámaras serán entonces
nominales, por sí, o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los
sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán
inmediatamente por la Prensa.
Sección V. Del Poder Ejecutivo
Capítulo primero. Naturaleza y calidades de este poder
Artículo
68.- El Poder Ejecutivo de la nación se confía y encarga a una sola
persona, bajo el título de Presidente de la República Argentina.
Artículo 69.- Ninguno podrá ser elegido Presidente que no haya
nacido ciudadano de la República y no tenga las demás calidades exigidas
por esta Constitución para ser senador.
Artículo 70.- Antes de entrar al ejercicio del cargo, el
Presidente electo hará en manos del Presidente del Senado, y a presencia
de las dos Cámaras reunidas, el juramento siguiente: «Yo (N…) juro
por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, que desempeñaré
debidamente el cargo de Presidente, que se me confía; que protegeré la
Religión Católica, conservaré la integridad e independencia de la
República y observaré fielmente la Constitución».
Artículo 71.- El Presidente durará en su cargo por el término de cinco años, y no podrá ser reelecto a continuación.
Artículo 72.- En caso de enfermedad o ausencia del Presidente, o
mientras se procede a nueva elección por su muerte, renuncia o
destitución, el Presidente del Senado le suplirá, y ejercerá las
funciones anexas al Poder Ejecutivo, quedando entretanto suspenso de las
de senador.
Capítulo II. De la forma y tiempo de la elección del Presidente
Artículo
73.- El Presidente de la República será elegido en la forma siguiente:
En la capital, y en cada provincia, se nombrará una junta de quince
electores, con las mismas calidades y bajo las mismas formas que para la
elección de senadores.
Artículo 74.- Reunidos los electores en la ciudad capital de cada
una de aquéllas, cuatro meses antes que expire el término del
Presidente que acabe, y en un mismo día, que fijará la legislatura,
votarán por un ciudadano para Presidente de la República por balotas
firmadas.
Artículo 75.- Concluida la votación, y firmada el acta por todos
los vocales, se remitirá por el presidente de la junta electoral,
cerrada y sellada, al Presidente del Senado.
Artículo 76.- El Presidente del Senado, reunidas todas las actas, las abrirá a presencia de ambas Cámaras.
Artículo 77.- Asociados a los Secretarios cuatro miembros del
Congreso, sacados a la suerte, procederán inmediatamente a formar el
escrutinio y anunciar lo que resulte de los sufragios, en favor de cada
candidato.
Artículo 78.- El que reúna las dos terceras partes de todos los
votos, será proclamado inmediatamente Presidente de la República.
Artículo 79.- Si ninguno reuniere las dos terceras partes de los
sufragios de los electores, procederá el Congreso a consumar la
elección, en los mismos términos prevenidos en los Artículos 22 y 23,
sobre la elección de los senadores.
Artículo 80.- La elección del Presidente debe quedar concluida en
una sola sesión, publicándose en seguida por la Prensa las actas de las
juntas electorales.
Capítulo III. De las atribuciones del Poder Ejecutivo
Artículo 81.- El Presidente es el jefe de la administración general de la República.
Artículo 82.- Publica y hace ejecutar las leyes y decretos del Congreso, reglando su ejecución por reglamentos especiales.
Artículo 83.- Convoca al Congreso a la época prefijada por la
Constitución, o extraordinariamente, cuando graves circunstancias lo
demanden.
Artículo 84.- Hace anualmente la apertura de sus sesiones,
reunidas ambas Cámaras al efecto en la sala del Senado, informándoles en
esta ocasión del estado político de la nación y de las mejoras y
reformas que considere dignas de su atención.
Artículo 85.- Expide las órdenes convenientes para que las
elecciones que correspondan de senadores y diputados se hagan en
oportunidad y con arreglo a la ley, dando cuenta al Congreso de los
abusos que advirtiere.
Artículo 86.- Es el jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra,
exclusivamente encargado de su dirección en paz o en guerra; pero no
puede mandar en persona el Ejército sin especial permiso del Congreso,
con el sufragio de las dos terceras partes de cada Cámara.
Artículo 87.- Provee a la seguridad interior y exterior del Estado.
Artículo 88.- Publica la guerra y la paz y toma por sí mismo cuantas medidas puedan contribuir a prepararlas.
Artículo 89.- Hace los tratados de paz, amistad, alianza,
comercio y cualquiera otros; pero no puede ratificarlos sin la
aprobación y consentimiento del Senado. En el caso que se estipule la
cesión de alguna parte del territorio, o cualquier género de gravámenes
pecuniarios contra la nación, será con el consentimiento de ambas
Cámaras y con las dos terceras partes de votos.
Artículo 90.- Nombra y destituye a los Ministros secretarios de Estado y del despacho general.
Artículo 91.- Nombra igualmente las Embajadores, Ministros
plenipotenciarios, Enviados, Cónsules generales y demás agentes, con
aprobación del Senado.
Artículo 92.- Mientras el Senado tenga suspendidas sus sesiones
podrá, en caso de urgencia, hacer los nombramientos necesarios para los
empleos indicados en el Artículo anterior; obteniendo su aprobación
luego que se halle reunido.
Artículo 93.- Recibe, según las formas establecidas, los Ministros y agentes de las naciones extranjeras.
Artículo 94.- Expide las cartas de ciudadanía, con sujeción a las formas y calidades que exige la ley.
Artículo 95.-Ejerce el patronato general respecto a las iglesias,
beneficios y personas eclesiásticas, con arreglo a las leyes: nombra a
los arzobispos y obispos a propuesta en terna del Senado.
Artículo 96.- Todos los objetos y ramos de Hacienda y Policía,
los establecimientos públicos, y nacionales, científicos y de todo
género, formados y sostenidos con fondos del Estado las casas de moneda,
Bancos nacionales, correos, postas y caminos son de la suprema
inspección y resorte del Presidente de la República, bajo las leyes y
ordenanzas que los rigen o que en adelante formare el Cuerpo
legislativo.
Artículo 97.- Provee todos los empleos que no le son reservados por esta Constitución.
Artículo 98.- Puede pedir a los jefes de todos los ramos y
departamentos de la Administración, y por su conducto a los demás
empleados, los informes que crea convenientes, y ellos son obligados a
prestarlos.
Artículo 99.- Puede indultar de la pena capital a un criminal,
previo informe del tribunal o Juez de la causa, cuando medien graves o
poderosos motivos, salvo los delitos que la ley exceptúa.
Artículo 100.- Provee, con arreglo a ordenanza, a las consultas
que se le hagan en los casos que ella previene sobre las sentencias
pronunciadas por los Juzgados militares.
Artículo 101.- Recibirá por sus servicios la dotación establecida
por la ley, que ni se aumentará ni se disminuirá durante el tiempo de
su mando.
Capítulo IV. De los Ministros
Artículo
102.- Cinco Ministros secretarios, a saber: de Gobierno, de Negocios
Extranjeros, de Guerra, de Marina y de Hacienda tendrán a su cargo el
despacho de los negocios de la República y autorizarán las resoluciones
del Presidente, sin cuyo requisito no tendrán efecto.
Artículo 103.- El Presidente puede reunir accidentalmente el despacho de dos departamentos a cargo de un solo Ministro.
Artículo 104.- Los cinco Ministros secretarios forman el Consejo
de Gobierno, que asistirá con sus dictámenes al Presidente en los
negocios de más gravedad y trascendencia.
Artículo 105.- El Presidente oirá los dictámenes del Consejo, sin
quedar obligado a sujetarse a ellos en las resoluciones que tuviere a
bien tomar.
Artículo 106.- En los casos de responsabilidad, los Ministros no
quedarán exentos de ella por la concurrencia de la firma o
consentimiento del Presidente de la República.
Artículo 107.- Los Ministros no podrán por sí solos, en ningún
caso, tomar deliberaciones sin previo mandato o consentimiento del
Presidente de la República, a excepción de lo concerniente al régimen
especial de sus respectivos departamentos.
Artículo 108.- No podrán ser diputados ni senadores sin hacer dimisión de sus empleos de Ministros.
Artículo 109.- Gozarán de una compensación por sus servicios
establecida por la ley, que no podrá ser aumentada ni disminuida en
favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.
Sección VI. Del Poder Judicial
Capítulo primero. De la Corte Suprema de Justicia
Artículo
110.- El Poder Judicial de la República será ejercido por la Alta Corte
de Justicia, tribunales superiores y demás Juzgados establecidos por la
ley.
Artículo 111.- Una Corte de Justicia compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales ejercerá el supremo Poder Judicial.
Artículo 112.- Ninguno podrá ser miembro de ella que no sea
letrado recibido con ocho años de ejercicio, cuarenta de edad y que no
reúna las calidades necesarias por esta Constitución para ser senador.
Artículo 113.- El Presidente y demás miembros de la Alta Corte de
Justicia serán nombrados por el Presidente de la República, con noticia
y consentimiento del Senado.
Artículo 114.- En la primera instalación de la Corte los
provistos prestarán juramento en manos del Presidente de la República de
desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente;
en lo sucesivo lo prestarán ante el de la misma Corte.
Artículo 115.- El presidente de la Alta Corte de Justicia durará
en el ejercicio de las funciones de tal por el término de cinco años;
pero todos sus miembros permanecerán en sus respectivos cargos mientras
dure su buena comportación, debiendo preceder, para ser destítuidos,
juicio y sentencia legal.
Artículo 116.- Los miembros de la Alta Corte de Justicia no
pueden ser senadores ni representantes sin hacer dimisión de sus
empleos, ni pueden ser empleados en otros destinos por el Presidente de
la República sin su consentimiento y aprobación de la Corte.
Artículo 117.- La Alta Corte de Justicia nombrará sus oficiales en el número y forma que prevenga la ley.
Artículo 118.- Conocerá originaria y exclusivamente en todos los
asuntos en que sea parte una provincia o que se susciten entre provincia
y provincia o pueblos de una misma provincia sobre límites y otros
derechos contenciosos promovidos de modo que deba recaer sobre ellos
formal sentencia.
Artículo 119.- En las cuestiones que resulten con motivos de
contrato o negociaciones del Poder Ejecutivo o de sus agentes bajo su
inmediata aprobación.
Artículo 120.- En las causas de todos los funcionarios públicos
de que hablan los Artículos 19, 27, 28 y 29 y respecto de los casos en
ellos indicados.
Artículo 121.- En las que conciernen a los Embajadores, Ministros
Plenipotenciarios, Enviados, Cónsules y Agentes diplomáticos de las
Cortes extranjeras.
Artículo 122.- Para el conocimiento de los negocios que en los
cuatro Artículos anteriores se atribuye originariamente a la Alta Corte
de Justicia se dividirá ésta en dos salas. La primera, compuesta de tres
de sus miembros, conocerá de la primera instancia, y la otra, compuesta
de los seis miembros restantes, conocerá de la segunda y última
instancia.
Artículo 123.- Conocerá en último grado de los recursos que en
los casos y forma que la ley designe se eleven de los tribunales
subalternos, y de las causas del Almirantazgo, de todos los negocios
contenciosos de Hacienda y de los crímenes cometidos contra el derecho
público de las naciones.
Artículo 124.- Dirimirá las competencias que se susciten entre los demás tribunales superiores de la Nación.
Artículo 125.- Examinará los breves y bulas pontificias y abrirá dictamen al Poder Ejecutivo sobre su admisión o retención.
Artículo 126.- Conocerá de los recursos de fuerza de los tribunales superiores eclesiásticos de la capital.
Artículo 127.- Informará de tiempo en tiempo al Cuerpo
Legislativo de todo lo conveniente para la mejora de la administración
de justicia y elevará todas las dudas que le propusiesen los demás
tribunales sobre la inteligencia de las leyes.
Artículo 128.- Los juicios de la Alta Corte de Justicia y la votación definitiva serán públicos.
Artículo 129.- Sus miembros gozarán de una compensación que no podrá ser disminuida mientras duren en sus puestos.
Sección VII. De la Administración Provincial
Capítulo primero. De los Gobernadores
Artículo 130.- En cada provincia habrá un Gobernador que la rija, bajo la inmediata dependencia del Presidente de la República.
Artículo 131.- Tendrá la edad de treinta años y las calidades necesarias para senador.
Artículo 132.- El Presidente nombra los Gobernadores de las provincias a propuesta en terna de los Consejos de Administración.
Artículo 133.- Son encargados de ejecutar en ellas las leves
generales dadas por la legislatura nacional, los decretos del Presidente
de la República y las disposiciones particulares acordadas por los
Consejos de Administración.
Artículo 134.- A ellos corresponde proveer, con las formalidades
que los Consejos de Administración establezcan, todos los empleos
dotados por las rentas particulares de las provincias.
Artículo 135.- Durarán en el ejercicio de sus funciones por tres
años y no podrán ser reelectos a continuación en la misma provincia.
Artículo 136.- Gozarán de una compensación que les designará la ley.
Capítulo II. De los Tribunales Superiores de Justicia
Artículo
137.- Se establecerán Tribunales Superiores de Justicia en las
capitales de aquellas provincias que la legislatura juzgue conveniente,
atendidas las ventajas de su situación geográfica, población y demás
circunstancias.
Artículo 138.- Conocerán en grado de apelación de los recursos
que se eleven a ellos de los Juzgados de primera instancia y de los
demás negocios que les correspondan por ley, no sólo del territorio de
la provincia de su residencia, sino del de las demás que la ley declare
dependientes a este respecto.
Artículo 139.- Se compondrán los Tribunales Superiores de Jueces
letrados, nombrados por el Presidente de la República a propuesta en
terna de la Alta Corte de Justicia; su número será fijado por la ley.
Capítulo III. De los Consejos de Administración
Artículo
140.- En cada capital de provincia habrá un Consejo de Administración
que, velando por su prosperidad, promueva sus particulares intereses.
Artículo 141.- El número de personas que compongan dichos
Consejos no podrá ser menor de siete ni mayor de quince. La legislatura
lo fijará en cada capital, habida consideración a la población y demás
circunstancias políticas de la provincia.
Artículo 142.- Los miembros de los Consejos de Administración
interior serán elegidos popularmente por nombramiento directo, en los
mismos términos y bajo las mismas formas que los representantes
nacionales.
Artículo 143.- Todo lo concerniente a promover la prosperidad y
el adelantamiento de las provincias, su policía interior, la educación
primaria, obras públicas y cualesquiera establecimientos costeados y
sostenidos por sus propias rentas será reglado por los Consejos de
Administración.
Artículo 144.- Por ellos mismos se establecerán los empleos que
sean necesarios para el buen régimen de cada provincia y se reglarán las
formalidades que deben observarse en su previsión.
Artículo 145.- Los Consejos de Administración acordarán
anualmente el presupuesto de los gastos que demande el servicio interior
de las provincias.
Artículo 146.- El presupuesto de que habla el Artículo anterior
se pasará oportunamente al Presidente de la República para que, con el
presupuesto general de los gastos que demande el servicio del Estado,
sea presentado a la aprobación de la legislatura nacional.
Artículo 147.- Para cubrir los gastos del servicio interior de
las provincias los Consejos de Administración establecerán en ellas sus
rentas particulares y reglarán su recaudación.
Artículo 148.- Las rentas de que habla el Artículo anterior
consistirán precisamente en impuestos directos, pues que toda
contribución indirecta queda adscripta al tesoro común de la Nación.
Artículo 149.- Las rentas particulares que se arreglen en cada
provincia por los Consejos de Administración no se llevarán a efecto sin
haber obtenido la aprobación de la legislatura nacional, y el orden que
se establezca para su recaudación se sujetará igualmente a la
aprobación del Presidente de la República.
Artículo 150.- Mientras las rentas establecidas, atendido el
estado actual de las provincias, no alcancen a cubrir sus gastos
ordinarios se les suplirá del Tesoro nacional lo que falte, llevando a
cada provincia una cuenta particular de estos suplementos, que serán
reintegrados en proporción que sus rentas mejoren.
Artículo 151.- Si después de cubiertos los gastos de la provincia
sus rentas dejasen algún sobrante éste será invertido precisamente en
la provincia misma y en aquellas obras o establecimientos que el Consejo
de Administración acuerde, previa la aprobación de la legislatura
nacional.
Artículo 152.- En las provincias no podrá exigirse de los
ciudadanos servicio alguno ni imponerse multas o cualquier otra exacción
fuera de las establecidas por leyes generales sin la especial
autorización de los Consejos de Administración.
Artículo 153.- La cuenta de la recaudación e inversión de las
rentas de cada provincia se presentará a su respectivo Consejo de
Administración y éste, después de examinarla, la pasará, con su juicio,
al presidente de la República para que, con las cuentas de la
Administración general, se sometan todas a la aprobación de la
legislatura nacional.
Artículo 154.- Los Consejos de Administración tienen el derecho
de petición directa a la legislatura nacional y al Presidente de la
República o para reclamar cuanto juzguen conveniente a su propia
prosperidad o para exigir la reforma de los abusos que se introduzcan en
su régimen y administración.
Artículo 155.- Los individuos que componen el Consejo de
Administración no tendrán en caso alguno que responder por sus opiniones
ni estarán sujetos por ellas a otro juicio que al de la censura
pública.
Artículo 156.- Durarán en el ejercicio de sus funciones por dos años y serán reemplazados cada año por mitad.
Artículo 157.- No recibirán compensación alguna por este servicio.
Artículo 158.- Para que los Consejos de Administración se expidan
uniformemente en el ejercicio de sus importantes funciones, el
Presidente de la República formará desde luego un reglamento en que se
establezca la policía interior de estos Cuerpos, los períodos de su
reunión y el orden que deben observar en sus debates y resoluciones.
Este reglamento irá mejorando según lo aconseje la experiencia y lo
representen los mismos Consejos.
Sección VIII. De Disposiciones Generales
Artículo
159.- Todos los habitantes del Estado deben ser protegidos en el goce
de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser
privado de ellos sino conforme a las leyes.
Artículo 160.- Los hombres son de tal manera iguales ante la ley
que ésta, bien sea penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para
todos y favorecer igualmente al poderoso que al miserable para la
conservación de sus derechos.
Artículo 161.- La libertad de publicar sus ideas por la Prensa,
que es un derecho tan apreciable al hombre como esencial para la
conservación de la libertad civil, será plenamente garantida por las
leyes.
Artículo 162.- Las acciones privadas de los hombres, que de
ningún modo ofenden al orden público ni perjudican a un tercero, están
sólo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los Magistrados.
Artículo 163.- Ningún habitante del Estado será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no, prohíbe.
Artículo 164.- Es de interés y del derecho de todos los miembros
del Estado el ser juzgados por Jueces los más independientes e
imparciales que sea dado a la condición de las cosas humanas. El Cuerpo
legislativo cuidará de preparar y poner en planta el establecimiento del
juicio por jurados en cuanta lo permitan las circunstancias.
Artículo 165.- Queda absolutamente prohibido todo juicio por comisión.
Artículo 166.- Todo ciudadano debe estar seguro contra las
requisiciones arbitrarias y apoderamiento injusto de sus papeles y
correspondencias. La ley determinará en qué casos y con qué
justificación pueda procederse a ocuparlos.
Artículo 167.- Ningún individuo podrá ser arrestado sin que
preceda al menos declaración contra él de un testigo idóneo o sin
indicios vehementes de crimen que merezca pena corporal, cuyos motivos
se harán constar en proceso informativo dentro de tres días perentorios.
En el caso de haber impedimento, el Juez pondrá constancia de él,
quedando responsable de toda omisión por su parte.
Artículo 168.- Cualquier individuo sorprendido in fraganti puede
ser arrestado, y todos pueden arrestarlo y conducirle a la presencia del
Magistrado con arreglo al artículo anterior.
Artículo 169.- Para el arresto de un individuo fuera del caso de
delito in fraganti debe preceder un mandamiento firmado por el
Magistrado, a quien la ley conceda esta facultad, que exprese el motivo
de este arresto, que debe notificársele en el acto de la prisión y del
cual se le debe dar copia si la pidiere.
Artículo 170.- Las cárceles sólo deben servir para la seguridad y
no para castigo de los reos. Toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exige será corregida
según las leyes.
Artículo 171.- Ningún habitante del Estado puede ser penado ni confinado sin que preceda juicio y sentencia legal.
Artículo 172.- La casa de todo habitante del Estado es un
sagrado, que no puede violarse sin crimen, y sólo podrá allanarse en
caso de resistencia a la autoridad legítima.
Artículo 173.- Esta diligencia se hará con la moderación debida
personalmente por el mismo Juez. En caso que algún urgente motivo se lo
impida, dará al delegado orden por escrito con las especificaciones
convenientes y se dejará copia de ella al individuo que fuese
aprehendido, y al dueño de la casa si lo pidiere.
Artículo 174.- Las anteriores disposiciones relativas a la
seguridad individual no podrán suspenderse sino en el caso de inminente
peligro de que se comprometa la tranquilidad pública o la seguridad de
la patria, a juicio y por disposición especial del Congreso.
Artículo 175.- Siendo la propiedad un derecho sagrado e
inviolable, los habitantes del Estado no pueden ser privados de ella ni
gravados en sus facultades, sino en los casos establecidos por la ley.
Artículo 176.- Cuando el interés del Estado exija que la
propiedad de algún individuo particular sea destinada a usos públicos
bajo las formalidades de la ley, el propietario recibirá por ella una
justa compensación.
Artículo 177.- Queda prohibida la pena de confiscación de bienes.
Artículo 178.- Ninguno será obligado a prestar auxilios de
cualquier clase para los ejércitos ni a franquear su casa para
alojamiento de un cuerpo o individuo militar sino de orden del
Magistrado civil, según la ley. El perjuicio que en este caso se infiera
al propietario será indemnizaciones competentemente por el Estado.
Artículo 179.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho
para elevar sus quejas y ser oídos hasta de las primeras autoridades del
país.
Artículo 180.- A ningún hombre o corporación se concederán
ventajas, distinciones o privilegios exclusivos sino los que sean
concedidos a la virtud o los talentos, y no siendo éstos transmisibles a
los descendientes se prohíbe conceder título alguno de nobleza.
Artículo 181.- Se ratifica la ley de libertad de vientres y las
que prohíben el tráfico de esclavos y su introducción al país, bajo
cualquier pretexto.
Sección IX. De la reforma de la Constitución
Artículo
182.- En ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo será admitida una
moción para la reforma de uno o más artículos de la presente
Constitución sin que sea apoyada por la cuarta parte de los miembros
concurrentes.
Artículo 183.- Siempre que la moción obtenga dicha calidad,
discutida en la forma ordinaria, serán necesarias las dos terceras
partes de votos en cada una de las salas para sancionarse que el
Artículo o los Artículos en cuestión exigen reforma.
Artículo 184.- Esta resolución se comunicará al Poder Ejecutivo
para que exponga su opinión fundada y con ella la devuelva a la sala
donde tuvo su origen.
Artículo 185.- Si él disiente, reconsiderada la materia en ambas
Cámaras, será necesaria la concurrencia de tres cuartas partes al menos
de cada una de ellas para sancionar la necesidad de la reforma, y tanto
en este caso como en el de consentir el Poder Ejecutivo, se procederá
inmediatamente a verificarla con el número de sufragios prescrito en el
Artículo 183.
Artículo 186.- Verificada la reforma pasará al Poder Ejecutivo
para su publicación o para que exponga los reparos que encontrare. En
caso de devolverla, aún con reparos, tres cuartas partes de sufragios en
cada sala harán su última sanción.
Sección última. De la aceptación y observancia de esta Constitución
Artículo
187.- Esta Constitución será presentada al examen y libre aceptación de
la capital y provincias por el órgano de las Juntas que en ellas
existen de presente o que se formen al efecto.
Artículo 188.- La aceptación de las dos terceras partes de las
provincias, inclusa la capital, será suficiente para que se ponga en
práctica entre ellas, conservando relaciones de buena inteligencia con
las que retarden su consentimiento.
Artículo 189.- Si las provincias quisiesen resignarse en el
Juicio del Congreso constituyente, él procederá a aceptarla a nombre de
ellas por una declaración especial.
Artículo 190.- En este caso o en el del Artículo anterior se
expedirán inmediatamente las órdenes para la formación de ambas Cámaras e
instalación de la primera legislatura y para que esta Constitución sea
jurada solemnemente en todo el territorio del Estado.
Artículo 191.- Todo el que atentare o prestare medios para
atentar contra la presente Constitución después de aceptada será
castigado hasta con la pena de muerte, según la gravedad del crimen.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso General Constituyente, en Buenos Aires, a 24 de diciembre de 1826.
Diputados por la Capital: José María Rojas. Presidente – Manuel
Antonio Castro – Juan José Passo – Pedro Somellera – Joaquín Belgrano
-Ildefonso Ramos Mexía – Valentín San Martín – Juan Alagón – Cornelio
Zelaya – Miguel Riglos.
Por el territorio desmembrado de la Capital: Mariano Andrade – Diego
Estanislao Zavaleta – Valentín Gómez – Manuel Bonifacio Gallardo – Alejo
Castex – José Luis Bustamante – Francisco Piñeyro – Manuel de Arroyo y
Pinedo.
Por la Provincia de Córdoba: Eduardo Pérez Bulnes – Elías Bedoya –
Mariano Lozano – Salvador Maldonado – Miguel Villanueva – José Eugenio
del Portillo.
Por la de Corrientes: Francisco Acosta – Pedro Cavia y Caviedes – Francisco Igarzábal – Pedro Feliciano Cavia – José Ocantos.
Por la de Catamarca: Inocencio González – Miguel Díaz de la Peña – Nicolás de Avellaneda y Tula – José Antonio Barros.
Por la de Entre Rios: Evaristo Carriegos – Casiano Calderón – Cipriano Urquiza – Enrique Núñez.
Por la de Mendoza: Pedro Nolasco Videla – Juan de Bargas – José Cabero – Manuel Corbalan.
Por la de Misiones: Manuel Pinto – Vicente Ignacio Martínez.
Por la de Montevideo: Manuel Moreno – Mateo Vidal – Silvestre Blanco – Cayetano Campana.
Por la de La Rioja: Santiago Vázquez – Eusebio Gregorio Ruzo
Por la de Salta y Jujuy: Juan Ignacio de Gorriti – Francisco Remigio Castellanos – José Arenales – Alejandro Heredia – José Miguel Zegada – Manuel de Tezanos Pinto.
Por la de Santiago del Estero: Félix Ignacio Frías – Vicente Mena –
Manuel Dorrego – Antonio María Taboada – José Francisco Ugarteche – Juan
Antonio Neirot.
Por la de Santa Fe: Francisco de la Torre – Pedro Pablo Vidail.
Por la de San Juan: Narciso Laprida.
Por la de San Luis: Dalmacio Vélez – Calixto González – Santiago Funes.
Por la de Tucumán: José Ignacio Garmendia – Gerónimo Helguera – José Antonio Medina – Juan Bautista Paz.
Por la de Tarija: José Felipe Echazú.
Secretarios: Alejo Villegas – Juan C. Varela.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso General Constituyente, en Buenos Aires, a 24 de diciembre de 1826.
